Ciudad de México.- Fue un tenso encuentro que terminó con un intercambio de propuestas y sin la firma de acuerdos concretos.
La primera mesa de diálogo entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la representación del gobierno federal para resolver el conflicto que se vive en la casa de estudios desde hace seis semanas concluyó con el compromiso de ambas partes de seguir dialogando y analizar los planteamientos de la contraparte para resolverlos en la próxima sesión, que se realizará el jueves 6 de noviembre a las 13 horas.
Fueron casi cuatro horas de discusión en el auditorio Alejo Peralta de Zacatenco, donde los comisionados nombrados por la Asamblea General Politécnica (AGP) exigieron que el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, designe a quien se hará cargo de la dirección general del instituto –tal como lo marca la ley orgánica del IPN– a fin de que "pueda firmar los acuerdos concernientes a sus funciones", y advirtieron que todas las conclusiones del diálogo serán "preacuerdos" que deberán ser aprobados por las asambleas locales de cada escuela.
En contraparte, la representación gubernamental insistió en que 7 de los 10 puntos del pliego petitorio de los politécnicos "han recibido respuesta favorable" de la administración federal.
Los temas y mecánica de este primer acercamiento se fijaron en la mesa previa al diálogo, en la cual los funcionarios federales intentaron, sin éxito, que el punto del regreso a clases se incorporara en la primera mesa de discusión. Los comisionados politécnicos para el diálogo lo rechazaron con el argumento de que el regreso a las actividades se concretará una vez que tengan garantía por escrito de que sus demandas serán cumplidas. Ese fue el primer desencuentro entre ambas partes, pues la propuesta de los jóvenes es que ese punto sea el último de la agenda del diálogo.
Los tres puntos que se tocaron en la primera mesa formal de discusiones fueron las condicionantes de los politécnicos para sentarse a dialogar: la garantía de que no habrá represalias contra ninguno de los participantes en el movimiento estudiantil en particular y de la comunidad en general; no a la incorporación de las escuelas de nivel medio superior del IPN al Sistema Nacional de Bachillerato ni a la Reforma Integral de la Educación Media Superior, y el reconocimiento oficial del carácter resolutivo del Congreso Nacional Politécnico.
Los emisarios del gobierno federal les pidieron un voto de confianza e incluso el subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano Migallón, enlistó los siete puntos del pliego petitorio que a su parecer han sido cumplidos. Para dar argumentos de su desconfianza, los representantes de la AGP leyeron un pronunciamiento político en el que aludieron a dos casos en los que el actual titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, "comprometió su palabra" como funcionario público y "no dio cumplimiento", cuando fue titular de la Secretaría de Gobernación. El primero referente al incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráizar y el segundo por la matanza de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997.
El primer tema abordado fue la garantía de que no habrá represalias. Los politécnicos insistieron en que se responsabilice al titular del Ejecutivo Federal de cualquier daño que pudieran sufrir quienes se han movilizado en el IPN.
El gobierno manifestó su "absoluto rechazo a las represalias o a coartar el legítimo derecho de expresión". Ante la exigencia de los jóvenes de que se firmara un documento, los emisarios federales indicaron que no podían hacerlo en ese momento, por lo que no se dio acuerdo.
En el tema referente a la adhesión de los bachilleratos politécnicos a la RIEMS y al SNB, los estudiantes insistieron en que se dé garantía de que no habrá tal incorporación. En respuesta, Rubén Lara León, coordinador general de Delegaciones de la SEP, aseguró que no existe ninguna adhesión de este tipo, pues ésta es de carácter voluntario, no obligatorio. De hecho, los funcionarios propusieron firmar en ese momento un acuerdo planteado por los estudiantes para garantizarlo.
Sin embargo, para los jóvenes es necesario el nombramiento de un director general del IPN, pues a él corresponde esa firma. Posteriormente pidieron un receso para levantarse de la mesa cinco minutos y discutir el punto, pues argumentaron que no pueden decidir hasta que las asambleas locales así lo dispongan.
Esto provocó que el subsecretario de Educación Superior dijera: "Ustedes nos pidieron que viniéramos funcionarios con capacidad de decisión, lo que hemos hecho, y estamos dispuestos a suscribir los acuerdos, (pero) ustedes vienen sin capacidad de decisión".
En el último punto, referente al Congreso Nacional Politécnico, los estudiantes demandan que se reconozca el carácter resolutivo del congreso. Los funcionarios señalaron que el gobierno recibe con simpatía la propuesta.
El desacuerdo vino cuando los politécnicos pidieron que se garantice que el Congreso de la Unión respetará las decisiones emanadas de este encuentro en caso de que impliquen modificaciones a la Ley Orgánica del instituto. Los funcionarios evitaron comprometerse y dijeron que se trata de un "Poder soberano" e invitaron a convocar, primero, a una comisión que se encargue de organizar el CNP y luego a buscar los acuerdos políticos.
Con el tiempo encima, ya que el auditorio tenía que entregarse a las 22 horas, ambas partes leyeron sus respectivas propuestas sobre los dos primeros temas para que sean resueltas con "planteamientos concretos" en la siguiente sesión.
La primera mesa de diálogo entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la representación del gobierno federal para resolver el conflicto que se vive en la casa de estudios desde hace seis semanas concluyó con el compromiso de ambas partes de seguir dialogando y analizar los planteamientos de la contraparte para resolverlos en la próxima sesión, que se realizará el jueves 6 de noviembre a las 13 horas.
Fueron casi cuatro horas de discusión en el auditorio Alejo Peralta de Zacatenco, donde los comisionados nombrados por la Asamblea General Politécnica (AGP) exigieron que el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, designe a quien se hará cargo de la dirección general del instituto –tal como lo marca la ley orgánica del IPN– a fin de que "pueda firmar los acuerdos concernientes a sus funciones", y advirtieron que todas las conclusiones del diálogo serán "preacuerdos" que deberán ser aprobados por las asambleas locales de cada escuela.
En contraparte, la representación gubernamental insistió en que 7 de los 10 puntos del pliego petitorio de los politécnicos "han recibido respuesta favorable" de la administración federal.
Los temas y mecánica de este primer acercamiento se fijaron en la mesa previa al diálogo, en la cual los funcionarios federales intentaron, sin éxito, que el punto del regreso a clases se incorporara en la primera mesa de discusión. Los comisionados politécnicos para el diálogo lo rechazaron con el argumento de que el regreso a las actividades se concretará una vez que tengan garantía por escrito de que sus demandas serán cumplidas. Ese fue el primer desencuentro entre ambas partes, pues la propuesta de los jóvenes es que ese punto sea el último de la agenda del diálogo.
Los tres puntos que se tocaron en la primera mesa formal de discusiones fueron las condicionantes de los politécnicos para sentarse a dialogar: la garantía de que no habrá represalias contra ninguno de los participantes en el movimiento estudiantil en particular y de la comunidad en general; no a la incorporación de las escuelas de nivel medio superior del IPN al Sistema Nacional de Bachillerato ni a la Reforma Integral de la Educación Media Superior, y el reconocimiento oficial del carácter resolutivo del Congreso Nacional Politécnico.
Los emisarios del gobierno federal les pidieron un voto de confianza e incluso el subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano Migallón, enlistó los siete puntos del pliego petitorio que a su parecer han sido cumplidos. Para dar argumentos de su desconfianza, los representantes de la AGP leyeron un pronunciamiento político en el que aludieron a dos casos en los que el actual titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, "comprometió su palabra" como funcionario público y "no dio cumplimiento", cuando fue titular de la Secretaría de Gobernación. El primero referente al incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráizar y el segundo por la matanza de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997.
El primer tema abordado fue la garantía de que no habrá represalias. Los politécnicos insistieron en que se responsabilice al titular del Ejecutivo Federal de cualquier daño que pudieran sufrir quienes se han movilizado en el IPN.
El gobierno manifestó su "absoluto rechazo a las represalias o a coartar el legítimo derecho de expresión". Ante la exigencia de los jóvenes de que se firmara un documento, los emisarios federales indicaron que no podían hacerlo en ese momento, por lo que no se dio acuerdo.
En el tema referente a la adhesión de los bachilleratos politécnicos a la RIEMS y al SNB, los estudiantes insistieron en que se dé garantía de que no habrá tal incorporación. En respuesta, Rubén Lara León, coordinador general de Delegaciones de la SEP, aseguró que no existe ninguna adhesión de este tipo, pues ésta es de carácter voluntario, no obligatorio. De hecho, los funcionarios propusieron firmar en ese momento un acuerdo planteado por los estudiantes para garantizarlo.
Sin embargo, para los jóvenes es necesario el nombramiento de un director general del IPN, pues a él corresponde esa firma. Posteriormente pidieron un receso para levantarse de la mesa cinco minutos y discutir el punto, pues argumentaron que no pueden decidir hasta que las asambleas locales así lo dispongan.
Esto provocó que el subsecretario de Educación Superior dijera: "Ustedes nos pidieron que viniéramos funcionarios con capacidad de decisión, lo que hemos hecho, y estamos dispuestos a suscribir los acuerdos, (pero) ustedes vienen sin capacidad de decisión".
En el último punto, referente al Congreso Nacional Politécnico, los estudiantes demandan que se reconozca el carácter resolutivo del congreso. Los funcionarios señalaron que el gobierno recibe con simpatía la propuesta.
El desacuerdo vino cuando los politécnicos pidieron que se garantice que el Congreso de la Unión respetará las decisiones emanadas de este encuentro en caso de que impliquen modificaciones a la Ley Orgánica del instituto. Los funcionarios evitaron comprometerse y dijeron que se trata de un "Poder soberano" e invitaron a convocar, primero, a una comisión que se encargue de organizar el CNP y luego a buscar los acuerdos políticos.
Con el tiempo encima, ya que el auditorio tenía que entregarse a las 22 horas, ambas partes leyeron sus respectivas propuestas sobre los dos primeros temas para que sean resueltas con "planteamientos concretos" en la siguiente sesión.
La Jornada
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