Ciudad de México.- Con el escepticismo de la oposición en torno a que la reforma se quede en un mero cambio de nombre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ley que transformará la Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía General de la República.
El dictamen, remitido al Senado para sus efectos constitucionales, sumó 370 votos en favor, 43 en contra y seis abstenciones, y contiene la legislación secundaria que regula la estructura y las atribuciones de la Fiscalía y del Ministerio Público de la Federación.
Pese a los cuestionamientos por parte del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, se destacó la importancia de establecer un órgano autónomo.
Así lo hizo, en la presentación de la iniciativa, el presidente de la Comisión de Justicia, Ricardo Pacheco, del PRI, quien confió en que con los ajustes se le encarga a la Fiscalía “la organización del Ministerio Público, la cual ha sido determinada como un órgano constitucional autónomo, con cargo a un fiscal general”. El legislador priista confió en que esto “permitirá independencia y objetividad en las actividades que realicen respecto de la investigación y persecución de los delitos, logrando con ello contribuir a la modernización de las instituciones que procuran e imparten justicia en nuestro país.”
Desde la izquierda, la diputada del PRD Alfa González Magallanes cuestionó la pretensión de que en la futura Fiscalía sea designado el actual procurador general de la República.
Ni siquiera ha sido capaz de aportar los elementos suficientes para que María de los Ángeles Pineda esté en un penal de máxima seguridad en vez de arraigada, y sin certeza de que será encarcelada, pese a su participación en la desaparición de los 43 normalistas”, señaló en referencia a la esposa del exalcalde de Iguala José Luis Abarca.
En tanto, la diputada del Partido del Trabajo Lilia Aguilar Gil, consideró que la primera señal para probar si el cambio es de fondo la dará la designación de un fiscal auténticamente autónomo del poder presidencial.
En el dictamen, se plantea que la principal función del Ministerio Público de la Federación, investigar y perseguir los delitos a través del ejercicio de la acción penal en representación de la sociedad, se verá fortalecida “al dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República, ya que para ejercer dicha función de manera más eficiente no debe estar subordinada a otro poder u órgano”.
Además de ser autónoma, contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, la Fiscalía será la institución responsable de concretar el sistema de justicia procesal acusatorio que se aprobó en 2008, y estará integrada por las fiscalías especializadas en materia de Combate a la Corrupción y de Delitos Electorales, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el fiscal general, con posibilidad a ser objetados por el Senado.
El fiscal podrá ser removido por el Presidente de la República cuando, por ejemplo, cometa violaciones graves a la Constitución o por incapacidad total y permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses.
Este cambio de denominación de procuraduría a fiscalía es una receta que ya se ha hecho en varios estados, cambiar el nombre de procurador a fiscal, como si con ello robusteciera su independencia; muy al estilo anglosajón. La realidad es que en varios estados del país han vuelto a ponerle el nombre de procuraduría”, criticó el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja.
Diputados del PRI, PAN y Verde destacaron que el fiscal estará facultado para solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones y proveedores de servicios la localización en tiempo real de teléfonos celulares.
El dictamen, remitido al Senado para sus efectos constitucionales, sumó 370 votos en favor, 43 en contra y seis abstenciones, y contiene la legislación secundaria que regula la estructura y las atribuciones de la Fiscalía y del Ministerio Público de la Federación.
Pese a los cuestionamientos por parte del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, se destacó la importancia de establecer un órgano autónomo.
Así lo hizo, en la presentación de la iniciativa, el presidente de la Comisión de Justicia, Ricardo Pacheco, del PRI, quien confió en que con los ajustes se le encarga a la Fiscalía “la organización del Ministerio Público, la cual ha sido determinada como un órgano constitucional autónomo, con cargo a un fiscal general”. El legislador priista confió en que esto “permitirá independencia y objetividad en las actividades que realicen respecto de la investigación y persecución de los delitos, logrando con ello contribuir a la modernización de las instituciones que procuran e imparten justicia en nuestro país.”
Desde la izquierda, la diputada del PRD Alfa González Magallanes cuestionó la pretensión de que en la futura Fiscalía sea designado el actual procurador general de la República.
Ni siquiera ha sido capaz de aportar los elementos suficientes para que María de los Ángeles Pineda esté en un penal de máxima seguridad en vez de arraigada, y sin certeza de que será encarcelada, pese a su participación en la desaparición de los 43 normalistas”, señaló en referencia a la esposa del exalcalde de Iguala José Luis Abarca.
En tanto, la diputada del Partido del Trabajo Lilia Aguilar Gil, consideró que la primera señal para probar si el cambio es de fondo la dará la designación de un fiscal auténticamente autónomo del poder presidencial.
En el dictamen, se plantea que la principal función del Ministerio Público de la Federación, investigar y perseguir los delitos a través del ejercicio de la acción penal en representación de la sociedad, se verá fortalecida “al dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República, ya que para ejercer dicha función de manera más eficiente no debe estar subordinada a otro poder u órgano”.
Además de ser autónoma, contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, la Fiscalía será la institución responsable de concretar el sistema de justicia procesal acusatorio que se aprobó en 2008, y estará integrada por las fiscalías especializadas en materia de Combate a la Corrupción y de Delitos Electorales, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el fiscal general, con posibilidad a ser objetados por el Senado.
El fiscal podrá ser removido por el Presidente de la República cuando, por ejemplo, cometa violaciones graves a la Constitución o por incapacidad total y permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses.
Este cambio de denominación de procuraduría a fiscalía es una receta que ya se ha hecho en varios estados, cambiar el nombre de procurador a fiscal, como si con ello robusteciera su independencia; muy al estilo anglosajón. La realidad es que en varios estados del país han vuelto a ponerle el nombre de procuraduría”, criticó el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja.
Diputados del PRI, PAN y Verde destacaron que el fiscal estará facultado para solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones y proveedores de servicios la localización en tiempo real de teléfonos celulares.
Excelsior
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