Toluca, Méx.- La Legislatura mexiquense debe conocer, decidir, etiquetar y fiscalizar los dos mil 320 millones de pesos que el Gobierno del Estado de México pretende ahorrar con el recorte salarial de sus funcionarios de primer nivel y ajuste de su gasto corriente, a fin de garantizar que con ellos se satisfagan verdaderas necesidades ciudadanas y solucionen problemas sociales.
Destacó el diputado Octavio Martínez, prosecretario de la Comisión de Planeación y Gasto Público, quien celebró la medida, pero no descartó que el anuncio sea meramente “electorero”, por lo que advirtió que su bancada se mantendrá vigilante de que los recortes comprometidos se cumplan.
Dijo que en caso de encontrar que sólo se trató de un anuncio hueco con la única pretensión de captar votos en la víspera de la contienda electoral, se promoverán las denuncias a que haya lugar ante las instancias correspondientes.
Al no encontrarse perfectamente determinado el uso de los recursos ahorrados, indicó, incluso podrían emplearse en costear campañas electorales para potenciar los resultados en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el proceso de renovación de ayuntamientos, diputados locales y federales en marcha.
El legislador destacó que el anuncio realizado, en pleno proceso electoral, por el gobernador Eruviel Ávila para disminuir las percepciones de funcionarios de primer nivel, es una réplica del plan de austeridad anunciado en octubre 2008 por el entonces gobernador Enrique Peña, “coincidentemente” también previo al proceso electoral de 2009.
Y en caso de ser un anuncio de buena fe, Martínez Vargas destacó que, para que no se quede en mera oferta demagógica, debe incluir la desaparición de la nómina confidencial, en la que generalmente se incluyen bonos y gratificaciones, y ampliarse a otros conceptos onerosos y frívolos.
Por estas razones, insistió en que el sol azteca se mantendrá atento de la manera en que estos recursos se apliquen y, de encontrar elementos, promoverá las denuncias correspondientes.
Destacó el diputado Octavio Martínez, prosecretario de la Comisión de Planeación y Gasto Público, quien celebró la medida, pero no descartó que el anuncio sea meramente “electorero”, por lo que advirtió que su bancada se mantendrá vigilante de que los recortes comprometidos se cumplan.
Dijo que en caso de encontrar que sólo se trató de un anuncio hueco con la única pretensión de captar votos en la víspera de la contienda electoral, se promoverán las denuncias a que haya lugar ante las instancias correspondientes.
Al no encontrarse perfectamente determinado el uso de los recursos ahorrados, indicó, incluso podrían emplearse en costear campañas electorales para potenciar los resultados en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el proceso de renovación de ayuntamientos, diputados locales y federales en marcha.
El legislador destacó que el anuncio realizado, en pleno proceso electoral, por el gobernador Eruviel Ávila para disminuir las percepciones de funcionarios de primer nivel, es una réplica del plan de austeridad anunciado en octubre 2008 por el entonces gobernador Enrique Peña, “coincidentemente” también previo al proceso electoral de 2009.
Y en caso de ser un anuncio de buena fe, Martínez Vargas destacó que, para que no se quede en mera oferta demagógica, debe incluir la desaparición de la nómina confidencial, en la que generalmente se incluyen bonos y gratificaciones, y ampliarse a otros conceptos onerosos y frívolos.
Por estas razones, insistió en que el sol azteca se mantendrá atento de la manera en que estos recursos se apliquen y, de encontrar elementos, promoverá las denuncias correspondientes.
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