Estado de México.- El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, debe resolver el conflicto del agua en este municipio porque hay más de 50 mil habitantes afectados por la falta del suministro, ya que presuntamente un grupo de priistas y policías municipales se apoderaron del pozo del centro. Dicha petición fue hecha por el senador de la República, Alejandro Encinas Rodríguez, quien estableció que el conflicto se debe apegar a derecho.
Integrantes del Frente 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales, la Administración de Agua Potable de Coyotepec y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, denunciaron que un grupo de choque priista y policías municipales equipados con armas de alto poder, tomaron el pozo del centro de la administración autónoma del agua en este municipio. El legislador señaló que este conflicto tiene antecedentes importantes, los cuales han provocado que miembros del grupo defensor del agua estén considerados en el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Asimismo, mencionó que este conflicto se deriva del interés de grandes empresas y autoridades locales que pretenden llevar el agua de Coyotepec a Huehuetoca, municipio vecino, para dar sustentabilidad al proyecto de las inmobiliarias para construir 70 mil viviendas. Encinas Rodríguez, calificó de criminal la sobreexplotación del acuífero Cuautitlán-Pachuca para estos fines. Para el senador por el Estado de México, uno de los principales obstáculos para atender los conflictos derivados del manejo del agua, es la corrupción y opacidad con la que operan las autoridades, ya que contrario al interés por proteger los derechos humanos, entre ellos el derecho humano al agua, ha permitido que con el uso de la fuerza se tomen los tres pozos que corresponden a la Administración de Agua Potable de Coyotepec (Aapcoy) que opera a través del sistema de usos y costumbres.
Este conflicto, dijo, se ha tornado complejo ya que ante la falta de sensibilidad y responsabilidad de las autoridades en todos sus órdenes, el 19 de enero de este año, según información del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, un grupo de personas afines al alcalde Alfredo Anguiano Fuentes tomaron las oficinas de la Aapcoy, la cual, actualmente, es un sistema ciudadano y autónomo. Lo anterior, con la intención de que las personas que defienden y representan a dicho sistema, aceptaran finalmente entregar la administración del vital líquido al municipio; es decir, municipalizar el servicio de agua potable.
Quadratin
Integrantes del Frente 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales, la Administración de Agua Potable de Coyotepec y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, denunciaron que un grupo de choque priista y policías municipales equipados con armas de alto poder, tomaron el pozo del centro de la administración autónoma del agua en este municipio. El legislador señaló que este conflicto tiene antecedentes importantes, los cuales han provocado que miembros del grupo defensor del agua estén considerados en el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Asimismo, mencionó que este conflicto se deriva del interés de grandes empresas y autoridades locales que pretenden llevar el agua de Coyotepec a Huehuetoca, municipio vecino, para dar sustentabilidad al proyecto de las inmobiliarias para construir 70 mil viviendas. Encinas Rodríguez, calificó de criminal la sobreexplotación del acuífero Cuautitlán-Pachuca para estos fines. Para el senador por el Estado de México, uno de los principales obstáculos para atender los conflictos derivados del manejo del agua, es la corrupción y opacidad con la que operan las autoridades, ya que contrario al interés por proteger los derechos humanos, entre ellos el derecho humano al agua, ha permitido que con el uso de la fuerza se tomen los tres pozos que corresponden a la Administración de Agua Potable de Coyotepec (Aapcoy) que opera a través del sistema de usos y costumbres.
Este conflicto, dijo, se ha tornado complejo ya que ante la falta de sensibilidad y responsabilidad de las autoridades en todos sus órdenes, el 19 de enero de este año, según información del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, un grupo de personas afines al alcalde Alfredo Anguiano Fuentes tomaron las oficinas de la Aapcoy, la cual, actualmente, es un sistema ciudadano y autónomo. Lo anterior, con la intención de que las personas que defienden y representan a dicho sistema, aceptaran finalmente entregar la administración del vital líquido al municipio; es decir, municipalizar el servicio de agua potable.
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