Ciudad de México.- Además de una mala planeación y fallas técnicas, la situación de la Línea 12 del Metro se complica todavía más.
Un total de 203 ejidatarios solicitarán a la Cámara de Diputados y a las autoridades correspondientes demoler cerca de 1.8 kilómetros del tramo elevado de la Línea Dorada, comprendido entre las estaciones Culhuacán y San Andrés Tomatlán, por falta de pago de las expropiaciones, equivalente a 25 millones de pesos.
Ernesto Fernández, quien funge como asesor del grupo de campesinos, explicó que en el 2008, cuando en ese entonces Marcelo Ebrard era el jefe de Gobierno, se establecieron mesas de trabajo para que pagaran las indemnizaciones.
Ya para el 12 de septiembre del 2012, el gobierno capitalino autorizó el pago de 25 millones de pesos al Ejido Culhuacán, por la ocupación de sus tierras.
Dicho documento fue firmado por el entonces director del Metro, Francisco Bojórquez, y la Secretaría de Finanzas, bajo el oficio C 10 PD ME 116 85; el pacto era otorgar los recursos a más tardar el 10 de noviembre del 2012, sin embargo, esto no se realizó.
Luego de 106 reuniones con el gobierno capitalino, el gobierno federal, a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) le solicitaron a la administración capitalina -por medio de los oficios REMDF- 326/2014 y 1489/DDF- hacer el respectivo pago de las indemnizaciones.
En otro de los documentos, expuso, se precisa que los recursos fueron traspasados a la Secretaría de Finanzas, en ese entonces encabezada por Mario Delgado, pero dicho dinero nunca fue repartido a los ejidatarios.
“Hay 25 millones de pesos que se les deberían de pagar al Ejido Culhuacán por la ocupación de sus tierras. Sí se hizo el traspaso, pero nunca se pagó. ¿Dónde está ese dinero? Eso forma parte de la grosa que trae la Cámara de Diputados con los recursos aplicados”, indicó Fernández.
Ya la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) reconoció, a través del oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1424/2014, con fecha del 2 de diciembre del 2014, que no contaba con antecedentes del pago de la expropiación.
Por ello, el perímetro sigue siendo propiedad privada, por lo que los ejidatarios están en su derecho de solicitar la demolición del tramo para que sus tierras le sean devueltas, expuso Ernesto Fernández.
Cuando llegó Miguel Ángel Mancera a la Jefatura de Gobierno, los ejidatarios volvieron a realizar el papeleo para que les entregaran la suma, pero tampoco fue así.
“(Hoy) nos vamos a entrevistar con Mario Antonio Calzada, presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Ejercicio de los Recursos Federales de la Línea 12, para pedir la demolición del tramo y hacer la ocupación nosotros”, precisó.
En caso de que la Cámara de Diputados apruebe que les sean devueltas las tierras a los ejidatarios, el tramo de Culhuacán a San Andrés Tomatlán, es decir, un total de 1.8 kilómetros, sería demolido.
Un total de 203 ejidatarios solicitarán a la Cámara de Diputados y a las autoridades correspondientes demoler cerca de 1.8 kilómetros del tramo elevado de la Línea Dorada, comprendido entre las estaciones Culhuacán y San Andrés Tomatlán, por falta de pago de las expropiaciones, equivalente a 25 millones de pesos.
Ernesto Fernández, quien funge como asesor del grupo de campesinos, explicó que en el 2008, cuando en ese entonces Marcelo Ebrard era el jefe de Gobierno, se establecieron mesas de trabajo para que pagaran las indemnizaciones.
Ya para el 12 de septiembre del 2012, el gobierno capitalino autorizó el pago de 25 millones de pesos al Ejido Culhuacán, por la ocupación de sus tierras.
Dicho documento fue firmado por el entonces director del Metro, Francisco Bojórquez, y la Secretaría de Finanzas, bajo el oficio C 10 PD ME 116 85; el pacto era otorgar los recursos a más tardar el 10 de noviembre del 2012, sin embargo, esto no se realizó.
Luego de 106 reuniones con el gobierno capitalino, el gobierno federal, a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) le solicitaron a la administración capitalina -por medio de los oficios REMDF- 326/2014 y 1489/DDF- hacer el respectivo pago de las indemnizaciones.
En otro de los documentos, expuso, se precisa que los recursos fueron traspasados a la Secretaría de Finanzas, en ese entonces encabezada por Mario Delgado, pero dicho dinero nunca fue repartido a los ejidatarios.
“Hay 25 millones de pesos que se les deberían de pagar al Ejido Culhuacán por la ocupación de sus tierras. Sí se hizo el traspaso, pero nunca se pagó. ¿Dónde está ese dinero? Eso forma parte de la grosa que trae la Cámara de Diputados con los recursos aplicados”, indicó Fernández.
Ya la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) reconoció, a través del oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1424/2014, con fecha del 2 de diciembre del 2014, que no contaba con antecedentes del pago de la expropiación.
Por ello, el perímetro sigue siendo propiedad privada, por lo que los ejidatarios están en su derecho de solicitar la demolición del tramo para que sus tierras le sean devueltas, expuso Ernesto Fernández.
Cuando llegó Miguel Ángel Mancera a la Jefatura de Gobierno, los ejidatarios volvieron a realizar el papeleo para que les entregaran la suma, pero tampoco fue así.
“(Hoy) nos vamos a entrevistar con Mario Antonio Calzada, presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Ejercicio de los Recursos Federales de la Línea 12, para pedir la demolición del tramo y hacer la ocupación nosotros”, precisó.
En caso de que la Cámara de Diputados apruebe que les sean devueltas las tierras a los ejidatarios, el tramo de Culhuacán a San Andrés Tomatlán, es decir, un total de 1.8 kilómetros, sería demolido.
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