Ciudad de México.- La nueva Ley General de Aguas beneficiará a grandes consorcios y empresas trasnacionales de la talla de Coca Cola o Nestlé, entre otras empresas embotelladoras de agua para su consumo en diversas presentaciones, afirmaron legisladores de oposición conforme avanzan en el análisis de la legislación que aprobará la Cámara de Diputados.
Consideraron que la legislación secundaria propuesta por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), avalada por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) parece hecha sólo para dar certeza jurídica a las empresas que tienen concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento del agua.
“Son las grandes trasnacionales como Coca Cola o Nestlé entre otras, por citar a las más evidentes, las cuales obtienen ganancias millonarias por las concesiones que han ganado”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en entrevista para SinEmbargo.
“Son empresas como Coca Cola y también otra es Grupo Monterrey, en general”, concordó la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a este diario digital, a reserva de profundizar en el texto que se someterá a consideración del pleno este martes 10 de marzo.
Al respecto, la Diputada perredista Aleida Alavez Ruiz detalló que la nueva Ley General de Aguas es una legislación con una redacción “tramposa”, porque por un lado afirma que defiende el derecho humano al agua, pero por el otro fomenta una visión mercantil del líquido al imponer tarifas prácticamente a todo su consumo y elimina los subsidios que apoyan la economía de miles de familias.
Agregó que la legislación “privilegia las concesiones”. Explicó que en la redacción de la Ley prácticamente tienen el mismo sentido los conceptos ‘asignaciones’ y ‘concesiones’, y esto implica que se privilegiará la apertura al sector privado en las diferentes áreas de distribución y operación el agua.
“Y eso lo vemos con mucha alerta porque empresas que puedan pagar las concesiones para explotar pozos de manera ilimitada para extraer agua de esos pozos y después ponerlos a la venta en presentaciones distintas de bebidas, es ver el agua más como una mercancía que como un bien público o un derecho humano”, detalló la también vicepresidenta de la Mesa Directiva.
Los legisladores de oposición indicaron que empresas embotelladoras tienen millonarias concesiones que les permiten explotar aguas nacionales para vender el mismo líquido en productos embotellados, refrescos, jugos, agua mineral y bebidas adicionadas con cafeína.
Sin embargo, coincidieron que en lugar de avanzar hacia una regulación más eficiente, la nueva ley flexibiliza diversas normas, entre ellas la temporalidad de las concesiones.
“De por sí ellos hacen una explotación del agua y un uso comercial de la misma, y tendrían que pagar por ello. Pero aquí no se establecer reglas claras para el uso del agua para consumo humano”, indicó la Diputada Alavez Ruiz.
Según el propio documento que se pondrá a consideración del pleno de los diputados el próximo martes, en el Título Sexto de la nueva ley “prácticamente se reproducen las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales al señalar las reglas para su otorgamiento, prórroga, transmisiones, derechos y obligaciones de los concesionarios, suspensión, extinción y revocación de los títulos de concesión”.
Consideraron que la legislación secundaria propuesta por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), avalada por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) parece hecha sólo para dar certeza jurídica a las empresas que tienen concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento del agua.
“Son las grandes trasnacionales como Coca Cola o Nestlé entre otras, por citar a las más evidentes, las cuales obtienen ganancias millonarias por las concesiones que han ganado”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en entrevista para SinEmbargo.
“Son empresas como Coca Cola y también otra es Grupo Monterrey, en general”, concordó la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a este diario digital, a reserva de profundizar en el texto que se someterá a consideración del pleno este martes 10 de marzo.
Al respecto, la Diputada perredista Aleida Alavez Ruiz detalló que la nueva Ley General de Aguas es una legislación con una redacción “tramposa”, porque por un lado afirma que defiende el derecho humano al agua, pero por el otro fomenta una visión mercantil del líquido al imponer tarifas prácticamente a todo su consumo y elimina los subsidios que apoyan la economía de miles de familias.
Agregó que la legislación “privilegia las concesiones”. Explicó que en la redacción de la Ley prácticamente tienen el mismo sentido los conceptos ‘asignaciones’ y ‘concesiones’, y esto implica que se privilegiará la apertura al sector privado en las diferentes áreas de distribución y operación el agua.
“Y eso lo vemos con mucha alerta porque empresas que puedan pagar las concesiones para explotar pozos de manera ilimitada para extraer agua de esos pozos y después ponerlos a la venta en presentaciones distintas de bebidas, es ver el agua más como una mercancía que como un bien público o un derecho humano”, detalló la también vicepresidenta de la Mesa Directiva.
Los legisladores de oposición indicaron que empresas embotelladoras tienen millonarias concesiones que les permiten explotar aguas nacionales para vender el mismo líquido en productos embotellados, refrescos, jugos, agua mineral y bebidas adicionadas con cafeína.
Sin embargo, coincidieron que en lugar de avanzar hacia una regulación más eficiente, la nueva ley flexibiliza diversas normas, entre ellas la temporalidad de las concesiones.
“De por sí ellos hacen una explotación del agua y un uso comercial de la misma, y tendrían que pagar por ello. Pero aquí no se establecer reglas claras para el uso del agua para consumo humano”, indicó la Diputada Alavez Ruiz.
Según el propio documento que se pondrá a consideración del pleno de los diputados el próximo martes, en el Título Sexto de la nueva ley “prácticamente se reproducen las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales al señalar las reglas para su otorgamiento, prórroga, transmisiones, derechos y obligaciones de los concesionarios, suspensión, extinción y revocación de los títulos de concesión”.
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