Ciudad de México.- La diputada Merilyn Gómez Pozos (Movimiento Ciudadano) impulsa una iniciativa para reformar el Código Civil Federal, a fin de que los integrantes de una familia donde existan conductas de violencia hacia los menores, tengan la obligación de denunciar estos abusos ante la autoridad correspondiente, en espera de justicia.
Señaló que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México se ubica en el sexto lugar en América Latina en el número de homicidios de menores. En los últimos 25 años murieron asesinados diariamente dos niños o adolescentes, menores de 14 años, precisó.
La legisladora, secretaria de la Mesa Directiva, comentó que la Unicef advierte que entre 55 y 62 por ciento de los niños en México ha sufrido maltrato en algún momento de su vida; 10.1 por ciento, ha padecido algún tipo de agresión física; 5.5 por ciento, violencia de índole sexual y, 16.6 por ciento, violencia emocional.
A través de una iniciativa, Gómez Pozos mencionó que de acuerdo con especialistas, durante los últimos años México ha enfrentado un incremento de la violencia infantil, y “no hay pruebas de que esas tasas estén disminuyendo”.
Las agresiones contra los niños, agregó, “aumenta cuando son pequeños, pues son más vulnerables a ser lastimados, aún si la violencia es emocional”.
La diputada refirió que el año pasado se dieron a conocer diversos casos en los que menores de edad fueron víctimas de maltratos en su hogar; ejemplificó el de un niño de 5 años brutalmente golpeado por su padrastro y que llegó al hospital con estallamiento de vísceras, moretones y quemaduras en todo el cuerpo.
Otro caso se dio en las redes sociales, donde un infante aparecía en fotografías amarrado de pies y manos a la herrería de una ventana en Xalapa, Veracruz; de acuerdo con los vecinos, la madre del menor lo amarraba bajo el consentimiento del papá.
La legisladora enfatizó que ambos casos tienen algo en común: “al tratarse de seres indefensos e incapacitados para denunciar los abusos a los que eran sometidos, su sufrimiento no podía ser conocido por las autoridades para auxiliarlos y castigar a los victimarios”.
Por ello, estimó necesario reformar el artículo 323 del Código Civil Federal para que los integrantes de la familia donde ocurra violencia estén obligados a denunciar los abusos, con el fin de que los menores sean objetos de justicia y no sufran en el anonimato semejantes violaciones a sus derechos.
Señaló que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México se ubica en el sexto lugar en América Latina en el número de homicidios de menores. En los últimos 25 años murieron asesinados diariamente dos niños o adolescentes, menores de 14 años, precisó.
La legisladora, secretaria de la Mesa Directiva, comentó que la Unicef advierte que entre 55 y 62 por ciento de los niños en México ha sufrido maltrato en algún momento de su vida; 10.1 por ciento, ha padecido algún tipo de agresión física; 5.5 por ciento, violencia de índole sexual y, 16.6 por ciento, violencia emocional.
A través de una iniciativa, Gómez Pozos mencionó que de acuerdo con especialistas, durante los últimos años México ha enfrentado un incremento de la violencia infantil, y “no hay pruebas de que esas tasas estén disminuyendo”.
Las agresiones contra los niños, agregó, “aumenta cuando son pequeños, pues son más vulnerables a ser lastimados, aún si la violencia es emocional”.
La diputada refirió que el año pasado se dieron a conocer diversos casos en los que menores de edad fueron víctimas de maltratos en su hogar; ejemplificó el de un niño de 5 años brutalmente golpeado por su padrastro y que llegó al hospital con estallamiento de vísceras, moretones y quemaduras en todo el cuerpo.
Otro caso se dio en las redes sociales, donde un infante aparecía en fotografías amarrado de pies y manos a la herrería de una ventana en Xalapa, Veracruz; de acuerdo con los vecinos, la madre del menor lo amarraba bajo el consentimiento del papá.
La legisladora enfatizó que ambos casos tienen algo en común: “al tratarse de seres indefensos e incapacitados para denunciar los abusos a los que eran sometidos, su sufrimiento no podía ser conocido por las autoridades para auxiliarlos y castigar a los victimarios”.
Por ello, estimó necesario reformar el artículo 323 del Código Civil Federal para que los integrantes de la familia donde ocurra violencia estén obligados a denunciar los abusos, con el fin de que los menores sean objetos de justicia y no sufran en el anonimato semejantes violaciones a sus derechos.
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