Ciudad de México.- El gobierno del Distrito Federal encabezado por Miguel Ángel Mancera incumple una vez más su palabra y demuestra que no desea asumir su papel como autoridad para hacer valer las leyes de la capital mexicana, sino convertirse en parte de los grupos de poder económico al asumirse nuevamente como protector de empresas transnacionales como Uber y Cabify, al utilizar instituciones del Estado como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con el único objetivo de regular lo ilegal trasgrediendo la propia ley.
Para los Taxistas Organizados de la Ciudad de México lo que hace el Jefe de Gobierno, al utilizar a los órganos del Estado como es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presidida por Perla Gómez Gallardo, para tratar de imponer una ilegalidad por encima de las leyes de la Ciudad de México, es peligroso para una sociedad democrática porque manda signos de un gobierno autoritario al que no le importan las leyes que debe respetar y hacer respetar.
Es de suma importancia señalar que la norma es muy clara. Por lo tanto, si Miguel Ángel Mancera tiene un interés particular para la entrada en operación de Uber y Cabify, primero debe aplicar la ley y evitar que sigan operando porque hoy por hoy es un servicio ilegal y, posteriormente, realizar las consultas y/o proponer las normas para su operación. Caso contrario, sólo gana tiempo para que llegue la siguiente legislatura y lo meta a ley, además de evitar una sanción por incumplir la ley.
En un intento por desacreditar nuestras observaciones, el pasado lunes la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que debería ser “un organismo público autónomo”, emitió un boletín fuera de lugar donde advierte que “las actividades de las empresas que utilizan tecnología se otorga bajo modalidades diferentes a las ofrecidas por el servicio público de transporte concesionado taxi, por lo tanto no podría aplicársele la misma regulación”.
Los voceros de TOCDMX, Daniel Medina e Ignacio Rodríguez, señalaron que en el caso de la CDHDF, debe ser un órgano que defienda los derechos humanos de los ciudadanos frente a las acciones ilegales que realice el gobierno, pero lo que hoy hace es dar perfectamente cabida a la percepción generalizada de los ciudadanos de que más que defender a los ciudadanos, defiende a los delincuentes, además de desconocer la Ley de Movilidad que es muy clara.
En un comunicado respecto del boletín de prensa 142/2015 d, al que hoy hacemos referencia y que se titula: “CDHDF OBSERVA DIÁLOGO DE GOBIERNO CON CONCESIONARIOS DE TAXIS Y EMPRESAS COMO UBER Y CABIFY”, destaca la existencia de un expediente de “queja” en el cual se plantea un “hecho presuntamente violatorio de derechos humanos” ante la falta de intervención de la autoridad respecto de la prestación del servicio de transporte público tipo Taxi sin que cuente con la concesión respectiva, mismo que se encuentra en investigación y documentación.
El comunicado que contiene una serie de “apreciaciones”, que además de ser falsas y equivocas, se emite en total contravención de las disposiciones legales que rigen su actuar de acuerdo al artículo 5° de la Ley de la CDHDF, por lo que las opiniones mostradas en dicho boletín, sólo se pueden entender como un acto más de complicidad que lejos de buscar que las autoridades capitalinas apliquen la ley, se emite para pretender legitimar una actividad que se considera ilícita por la Leyes Mexicanas, como lo hacen diariamente Uber y Cabify”, según el comunicado emitido por el área legal que asesora a los taxista y que se anexa al presente boletín.
A nombre de los miles de Taxistas Organizados de la Ciudad de México, Ignacio Rodríguez y Daniel Medina, voceros del gremio cuestionan nuevamente la credibilidad de un gobierno que maquilla a través de instancias como el Laboratorio de la Ciudad, la COFECE y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el actuar ilegal de Uber y Cabify que de acuerdo a la Ley de Movilidad del DF, los servicios que ofrecen son ilegales y constituyen un delito en tanto no se aplique ninguna modificación a la misma, violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al no proteger las garantías que de esta emanan.
Para los Taxistas Organizados de la Ciudad de México lo que hace el Jefe de Gobierno, al utilizar a los órganos del Estado como es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presidida por Perla Gómez Gallardo, para tratar de imponer una ilegalidad por encima de las leyes de la Ciudad de México, es peligroso para una sociedad democrática porque manda signos de un gobierno autoritario al que no le importan las leyes que debe respetar y hacer respetar.
Es de suma importancia señalar que la norma es muy clara. Por lo tanto, si Miguel Ángel Mancera tiene un interés particular para la entrada en operación de Uber y Cabify, primero debe aplicar la ley y evitar que sigan operando porque hoy por hoy es un servicio ilegal y, posteriormente, realizar las consultas y/o proponer las normas para su operación. Caso contrario, sólo gana tiempo para que llegue la siguiente legislatura y lo meta a ley, además de evitar una sanción por incumplir la ley.
En un intento por desacreditar nuestras observaciones, el pasado lunes la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que debería ser “un organismo público autónomo”, emitió un boletín fuera de lugar donde advierte que “las actividades de las empresas que utilizan tecnología se otorga bajo modalidades diferentes a las ofrecidas por el servicio público de transporte concesionado taxi, por lo tanto no podría aplicársele la misma regulación”.
Los voceros de TOCDMX, Daniel Medina e Ignacio Rodríguez, señalaron que en el caso de la CDHDF, debe ser un órgano que defienda los derechos humanos de los ciudadanos frente a las acciones ilegales que realice el gobierno, pero lo que hoy hace es dar perfectamente cabida a la percepción generalizada de los ciudadanos de que más que defender a los ciudadanos, defiende a los delincuentes, además de desconocer la Ley de Movilidad que es muy clara.
En un comunicado respecto del boletín de prensa 142/2015 d, al que hoy hacemos referencia y que se titula: “CDHDF OBSERVA DIÁLOGO DE GOBIERNO CON CONCESIONARIOS DE TAXIS Y EMPRESAS COMO UBER Y CABIFY”, destaca la existencia de un expediente de “queja” en el cual se plantea un “hecho presuntamente violatorio de derechos humanos” ante la falta de intervención de la autoridad respecto de la prestación del servicio de transporte público tipo Taxi sin que cuente con la concesión respectiva, mismo que se encuentra en investigación y documentación.
El comunicado que contiene una serie de “apreciaciones”, que además de ser falsas y equivocas, se emite en total contravención de las disposiciones legales que rigen su actuar de acuerdo al artículo 5° de la Ley de la CDHDF, por lo que las opiniones mostradas en dicho boletín, sólo se pueden entender como un acto más de complicidad que lejos de buscar que las autoridades capitalinas apliquen la ley, se emite para pretender legitimar una actividad que se considera ilícita por la Leyes Mexicanas, como lo hacen diariamente Uber y Cabify”, según el comunicado emitido por el área legal que asesora a los taxista y que se anexa al presente boletín.
A nombre de los miles de Taxistas Organizados de la Ciudad de México, Ignacio Rodríguez y Daniel Medina, voceros del gremio cuestionan nuevamente la credibilidad de un gobierno que maquilla a través de instancias como el Laboratorio de la Ciudad, la COFECE y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el actuar ilegal de Uber y Cabify que de acuerdo a la Ley de Movilidad del DF, los servicios que ofrecen son ilegales y constituyen un delito en tanto no se aplique ninguna modificación a la misma, violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al no proteger las garantías que de esta emanan.
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