Estado de México.- La declaratoria de alerta de violencia de género (AVG) para 11 municipios del Estado de México confirmó la opacidad con que se maneja el gobierno de Eruviel Ávila, aunque la acción significa un reconocimiento ineludible de la realidad feminicida en la entidad, consideró la coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), María de la Luz Estrada.
En entrevista momentos después de que el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, anunciara la decisión tomada por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), Estrada sostuvo que hoy en día el gobierno de Eruviel “no entrega datos claros de cuántos asesinatos de mujeres ha habido en su gobierno, olvídate de feminicidios, han estado jugando con una cifra de 200 como si fuera todo lo registrado, y eso es falso”.
Promotora junto con otras organizaciones de que se declarara la AVG en el Estado de México desde diciembre de 2010, la activista recordó que en 2013 la Procuraduría mexiquense informó al ONCF que entre 2011 y 2013 se registraron 840 asesinatos dolosos, “sin contar no dolosos o suicidios, si no la cifra sería mayor”.
Los “vacíos de información, la falta del contexto claro en que se dan los feminicidios y las desapariciones de mujeres en el Estado de México, y la ausencia de datos que ubiquen los distintos modus operandi”, fueron algunos de los elementos que las integrantes del SNPASEVM tomaron en cuenta para votar a favor de la AVG, explicó María de la Luz Estrada, partícipe de la reunión encabezada por Campa Cifrián.
También dijo que en la exposición de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz, ésta reconoció como “grave” la violencia contra las mujeres en la entidad de la que fue funcionaria durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se desempeñó, en 2007 como vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.
“Lorena reconoció que la alta incidencia de violencia contra las mujeres se ha corroborado desde el 2005, y que se ha agudizado con Eruviel, y dijo que cuando ella estuvo en el Consejo Estatal (2007-2011) no comprendían bien el sentido de la solicitud de AVG, y que ahora advertía que tienen que haber medidas de carácter urgente por la gravedad”.
Estrada resaltó que desde finales de 2010 el ONCF identificó los 11 municipios de urgente atención antes de que Ávila Villegas declarara algo semejante en días pasados.
“Son municipios considerados focos rojos, donde hay una violencia comunitaria, es decir, no están siendo las mujeres agredidas en un contexto de violencia intrafamiliar, sino que es la cadena de impunidad lo que está favoreciendo esta situación”, apunta.
La activista destaca que hasta ahora el Observatorio ha contabilizado en la entidad mil 700 homicidios, casos en los que “los asesinatos han venido siendo más crueles, desde estrangulamiento hasta asfixia, pues ya ni siquiera se utilizan armas de fuego; las víctimas aparecen descuartizadas, y además hoy está el tema de desaparición, donde es claro que si no buscan a las mujeres antes de 72 horas, podría derivar en feminicidio o trata”.
Aun cuando la AVG se decretó sólo en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco, “las recomendaciones generales son para todo el estado, aunque se necesita tener un diagnóstico, un registro para todos los 125 municipios, pero donde son urgentes las medidas de contención es en los 11 municipios donde se está concentrando la violencia feminicida, desde asesinatos hasta desapariciones y violencia sexual”.
Tras señalar que el informe sobre la situación de violencia de género lo conoció su organización hasta este día, Estrada criticó que “las recomendaciones son muy generales, en el sentido de debida diligencia de las investigaciones, se reconoce un patrón de impunidad, que el protocolo Alba no opera de inmediato, y sugiere que se castigue a los responsables institucionales por las acciones, obstrucciones y omisión de justicia, sin embargo, no se dice cómo hacerlo”.
La defensora también lamentó que por el momento no exista un marco legal que permita sancionar penalmente a funcionarios responsables de omisiones en investigaciones sobre feminicidios y desapariciones de mujeres, por lo que consideró prioritario modificar el actual marco legal.
“Le hemos informado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, esa inquietud, va a estar escrito en la declaratoria, pero si no cambia la legislación, difícilmente va a haber sanción para los servidores públicos que han incurrido en omisiones o en acciones que han generado una cadena de impunidad, permitiendo con ello que la delincuencia común y organizada opere y que eso ponga en riesgo la vida de las personas, específicamente de las mujeres”, sentenció.
En entrevista momentos después de que el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, anunciara la decisión tomada por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), Estrada sostuvo que hoy en día el gobierno de Eruviel “no entrega datos claros de cuántos asesinatos de mujeres ha habido en su gobierno, olvídate de feminicidios, han estado jugando con una cifra de 200 como si fuera todo lo registrado, y eso es falso”.
Promotora junto con otras organizaciones de que se declarara la AVG en el Estado de México desde diciembre de 2010, la activista recordó que en 2013 la Procuraduría mexiquense informó al ONCF que entre 2011 y 2013 se registraron 840 asesinatos dolosos, “sin contar no dolosos o suicidios, si no la cifra sería mayor”.
Los “vacíos de información, la falta del contexto claro en que se dan los feminicidios y las desapariciones de mujeres en el Estado de México, y la ausencia de datos que ubiquen los distintos modus operandi”, fueron algunos de los elementos que las integrantes del SNPASEVM tomaron en cuenta para votar a favor de la AVG, explicó María de la Luz Estrada, partícipe de la reunión encabezada por Campa Cifrián.
También dijo que en la exposición de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz, ésta reconoció como “grave” la violencia contra las mujeres en la entidad de la que fue funcionaria durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se desempeñó, en 2007 como vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.
“Lorena reconoció que la alta incidencia de violencia contra las mujeres se ha corroborado desde el 2005, y que se ha agudizado con Eruviel, y dijo que cuando ella estuvo en el Consejo Estatal (2007-2011) no comprendían bien el sentido de la solicitud de AVG, y que ahora advertía que tienen que haber medidas de carácter urgente por la gravedad”.
Estrada resaltó que desde finales de 2010 el ONCF identificó los 11 municipios de urgente atención antes de que Ávila Villegas declarara algo semejante en días pasados.
“Son municipios considerados focos rojos, donde hay una violencia comunitaria, es decir, no están siendo las mujeres agredidas en un contexto de violencia intrafamiliar, sino que es la cadena de impunidad lo que está favoreciendo esta situación”, apunta.
La activista destaca que hasta ahora el Observatorio ha contabilizado en la entidad mil 700 homicidios, casos en los que “los asesinatos han venido siendo más crueles, desde estrangulamiento hasta asfixia, pues ya ni siquiera se utilizan armas de fuego; las víctimas aparecen descuartizadas, y además hoy está el tema de desaparición, donde es claro que si no buscan a las mujeres antes de 72 horas, podría derivar en feminicidio o trata”.
Aun cuando la AVG se decretó sólo en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco, “las recomendaciones generales son para todo el estado, aunque se necesita tener un diagnóstico, un registro para todos los 125 municipios, pero donde son urgentes las medidas de contención es en los 11 municipios donde se está concentrando la violencia feminicida, desde asesinatos hasta desapariciones y violencia sexual”.
Tras señalar que el informe sobre la situación de violencia de género lo conoció su organización hasta este día, Estrada criticó que “las recomendaciones son muy generales, en el sentido de debida diligencia de las investigaciones, se reconoce un patrón de impunidad, que el protocolo Alba no opera de inmediato, y sugiere que se castigue a los responsables institucionales por las acciones, obstrucciones y omisión de justicia, sin embargo, no se dice cómo hacerlo”.
La defensora también lamentó que por el momento no exista un marco legal que permita sancionar penalmente a funcionarios responsables de omisiones en investigaciones sobre feminicidios y desapariciones de mujeres, por lo que consideró prioritario modificar el actual marco legal.
“Le hemos informado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, esa inquietud, va a estar escrito en la declaratoria, pero si no cambia la legislación, difícilmente va a haber sanción para los servidores públicos que han incurrido en omisiones o en acciones que han generado una cadena de impunidad, permitiendo con ello que la delincuencia común y organizada opere y que eso ponga en riesgo la vida de las personas, específicamente de las mujeres”, sentenció.
Proceso
No hay comentarios.:
Publicar un comentario