Estado de México.- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez A.C aseguró que la liberación de cuatro militares involucrados en los hechos de Tlatlaya muestra que la PGR y el poder judicial de la federación no han garantizado el acceso a la justicia de las víctimas y no exonera al ejército de su responsabilidad en la masacre.
Mediante un comunicado emitido tras el anuncio de la liberación de cuatro implicados en los hechos ocurridos en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, en que 22 personas fallecieron, el Centro de Derechos Humanos aseguró que en la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial Federal podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente.
Agregó que a pesar de que los cuatro militares fueron exonerados de toda responsabilidad en la masacre, recordó que tres elementos del Ejército Mexicano siguen procesados por homicidio, es decir, por una violación grave a los derechos humanos como es la ejecución arbitraria. En otras palabras, el Ejército no ha sido exonerado.
Este Centro de Derechos Humanos presentó el 2 de julio del año en curso, un informe en el que se dio a conocer la existencia de una orden militar inconstitucional propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos que ordenaba a los castrenses abatir a civiles en horas de oscuridad, las respuestas de las autoridades federales han sido insuficientes, por decir lo menos. La PGR se negó a investigar la cadena de mando, sin mayor fundamentación que su sola negativa; decisión que actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse.
A más de un año de la masacre, recordó que la CNDH, el órgano constitucionalmente facultado para determinar la violación de derechos humanos, resolvió en la Recomendación 51/2014 que entre 12 a 15 personas fueron arbitrariamente privadas de la vida, en un contexto distinto al de un enfrentamiento; resolviendo además la violación a otros derechos como a la verdad, al acceso a la justicia y a la integridad personal respecto de las sobrevivientes.
El comunicado finaliza diciendo que “en suma, la justicia y la verdad frente al caso Tlatlaya continúan pendientes, sin que la reciente resolución ponga fin al juzgamiento de estas graves violaciones a derechos humanos. No obstante, dicha resolución alerta sobre la posibilidad de que el caso quede impune, en la medida en que persista la negativa a reconocer a las víctimas y sus derechos”.
Mediante un comunicado emitido tras el anuncio de la liberación de cuatro implicados en los hechos ocurridos en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, en que 22 personas fallecieron, el Centro de Derechos Humanos aseguró que en la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial Federal podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente.
Agregó que a pesar de que los cuatro militares fueron exonerados de toda responsabilidad en la masacre, recordó que tres elementos del Ejército Mexicano siguen procesados por homicidio, es decir, por una violación grave a los derechos humanos como es la ejecución arbitraria. En otras palabras, el Ejército no ha sido exonerado.
Este Centro de Derechos Humanos presentó el 2 de julio del año en curso, un informe en el que se dio a conocer la existencia de una orden militar inconstitucional propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos que ordenaba a los castrenses abatir a civiles en horas de oscuridad, las respuestas de las autoridades federales han sido insuficientes, por decir lo menos. La PGR se negó a investigar la cadena de mando, sin mayor fundamentación que su sola negativa; decisión que actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse.
A más de un año de la masacre, recordó que la CNDH, el órgano constitucionalmente facultado para determinar la violación de derechos humanos, resolvió en la Recomendación 51/2014 que entre 12 a 15 personas fueron arbitrariamente privadas de la vida, en un contexto distinto al de un enfrentamiento; resolviendo además la violación a otros derechos como a la verdad, al acceso a la justicia y a la integridad personal respecto de las sobrevivientes.
El comunicado finaliza diciendo que “en suma, la justicia y la verdad frente al caso Tlatlaya continúan pendientes, sin que la reciente resolución ponga fin al juzgamiento de estas graves violaciones a derechos humanos. No obstante, dicha resolución alerta sobre la posibilidad de que el caso quede impune, en la medida en que persista la negativa a reconocer a las víctimas y sus derechos”.
Alfa Diario
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