Ciudad de México.- A casi dos años de haber lanzado una campaña global para pedir la erradicación de la tortura y otros malos tratos en México, Amnistía Internacional (AI)asegura que esos delitos aún perduran y, lo peor, agentes estatales encargados de hacer cumplir la ley y mantener la seguridad los utilizan de forma habitual para extraer “confesiones”, fabricar cargos y causar sufrimiento a ciudadanos y ciudadanas.
En un informe titulado “Promesas en el papel, impunidad diaria: La epidemia de tortura en México continúa”, AI destaca que los médicos oficiales –tanto los que examinan a los detenidos después de su arresto, como los expertos que llevan a cabo exámenes forenses más profundos– son fundamentales para detectar casos de tortura y otros malos tratos como prueba sustancial para la investigación de estas prácticas.
No obstante, añade, los médicos a menudo no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido, lo que permite que esos casos queden en la impunidad.
Según AI, pese a que el Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato que aplican los médicos y psicólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) está basado en normas internacionales como el Protocolo de Estambul de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la práctica su aplicación sufre fuertes demoras y adolece de claras deficiencias.
“De forma habitual, (los expertos de la PGR) no llevan a cabo los exámenes de acuerdo con las normas internacionales y hacen caso omiso de señales de tortura y malos tratos, además de, en ocasiones, dar muestras de parcialidad y encubrir a sus colegas”, precisa el reporte.
Las víctimas, añade, han tenido que esperar incluso años después de su denuncia para que se les aplique el Dictamen Especializado, impidiendo que las investigaciones avancen.
“Resulta especialmente inquietante ver cómo, en ocasiones, el Dictamen Especializado de la PGR parece funcionar como un instrumento de impunidad, ya que demora indefinidamente las investigaciones y bloquea la posibilidad de dictar condena”, se lee en el informe.
“Dada la clara falta de capacidad de la PGR para responder adecuadamente a la demanda de exámenes forenses, resulta preocupante que los marcos jurídicos y las directrices” de la dependencia “sigan obstaculizando el acceso de las víctimas a expertos médicos y psicológicos independientes”, apunta.
De hecho, añade, el Dictamen Especializado de la PGR fue actualizado recientemente el 5 de octubre de 2015, sin embargo, la nueva norma no ha modificado muchas de las cuestiones básicas destacadas anteriormente por Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos.
De acuerdo con AI, sobre el papel México muestra un amplio compromiso de prevenir y castigar la tortura. Sin embargo, esto no se ha traducido aún en unas medidas efectivas para proteger a las personas frente a la tortura y castigar a los responsables.
“El gobierno no ha demostrado que la tortura y otros malos tratos se estén abordando adecuadamente para garantizar su erradicación. Cuando se decidió centrar la campaña global de Amnistía Internacional en México, fue precisamente porque se consideraba que México era un país con recursos suficientes a su disposición para implementar metas alcanzables con el fin de hacer frente de manera efectiva a la tortura y los malos tratos. El gobierno, hasta el momento, no ha reconocido la magnitud del desafío, y tampoco ha emprendido de verdad las acciones necesarias para poner fin a este problema crucial de derechos humanos”.
El informe resalta que mediante una petición de información pública a la que respondió en junio de 2015, la PGR declaró que el número de denuncias de tortura presentadas a nivel federal se había más que duplicado entre 2013 y 2014: de mil 165 a 2 mil 403. “Esto supone un incremento espectacular en los casos de tortura denunciados a la PGR desde 2006”, subraya AI.
Agrega: “En una reunión mantenida en agosto de 2015, la PGR informó a Amnistía Internacional que habían pendientes más de mil 600 solicitudes de Dictamen Especializado, entre ellas algunas que contenían grupos de hasta 40 denuncias individuales de tortura”.
Señala que de acuerdo con las entrevistas realizadas con las autoridades federales, la PGR empezó a revisar y mejorar las bases de datos oficiales sobre denuncias de tortura en febrero de 2014; no obstante, en la información que ha registrado sigue habiendo incoherencias.
“Resulta preocupante que las autoridades federales no sean capaces de explicar por qué motivo se han duplicado las denuncias de tortura; pese a que el número de investigaciones también ha aumentado, ese aumento no ha dado lugar a un incremento del número de cargos presentados o condenas dictadas”.
Además, puntualiza, las autoridades federales tampoco han hecho un seguimiento de la información vital sobre la incidencia de la tortura y otros malos tratos, lo cual mina seriamente la capacidad del gobierno de responder de manera adecuada.
“La falta de seguimiento y control respecto a las denuncias de tortura suscita serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para reunir pruebas suficientes con las que lograr una condena”, apunta el informe.
La organización también cuestiona la clasificación en que están divididas las lesiones de detenidos en México: no muestra señales de lesión, lesiones que no son graves y sanarán en menos de 15 días, y lesiones que ponen en riesgo la vida y tardarán más de 15 de días en sanar.
Esto pese a que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura no vincula a la tortura con un nivel determinado de gravedad en las lesiones.
“Estas clasificaciones no captan en toda su extensión los daños causados a las víctimas, que con frecuencia son sometidas a métodos que pueden no dejar lesiones visibles, como la asfixia, las descargas eléctricas y la tortura psicológica”, refiere el informe.
“Con el fin de abordar adecuadamente el encubrimiento de la tortura y los malos tratos en México, es necesario definir por ley que la tortura no se limita a actos que causan únicamente lesiones físicas graves, conforme establecen el derecho y las normas internacionales”, subraya.
AI resalta que además de lo deficiente de los exámenes forenses médicos y psicológicos, es habitual que las autoridades mexicanas no recopilen pruebas ni testimonios adicionales para investigar las denuncias de tortura y malos tratos.
“Pese a la importancia de esos exámenes, Amnistía Internacional insiste en que no deben ser considerados como la única prueba posible para demostrar la existencia de tortura y otros malos tratos.
En las conclusiones del informe, AI señala que las promesas en el papel no bastan para revertir la marea de la impunidad en México. No obstante, reconoce la importante oportunidad que los debates en torno a la Ley General contra la Tortura brindan para empezar a abordar cuestiones estructurales que permiten que la tortura y los malos tratos sigan siendo una práctica generalizada en México.
Si se elabora y aprueba una ley en consulta con la sociedad civil y las víctimas de tortura, y si esa ley después se aplica con mecanismos rigurosos de vigilancia, existe cierta esperanza de que pueda ayudar a hacer frente a la tortura en México. Pero si no cuenta con una concepción y un seguimiento adecuados, la ley corre el riesgo de seguir siendo una buena intención más sobre el papel, sin resultados demostrables, concluye.
En un informe titulado “Promesas en el papel, impunidad diaria: La epidemia de tortura en México continúa”, AI destaca que los médicos oficiales –tanto los que examinan a los detenidos después de su arresto, como los expertos que llevan a cabo exámenes forenses más profundos– son fundamentales para detectar casos de tortura y otros malos tratos como prueba sustancial para la investigación de estas prácticas.
No obstante, añade, los médicos a menudo no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido, lo que permite que esos casos queden en la impunidad.
Según AI, pese a que el Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato que aplican los médicos y psicólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) está basado en normas internacionales como el Protocolo de Estambul de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la práctica su aplicación sufre fuertes demoras y adolece de claras deficiencias.
“De forma habitual, (los expertos de la PGR) no llevan a cabo los exámenes de acuerdo con las normas internacionales y hacen caso omiso de señales de tortura y malos tratos, además de, en ocasiones, dar muestras de parcialidad y encubrir a sus colegas”, precisa el reporte.
Las víctimas, añade, han tenido que esperar incluso años después de su denuncia para que se les aplique el Dictamen Especializado, impidiendo que las investigaciones avancen.
“Resulta especialmente inquietante ver cómo, en ocasiones, el Dictamen Especializado de la PGR parece funcionar como un instrumento de impunidad, ya que demora indefinidamente las investigaciones y bloquea la posibilidad de dictar condena”, se lee en el informe.
“Dada la clara falta de capacidad de la PGR para responder adecuadamente a la demanda de exámenes forenses, resulta preocupante que los marcos jurídicos y las directrices” de la dependencia “sigan obstaculizando el acceso de las víctimas a expertos médicos y psicológicos independientes”, apunta.
De hecho, añade, el Dictamen Especializado de la PGR fue actualizado recientemente el 5 de octubre de 2015, sin embargo, la nueva norma no ha modificado muchas de las cuestiones básicas destacadas anteriormente por Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos.
De acuerdo con AI, sobre el papel México muestra un amplio compromiso de prevenir y castigar la tortura. Sin embargo, esto no se ha traducido aún en unas medidas efectivas para proteger a las personas frente a la tortura y castigar a los responsables.
“El gobierno no ha demostrado que la tortura y otros malos tratos se estén abordando adecuadamente para garantizar su erradicación. Cuando se decidió centrar la campaña global de Amnistía Internacional en México, fue precisamente porque se consideraba que México era un país con recursos suficientes a su disposición para implementar metas alcanzables con el fin de hacer frente de manera efectiva a la tortura y los malos tratos. El gobierno, hasta el momento, no ha reconocido la magnitud del desafío, y tampoco ha emprendido de verdad las acciones necesarias para poner fin a este problema crucial de derechos humanos”.
El informe resalta que mediante una petición de información pública a la que respondió en junio de 2015, la PGR declaró que el número de denuncias de tortura presentadas a nivel federal se había más que duplicado entre 2013 y 2014: de mil 165 a 2 mil 403. “Esto supone un incremento espectacular en los casos de tortura denunciados a la PGR desde 2006”, subraya AI.
Agrega: “En una reunión mantenida en agosto de 2015, la PGR informó a Amnistía Internacional que habían pendientes más de mil 600 solicitudes de Dictamen Especializado, entre ellas algunas que contenían grupos de hasta 40 denuncias individuales de tortura”.
Señala que de acuerdo con las entrevistas realizadas con las autoridades federales, la PGR empezó a revisar y mejorar las bases de datos oficiales sobre denuncias de tortura en febrero de 2014; no obstante, en la información que ha registrado sigue habiendo incoherencias.
“Resulta preocupante que las autoridades federales no sean capaces de explicar por qué motivo se han duplicado las denuncias de tortura; pese a que el número de investigaciones también ha aumentado, ese aumento no ha dado lugar a un incremento del número de cargos presentados o condenas dictadas”.
Además, puntualiza, las autoridades federales tampoco han hecho un seguimiento de la información vital sobre la incidencia de la tortura y otros malos tratos, lo cual mina seriamente la capacidad del gobierno de responder de manera adecuada.
“La falta de seguimiento y control respecto a las denuncias de tortura suscita serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para reunir pruebas suficientes con las que lograr una condena”, apunta el informe.
La organización también cuestiona la clasificación en que están divididas las lesiones de detenidos en México: no muestra señales de lesión, lesiones que no son graves y sanarán en menos de 15 días, y lesiones que ponen en riesgo la vida y tardarán más de 15 de días en sanar.
Esto pese a que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura no vincula a la tortura con un nivel determinado de gravedad en las lesiones.
“Estas clasificaciones no captan en toda su extensión los daños causados a las víctimas, que con frecuencia son sometidas a métodos que pueden no dejar lesiones visibles, como la asfixia, las descargas eléctricas y la tortura psicológica”, refiere el informe.
“Con el fin de abordar adecuadamente el encubrimiento de la tortura y los malos tratos en México, es necesario definir por ley que la tortura no se limita a actos que causan únicamente lesiones físicas graves, conforme establecen el derecho y las normas internacionales”, subraya.
AI resalta que además de lo deficiente de los exámenes forenses médicos y psicológicos, es habitual que las autoridades mexicanas no recopilen pruebas ni testimonios adicionales para investigar las denuncias de tortura y malos tratos.
“Pese a la importancia de esos exámenes, Amnistía Internacional insiste en que no deben ser considerados como la única prueba posible para demostrar la existencia de tortura y otros malos tratos.
En las conclusiones del informe, AI señala que las promesas en el papel no bastan para revertir la marea de la impunidad en México. No obstante, reconoce la importante oportunidad que los debates en torno a la Ley General contra la Tortura brindan para empezar a abordar cuestiones estructurales que permiten que la tortura y los malos tratos sigan siendo una práctica generalizada en México.
Si se elabora y aprueba una ley en consulta con la sociedad civil y las víctimas de tortura, y si esa ley después se aplica con mecanismos rigurosos de vigilancia, existe cierta esperanza de que pueda ayudar a hacer frente a la tortura en México. Pero si no cuenta con una concepción y un seguimiento adecuados, la ley corre el riesgo de seguir siendo una buena intención más sobre el papel, sin resultados demostrables, concluye.
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