Estado de México.- Agentes del Ministerio Público retardaron y obstaculizaron la identificación de los policías municipales de Metepec que dispararon contra Ángel Martín Gutiérrez Sebastián y le provocaron inmovilidad permanente, aseguró la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
El organismo emitió la Recomendación 030 para la Procuraduría General de Justicia local (PGJEM) tras estimar “que existe responsabilidad administrativa por parte de diversos agentes del Ministerio Público (MP) que conocieron del trámite de esta carpeta de investigación”.
Los hechos ocurrieron durante la administración municipal de Carolina Monroy, prima del presidente Enrique Peña.
Baruch Delgado, titular de la Codhem, indicó que “de acuerdo con las investigaciones que realizamos, no se realizaron las diligencias debidas de manera inmediata para identificar a los responsables de accionar las armas que ocasionaron esta afectación a la integridad física de Ángel”.
Por eso, prosiguió, la actuación de esos ministerios públicos debe ser revisada por el órgano de control interno de la PGJEM y por la Inspección General de los Cuerpos de Seguridad Pública en el estado (Igecem).
La Recomendación ordena también la revisión de protocolos de actuación cuando se causan daños por armas de fuego accionadas por elementos de seguridad pública del estado o de los municipios.
La PGJEM, aseguró, ya aceptó la recomendación para que se investigue a los ministerios públicos involucrados.
Para el Ayuntamiento de Metepec, la Codhem precisó que los afectados se encuentran en pláticas conciliatorias con personal de la administración municipal para establecer los términos de atención de los puntos recomendatorios.
El afectado Ángel Martín adelantó a Apro que el ayuntamiento le ha ofertado una indemnización equivalente a mil 95 días de salario mínimo vigente en la capital de la entidad, que se traducen en alrededor de 76 mil pesos, para compensar la parálisis corporal permanente que le provocaron los disparos de los policías en abril de 2013.
En lugar de la pensión vitalicia equivalente al menos a un salario mínimo recomendada por la Codhem, el joven indicó que la oferta de la administración municipal es permutarla con un “pequeño trabajo en el ayuntamiento con un pago un poco mayor, para al mismo tiempo acceder a la seguridad social que le permitiría el médico especializado, los medicamentos, la terapia física y psicológica”.
La propuesta del municipio incluye la entrega de una casa de interés social “Infonavit”, aunque no le ha especificado la ubicación. Para culminar sus estudios, el afectado ya contempló la propuesta de dos escuelas de nivel superior ubicadas en el centro de Toluca, donde radica, por lo que a partir de los detalles de las colegiaturas –que el ayuntamiento debe pagar-, se espera una decisión para que pueda concluir su licenciatura en Derecho.
“Si –el muchacho- estima que así gana certidumbre, en estos días nos reuniremos con ellos para escuchar sus posiciones y dar o no por cumplida la Recomendación en algunos de sus puntos”, expuso Delgado Carbajal, titular de la Codhem.
No obstante, aclaró que el cabildo debe aprobar el acuerdo correspondiente para dar certidumbre de empleo vitalicio y garantizar que todo lo ofrecido convenza y atienda las necesidades inmediatas y directas del interesado por la ubicación y sus condiciones. El joven, agregó, debe quedar satisfecho y asentarse los términos además en un convenio.
El organismo emitió la Recomendación 030 para la Procuraduría General de Justicia local (PGJEM) tras estimar “que existe responsabilidad administrativa por parte de diversos agentes del Ministerio Público (MP) que conocieron del trámite de esta carpeta de investigación”.
Los hechos ocurrieron durante la administración municipal de Carolina Monroy, prima del presidente Enrique Peña.
Baruch Delgado, titular de la Codhem, indicó que “de acuerdo con las investigaciones que realizamos, no se realizaron las diligencias debidas de manera inmediata para identificar a los responsables de accionar las armas que ocasionaron esta afectación a la integridad física de Ángel”.
Por eso, prosiguió, la actuación de esos ministerios públicos debe ser revisada por el órgano de control interno de la PGJEM y por la Inspección General de los Cuerpos de Seguridad Pública en el estado (Igecem).
La Recomendación ordena también la revisión de protocolos de actuación cuando se causan daños por armas de fuego accionadas por elementos de seguridad pública del estado o de los municipios.
La PGJEM, aseguró, ya aceptó la recomendación para que se investigue a los ministerios públicos involucrados.
Para el Ayuntamiento de Metepec, la Codhem precisó que los afectados se encuentran en pláticas conciliatorias con personal de la administración municipal para establecer los términos de atención de los puntos recomendatorios.
El afectado Ángel Martín adelantó a Apro que el ayuntamiento le ha ofertado una indemnización equivalente a mil 95 días de salario mínimo vigente en la capital de la entidad, que se traducen en alrededor de 76 mil pesos, para compensar la parálisis corporal permanente que le provocaron los disparos de los policías en abril de 2013.
En lugar de la pensión vitalicia equivalente al menos a un salario mínimo recomendada por la Codhem, el joven indicó que la oferta de la administración municipal es permutarla con un “pequeño trabajo en el ayuntamiento con un pago un poco mayor, para al mismo tiempo acceder a la seguridad social que le permitiría el médico especializado, los medicamentos, la terapia física y psicológica”.
La propuesta del municipio incluye la entrega de una casa de interés social “Infonavit”, aunque no le ha especificado la ubicación. Para culminar sus estudios, el afectado ya contempló la propuesta de dos escuelas de nivel superior ubicadas en el centro de Toluca, donde radica, por lo que a partir de los detalles de las colegiaturas –que el ayuntamiento debe pagar-, se espera una decisión para que pueda concluir su licenciatura en Derecho.
“Si –el muchacho- estima que así gana certidumbre, en estos días nos reuniremos con ellos para escuchar sus posiciones y dar o no por cumplida la Recomendación en algunos de sus puntos”, expuso Delgado Carbajal, titular de la Codhem.
No obstante, aclaró que el cabildo debe aprobar el acuerdo correspondiente para dar certidumbre de empleo vitalicio y garantizar que todo lo ofrecido convenza y atienda las necesidades inmediatas y directas del interesado por la ubicación y sus condiciones. El joven, agregó, debe quedar satisfecho y asentarse los términos además en un convenio.
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