Ciudad de México.– La Secretaría de Gobernación (Segob) impugnó una resolución de una Juez que ordenaba que las autoridades del Estado de México reconozcan el retraso de cinco años que hubo en la declaración de la Alerta de Género, denunciaron organizaciones civiles.
Tanto el Estado, como el Estado de México, tenían a partir del 26 de noviembre diez días para impugnar la sentencia de amparo que la Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, había otorgado a la CMDPDH.
La sentencia mandaba al Estado de México a ofrecer una disculpa pública por el retraso en la aplicación de la Alerta, que hiciera un compromiso escrito de que no sucedería nunca más y que se publicaran cifras confiables de feminicidios en la entidad.
“Que el Estado de México, y el Sistema no emitiera la Alerta de Género causó que los índices de violencia aumentara, las problemáticas, las desapariciones de mujeres. Si hubiera actuado en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entonces, se hubieran evitado muchas muertes”, dijo González.
Sin embargo, la semana pasada, la CMDPH recibió la notificación de que la Secretaría de Gobernación, en su calidad de de presidente Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, acusó la asociación civil.
“Ellos dicen que nosotros estábamos reclamando la omisión en la declaración de la Alerta de Género y que como ya se declaró [a finales de julio], entones ya se subsanó, cuando no es así, porque nosotros lo que reclamamos es el retardo injustificado de más de cuatro años y medio en la declaración de Alerta de Género”, dijo Aoyama González.
Por su parte, Rodolfo Domínguez Márquez, abogado del Observatorio Nacional del Feminicidio, lamentó la renuencia de las autoridades a interponer este recurso de revisión, y destacó otros compromisos que el amparo otorgado incluía.
“También llama a la Procuraduría del Estado de México (PGJEM) a hacer una disculpa pública, porque determina que es una omisión de parte de la procuración de Justicia Se señala al Procurador como una persona que, a pesar de que se le solicitó información estadística sobre la situación de feminicidios en el estado, se negó a proporcionarla a pesar de que había un mandato judicial, y por tanto el incurrió en un desacato de autoridad judicial y eso también le derivó en una responsabilidad”, dijo.
El 28 de julio fue declarada la primera Alerta de Género del país, en once municipios del Estado de México, entre ellos: “Valle de Chalco Solidaridad, Chimalhuacán , Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chalco, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos e Ixtapaluca”. Y aunque a la fecha sigue constituyendo un logro de las organizaciones civiles, la incidencia de la violencia se ha mantenido.
La Alerta de Género fue solicitada desde el 2010, después de una ola de violencia en la entidad en contra de las mujeres. Entre el 2005 y el 2010, se reportaron 922 casos.
“Después de estas cifras, nosotros notamos por nuestro trabajo de documentación. Notamos un incremento en el número de feminicidios y asesinatos de mujeres, pero para esto el Gobierno del Estado ya no nos permitía ver datos oficiales”, dijo González.
Tanto el Estado, como el Estado de México, tenían a partir del 26 de noviembre diez días para impugnar la sentencia de amparo que la Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, había otorgado a la CMDPDH.
La sentencia mandaba al Estado de México a ofrecer una disculpa pública por el retraso en la aplicación de la Alerta, que hiciera un compromiso escrito de que no sucedería nunca más y que se publicaran cifras confiables de feminicidios en la entidad.
“Que el Estado de México, y el Sistema no emitiera la Alerta de Género causó que los índices de violencia aumentara, las problemáticas, las desapariciones de mujeres. Si hubiera actuado en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entonces, se hubieran evitado muchas muertes”, dijo González.
Sin embargo, la semana pasada, la CMDPH recibió la notificación de que la Secretaría de Gobernación, en su calidad de de presidente Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, acusó la asociación civil.
“Ellos dicen que nosotros estábamos reclamando la omisión en la declaración de la Alerta de Género y que como ya se declaró [a finales de julio], entones ya se subsanó, cuando no es así, porque nosotros lo que reclamamos es el retardo injustificado de más de cuatro años y medio en la declaración de Alerta de Género”, dijo Aoyama González.
Por su parte, Rodolfo Domínguez Márquez, abogado del Observatorio Nacional del Feminicidio, lamentó la renuencia de las autoridades a interponer este recurso de revisión, y destacó otros compromisos que el amparo otorgado incluía.
“También llama a la Procuraduría del Estado de México (PGJEM) a hacer una disculpa pública, porque determina que es una omisión de parte de la procuración de Justicia Se señala al Procurador como una persona que, a pesar de que se le solicitó información estadística sobre la situación de feminicidios en el estado, se negó a proporcionarla a pesar de que había un mandato judicial, y por tanto el incurrió en un desacato de autoridad judicial y eso también le derivó en una responsabilidad”, dijo.
El 28 de julio fue declarada la primera Alerta de Género del país, en once municipios del Estado de México, entre ellos: “Valle de Chalco Solidaridad, Chimalhuacán , Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chalco, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos e Ixtapaluca”. Y aunque a la fecha sigue constituyendo un logro de las organizaciones civiles, la incidencia de la violencia se ha mantenido.
La Alerta de Género fue solicitada desde el 2010, después de una ola de violencia en la entidad en contra de las mujeres. Entre el 2005 y el 2010, se reportaron 922 casos.
“Después de estas cifras, nosotros notamos por nuestro trabajo de documentación. Notamos un incremento en el número de feminicidios y asesinatos de mujeres, pero para esto el Gobierno del Estado ya no nos permitía ver datos oficiales”, dijo González.
Sin Embargo
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