Estado de México.- El Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra y la comunidad de San Francisco Xochicuautla, estado de México -adherentes de la Selva Lacandona-, reiteraron que no permitirán que por sus territorios se construya la autopista Naucalpan-Toluca, porque destruirá no sólo sus tierras sino bosques, manantiales de agua y santuarios sagrados.
En conferencia de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exigieron al gobierno que los dos amparos se dictaminen a su favor y las constructoras suspendan los trabajos.
“Desde 2006 en que inició la ofensiva contra nuestro territorio, nunca hemos dado autorización para la construcción de la vía, ni nos han consultado”, agregaron en un comunicado leído por José Luis Hernández.
Denunciaron que el presidente Enrique Peña Nieto y la empresa Teya, S.A. de C.V., integrante del Grupo Higa, de Armando Hinojosa Cantú, “pretende imponer el proyecto carretero mediante un decreto expropiatorio ilegal, con lo que devastarían tres millones 900 mil metros cuadrados del bosque sagrado, del cual han sido guardianes desde hace miles de años, las mujeres y los hombres de San Francisco Xochicuautla, La Concepción, Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Tlalmimilolpan, Santa Cruz Ayotuxco y San Francisco Ayotuxco”.
Señalaron que el proyecto carretero lleva un avance de 40 por ciento, aproximadamente, porque algunas de las 12 comunidades que serán afectadas “se han vendido con el gobierno para permitir que se construya la carretera”.
Aseguraron que los pobladores de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y de otras localidades están decididos a no permitir que se construya la vía porque “nuestras tierras y territorios no tienen precio”.
Advirtieron que “este año será muy difícil porque el gobierno tratará de imponer el proyecto a como dé lugar, violando los derechos de las comunidades indígenas que no han sido consultadas como marcan los tratados internacionales”.
En conferencia de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exigieron al gobierno que los dos amparos se dictaminen a su favor y las constructoras suspendan los trabajos.
“Desde 2006 en que inició la ofensiva contra nuestro territorio, nunca hemos dado autorización para la construcción de la vía, ni nos han consultado”, agregaron en un comunicado leído por José Luis Hernández.
Denunciaron que el presidente Enrique Peña Nieto y la empresa Teya, S.A. de C.V., integrante del Grupo Higa, de Armando Hinojosa Cantú, “pretende imponer el proyecto carretero mediante un decreto expropiatorio ilegal, con lo que devastarían tres millones 900 mil metros cuadrados del bosque sagrado, del cual han sido guardianes desde hace miles de años, las mujeres y los hombres de San Francisco Xochicuautla, La Concepción, Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Tlalmimilolpan, Santa Cruz Ayotuxco y San Francisco Ayotuxco”.
Señalaron que el proyecto carretero lleva un avance de 40 por ciento, aproximadamente, porque algunas de las 12 comunidades que serán afectadas “se han vendido con el gobierno para permitir que se construya la carretera”.
Aseguraron que los pobladores de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y de otras localidades están decididos a no permitir que se construya la vía porque “nuestras tierras y territorios no tienen precio”.
Advirtieron que “este año será muy difícil porque el gobierno tratará de imponer el proyecto a como dé lugar, violando los derechos de las comunidades indígenas que no han sido consultadas como marcan los tratados internacionales”.
La Jornada
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