Ciudad de México.- El pleno avaló por 411 votos a favor reformar el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de garantizar la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos de este sector.
El dictamen, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, plantea facultar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), para que impulse mecanismos de evaluación y asesoría, de captación de quejas ciudadanas, en materia de accesibilidad en la infraestructura.
Al fundamentar el dictamen el diputado José Alfredo Torres Huitrón (PRI), dijo que con esta reforma se dará mayor capacidad al Conadis para que impulse la accesibilidad para todos, no sólo en favor de quienes viven con limitaciones que conllevan a la discapacidad, sino a aquellas personas que en un futuro, producto de la edad, necesite una infraestructura con estas características, que le permitirá mayor autonomía.
De esta forma, se atienden las observaciones que realizó el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en el informe Inicial de México respecto al tema de cumplimiento y avances de obligaciones adquiridas con la firma y ratificación de la Convención sobre la materia.
El grupo de investigadores externó la preocupación y necesidad por impulsar mecanismos específicos de evaluación del cumplimiento de accesibilidad en todos los ámbitos.
La aprobación del dictamen logrará el reconocimiento del derecho a la accesibilidad de infraestructura a las Personas con Discapacidad.
Al fijar la postura del Partido Encuentro Social, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) manifestó su voto a favor de esta reforma, ya que logrará empoderar a las personas para defender sus derechos; fortalecerá su confianza en las instituciones, e impulsará cambios positivos ante las situaciones que viven.
“Es lamentable que en este siglo sigamos sin rampas suficientes o mal hechas, transportes no adaptados, infraestructura en el olvido, entre otros, todo lo cual impide el pleno desarrollo de las personas con alguna discapacidad”, consideró.
La diputada Angélica Reyes Ávila (Nueva Alianza), se pronunció a favor de contribuir para que aquellos obstáculos que todos los días enfrentan quienes padecen alguna discapacidad, sean eliminados y se garantice plenamente su accesibilidad.
Detalló que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el 2015 cerca del 6.6 por ciento de la población padece alguna discapacidad, en su mayoría personas adultas mayores con 51.4 por ciento, cifra que podría aumentar conforme se incremente el promedio de edad de la población.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (Movimiento Ciudadano), sostuvo que la modificación permitirá la inclusión de las personas con discapacidad y un mejor lugar para todos, donde ciudadanos sin distinción puedan desenvolverse de manera autónoma y completa libertad.
El 95 por ciento del territorio de la Ciudad de México, considerada la zona más desarrollada de nuestro país, impide a quienes tienen una limitación física desplazarse de forma independiente. Se requiere de programas de monitoreo, queja y sanciones que den respuesta y seguimiento a la accesibilidad.
El diputado Sergio René Cancino Barffuson (Morena), consideró que reformar el marco jurídico contribuirá a garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad y no se vean expuestas a una vida en la que su plenitud de realización humana no está asegurada.
Tenemos que avanzar para construir una ciudadanía plural, donde las personas con discapacidad sean consideradas como un potencial humano y no como destinadas a la marginalidad y la mendicidad.
Evelyng Soraya Flores Carranza, del PVEM, señaló que la discapacidad evita a quienes la padecen su participación plena y efectiva en la sociedad bajo una igualdad de condiciones. “La inclusión debe promover y proteger los derechos y dignidad de estas personas, con el fin de atenuar la desventaja social en la que se encuentra este grupo vulnerable”.
Establecer en la ley que se impulsen mecanismos de evaluación y asesoría, de captación de quejas ciudadanas y coadyuvar con las autoridades competentes, aseguró, es un paso adelante en una tarea fundamental para dotar con igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos.
La diputada Ana Leticia Carrera Hernández (PRD) indicó que con la aprobación del dictamen será posible contar con instrumentos suficientes, adecuados y ágiles, que permitan a las personas con discapacidad presentar quejas o denuncias sobre deficiencias en la infraestructura física pública, a fin de mejorar su accesibilidad.
El dictamen, comentó, tiene como marco las observaciones formuladas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2014. El Estado mexicano, al firmar su adhesión a las convenciones internacionales, está obligado a dar cumplimiento a sus contenidos incorporándolos a su ordenamiento jurídico y se obliga a atender las observaciones emitidas por los grupos de expertos, cuando consideren la inobservancia de la convención.
Del grupo parlamentario del PAN, el diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez expresó que las personas con discapacidad son afectadas por la falta de accesibilidad. “Es imposible que puedan ejercer sus derechos, por lo que es necesario remover obstáculos para garantizarlos y crear una sociedad más inclusiva”.
Si bien, el Conadis ya contempla en sus atribuciones la promoción de accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas, es omiso en relación a un proceso de recepción de quejas o denuncias ciudadanas de deficiencias en la infraestructura física pública, por lo que el dictamen, además de reforzar la ley en la materia, atiende a una de las observaciones y recomendaciones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRI) consideró que las personas con discapacidad deben ser un tema prioritario, ya que se han mantenido en rezago muchos años. Debemos abordar la problemática con sensibilidad, visión de justicia y equidad.
Las modificaciones a la ley tienen la finalidad de resolver una solicitud que por años ha demandado este grupo social. La atribución que se da al Conadis, aproximará a las personas con discapacidad al acceso de sus derechos y la creación de sus propias políticas públicas.
El dictamen, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, plantea facultar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), para que impulse mecanismos de evaluación y asesoría, de captación de quejas ciudadanas, en materia de accesibilidad en la infraestructura.
Al fundamentar el dictamen el diputado José Alfredo Torres Huitrón (PRI), dijo que con esta reforma se dará mayor capacidad al Conadis para que impulse la accesibilidad para todos, no sólo en favor de quienes viven con limitaciones que conllevan a la discapacidad, sino a aquellas personas que en un futuro, producto de la edad, necesite una infraestructura con estas características, que le permitirá mayor autonomía.
De esta forma, se atienden las observaciones que realizó el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en el informe Inicial de México respecto al tema de cumplimiento y avances de obligaciones adquiridas con la firma y ratificación de la Convención sobre la materia.
El grupo de investigadores externó la preocupación y necesidad por impulsar mecanismos específicos de evaluación del cumplimiento de accesibilidad en todos los ámbitos.
La aprobación del dictamen logrará el reconocimiento del derecho a la accesibilidad de infraestructura a las Personas con Discapacidad.
Al fijar la postura del Partido Encuentro Social, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) manifestó su voto a favor de esta reforma, ya que logrará empoderar a las personas para defender sus derechos; fortalecerá su confianza en las instituciones, e impulsará cambios positivos ante las situaciones que viven.
“Es lamentable que en este siglo sigamos sin rampas suficientes o mal hechas, transportes no adaptados, infraestructura en el olvido, entre otros, todo lo cual impide el pleno desarrollo de las personas con alguna discapacidad”, consideró.
La diputada Angélica Reyes Ávila (Nueva Alianza), se pronunció a favor de contribuir para que aquellos obstáculos que todos los días enfrentan quienes padecen alguna discapacidad, sean eliminados y se garantice plenamente su accesibilidad.
Detalló que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el 2015 cerca del 6.6 por ciento de la población padece alguna discapacidad, en su mayoría personas adultas mayores con 51.4 por ciento, cifra que podría aumentar conforme se incremente el promedio de edad de la población.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (Movimiento Ciudadano), sostuvo que la modificación permitirá la inclusión de las personas con discapacidad y un mejor lugar para todos, donde ciudadanos sin distinción puedan desenvolverse de manera autónoma y completa libertad.
El 95 por ciento del territorio de la Ciudad de México, considerada la zona más desarrollada de nuestro país, impide a quienes tienen una limitación física desplazarse de forma independiente. Se requiere de programas de monitoreo, queja y sanciones que den respuesta y seguimiento a la accesibilidad.
El diputado Sergio René Cancino Barffuson (Morena), consideró que reformar el marco jurídico contribuirá a garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad y no se vean expuestas a una vida en la que su plenitud de realización humana no está asegurada.
Tenemos que avanzar para construir una ciudadanía plural, donde las personas con discapacidad sean consideradas como un potencial humano y no como destinadas a la marginalidad y la mendicidad.
Evelyng Soraya Flores Carranza, del PVEM, señaló que la discapacidad evita a quienes la padecen su participación plena y efectiva en la sociedad bajo una igualdad de condiciones. “La inclusión debe promover y proteger los derechos y dignidad de estas personas, con el fin de atenuar la desventaja social en la que se encuentra este grupo vulnerable”.
Establecer en la ley que se impulsen mecanismos de evaluación y asesoría, de captación de quejas ciudadanas y coadyuvar con las autoridades competentes, aseguró, es un paso adelante en una tarea fundamental para dotar con igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos.
La diputada Ana Leticia Carrera Hernández (PRD) indicó que con la aprobación del dictamen será posible contar con instrumentos suficientes, adecuados y ágiles, que permitan a las personas con discapacidad presentar quejas o denuncias sobre deficiencias en la infraestructura física pública, a fin de mejorar su accesibilidad.
El dictamen, comentó, tiene como marco las observaciones formuladas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2014. El Estado mexicano, al firmar su adhesión a las convenciones internacionales, está obligado a dar cumplimiento a sus contenidos incorporándolos a su ordenamiento jurídico y se obliga a atender las observaciones emitidas por los grupos de expertos, cuando consideren la inobservancia de la convención.
Del grupo parlamentario del PAN, el diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez expresó que las personas con discapacidad son afectadas por la falta de accesibilidad. “Es imposible que puedan ejercer sus derechos, por lo que es necesario remover obstáculos para garantizarlos y crear una sociedad más inclusiva”.
Si bien, el Conadis ya contempla en sus atribuciones la promoción de accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas, es omiso en relación a un proceso de recepción de quejas o denuncias ciudadanas de deficiencias en la infraestructura física pública, por lo que el dictamen, además de reforzar la ley en la materia, atiende a una de las observaciones y recomendaciones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRI) consideró que las personas con discapacidad deben ser un tema prioritario, ya que se han mantenido en rezago muchos años. Debemos abordar la problemática con sensibilidad, visión de justicia y equidad.
Las modificaciones a la ley tienen la finalidad de resolver una solicitud que por años ha demandado este grupo social. La atribución que se da al Conadis, aproximará a las personas con discapacidad al acceso de sus derechos y la creación de sus propias políticas públicas.
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