Ciudad de México.- La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó una minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a fin de consolidar una cultura de inclusión y eliminar las barreras que impiden a las personas con discapacidad la igualdad de condiciones.
El documento, avalado en reunión de trabajo, refiere que de acuerdo con el Censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2010, la población con discapacidad de 3 a 29 años se encuentran en desventaja frente a su contraparte, ya que 45 de cada 100 asisten a la escuela, y entre las personas sin discapacidad lo hacen 56.
Asimismo, entre la población con discapacidad, el 27.9 por ciento no tiene estudios; 45.4 por ciento, no terminó al menos un año de primaria; 13.3 por ciento, un año de secundaria; 7.3 por ciento, uno de media superior y 5.2 por ciento, uno de superior; el 86.6 por ciento tiene como máximo estudios de educación básica.
Por ello, indica, se requiere fortalecer el tema educativo destinado a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, con la finalidad de que se les pueda garantizar una vida digna y autónoma.
La comisión estimó realizar algunas modificaciones a la minuta a fin de dar mayor fortaleza a la educación inclusiva. Se establece que las autoridades educativas desarrollarán, bajo el principio de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes.
Asimismo, consideró modificar la redacción para dar mayor claridad al término de inclusión en la educación especial.
Además, se precisa que la educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que impidan la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes.
Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se debe basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica, sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las diversas modalidades de educación especial atendiendo a sus necesidades.
También se señala que la formación y capacitación de maestros promoverá la educación inclusiva y desarrollará las competencias necesarias para su adecuada atención.
Del mismo modo, se indica que la educación especial deberá incorporar enfoques de inclusión e igualdad sustantiva.
Durante la reunión, el secretario de la Comisión, diputado Matias Nazario Morales (PRI), informó que la Mesa Directiva de esta instancia acordó crear tres mesas de trabajo para que los legisladores tengan comunicación directa con los subsecretarios y asesores de la Secretaría de Educación Pública respecto a dar seguimiento al presupuesto, educación profesional técnica y educación superior.
El documento, avalado en reunión de trabajo, refiere que de acuerdo con el Censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2010, la población con discapacidad de 3 a 29 años se encuentran en desventaja frente a su contraparte, ya que 45 de cada 100 asisten a la escuela, y entre las personas sin discapacidad lo hacen 56.
Asimismo, entre la población con discapacidad, el 27.9 por ciento no tiene estudios; 45.4 por ciento, no terminó al menos un año de primaria; 13.3 por ciento, un año de secundaria; 7.3 por ciento, uno de media superior y 5.2 por ciento, uno de superior; el 86.6 por ciento tiene como máximo estudios de educación básica.
Por ello, indica, se requiere fortalecer el tema educativo destinado a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, con la finalidad de que se les pueda garantizar una vida digna y autónoma.
La comisión estimó realizar algunas modificaciones a la minuta a fin de dar mayor fortaleza a la educación inclusiva. Se establece que las autoridades educativas desarrollarán, bajo el principio de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes.
Asimismo, consideró modificar la redacción para dar mayor claridad al término de inclusión en la educación especial.
Además, se precisa que la educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que impidan la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes.
Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se debe basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica, sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las diversas modalidades de educación especial atendiendo a sus necesidades.
También se señala que la formación y capacitación de maestros promoverá la educación inclusiva y desarrollará las competencias necesarias para su adecuada atención.
Del mismo modo, se indica que la educación especial deberá incorporar enfoques de inclusión e igualdad sustantiva.
Durante la reunión, el secretario de la Comisión, diputado Matias Nazario Morales (PRI), informó que la Mesa Directiva de esta instancia acordó crear tres mesas de trabajo para que los legisladores tengan comunicación directa con los subsecretarios y asesores de la Secretaría de Educación Pública respecto a dar seguimiento al presupuesto, educación profesional técnica y educación superior.
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