Ciudad de México.- La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aprobó dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones a siete ordenamientos, con el propósito de reglamentar y regular el nombramiento de los Titulares de los Órganos Internos de Control de las figuras Constitucionales Autónomas.
En la segunda reunión extraordinaria encabezada por su presidente Jorge Triana Tena (PAN), se detalló que el documento plantea modificar las Leyes Federales de Competencia Económica, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de Telecomunicaciones y Radiodifusión, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La enmienda busca fortalecer las funciones de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos, y faculta a la Cámara de Diputados para designar a los titulares de estos organismos, siempre y cuando ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Asimismo, la propuesta contribuye a la despartidización, descorporativización y democratización de los órganos de gobierno del Estado.
Por otra parte, se plantea unificar la denominación de los órganos internos de Control para ser denominados “Contraloría Interna”, y se establecen los criterios de los aspirantes a este cargo, a fin de mejorar la calidad y profesionalismo de los candidatos.
Los integrantes de la comisión consideran que la facultad de designación traiga aparejada la remoción y renovación del cargo cuando haya concluido el periodo por el que fue nombrado, que es de cuatro años.
Es relevante mencionar que los procesos de nombramiento, renovación o remoción requerirán de las dos terceras partes de los diputados federales. También, se define que estos órganos deberán rendir un informe semestral y anual a la Cámara de Diputados.
De igual manera, las modificaciones permiten adecuar las responsabilidades administrativas en que pueda incurrir el contralor general a las disposiciones de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, diferenciando las graves de las no graves.
Además, se faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para conocer las mismas, y en su caso, promover ante el Tribunal de la Federación de Justicia Administrativa, o imponer, sanciones según corresponda al artículo 109 de la Constitución.
Del mismo modo, la comisión aprobó un dictamen para reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, con el propósito de ampliar el nombre de la Comisión de Competitividad para que también sea de Impulso a Estrategias en Zonas Prioritarias.
En los transitorios se establece que la Comisión de Competitividad e Impulso a Estrategias en Zonas Prioritarias, en términos de sus atribuciones de dictaminación, sería competente para desarrollar las facultades y conocer los asuntos que le confiere la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.
El documento refiere que la denominación responde a la necesidad de focalizar la conceptualización de la materia objeto de la Comisión, entorno a la disparidad del desarrollo económico entre las regiones productivas, particularmente en la región sur-sureste, por lo que la nueva denominación implica la búsqueda de un equilibrio en el ritmo del crecimiento, el anclaje de dichas regiones a la economía nacional e internacional, así como elevar su valor agregado.
En la segunda reunión extraordinaria encabezada por su presidente Jorge Triana Tena (PAN), se detalló que el documento plantea modificar las Leyes Federales de Competencia Económica, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de Telecomunicaciones y Radiodifusión, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La enmienda busca fortalecer las funciones de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos, y faculta a la Cámara de Diputados para designar a los titulares de estos organismos, siempre y cuando ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Asimismo, la propuesta contribuye a la despartidización, descorporativización y democratización de los órganos de gobierno del Estado.
Por otra parte, se plantea unificar la denominación de los órganos internos de Control para ser denominados “Contraloría Interna”, y se establecen los criterios de los aspirantes a este cargo, a fin de mejorar la calidad y profesionalismo de los candidatos.
Los integrantes de la comisión consideran que la facultad de designación traiga aparejada la remoción y renovación del cargo cuando haya concluido el periodo por el que fue nombrado, que es de cuatro años.
Es relevante mencionar que los procesos de nombramiento, renovación o remoción requerirán de las dos terceras partes de los diputados federales. También, se define que estos órganos deberán rendir un informe semestral y anual a la Cámara de Diputados.
De igual manera, las modificaciones permiten adecuar las responsabilidades administrativas en que pueda incurrir el contralor general a las disposiciones de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, diferenciando las graves de las no graves.
Además, se faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para conocer las mismas, y en su caso, promover ante el Tribunal de la Federación de Justicia Administrativa, o imponer, sanciones según corresponda al artículo 109 de la Constitución.
Del mismo modo, la comisión aprobó un dictamen para reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, con el propósito de ampliar el nombre de la Comisión de Competitividad para que también sea de Impulso a Estrategias en Zonas Prioritarias.
En los transitorios se establece que la Comisión de Competitividad e Impulso a Estrategias en Zonas Prioritarias, en términos de sus atribuciones de dictaminación, sería competente para desarrollar las facultades y conocer los asuntos que le confiere la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.
El documento refiere que la denominación responde a la necesidad de focalizar la conceptualización de la materia objeto de la Comisión, entorno a la disparidad del desarrollo económico entre las regiones productivas, particularmente en la región sur-sureste, por lo que la nueva denominación implica la búsqueda de un equilibrio en el ritmo del crecimiento, el anclaje de dichas regiones a la economía nacional e internacional, así como elevar su valor agregado.
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