México.- La organización Open Society Justice Initiative presentó esta semana su informe “Atrocidades innegables” sobre crímenes de lesa humanidad en México.
Al respecto, Eric Witte, líder del proyecto ejecutivo, dijo en entrevista para Aristegui CNN que “decidimos tratar de entender la escala, la magnitud de la crisis, el número de asesinatos, tortura y de desapariciones en México. Entender la medida en que se ha aplicado la justicia en esos crímenes”.
Explicó que analizaron los crímenes a través de la “óptica del derecho penal internacional para entender si llegan al nivel de crímenes de lesa humanidad, y sí tenemos razones y fundamentos para creer que el Estado sí ha cometido asesinatos, tortura y desaparición, al rango de crímenes de lesa humanidad y quisimos analizar también por qué se ha aplicado tan poco la justicia, concluimos que los principales obstáculos son políticos y no técnicos”.
Reveló que “al emprender este estudio dependimos del trabajo de organizaciones, de nuestros socios, y de la documentación que ellos han recabado de crímenes atroces a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y otras recomendaciones emitidas. Solicitamos muchísima información al gobierno… toda la información fue compilada en el informe”.
Witte indicó que “al llevar a cabo nuestra tarea tuvimos que batallar con la calidad de datos de crímenes en México, en parte se debe al esfuerzo del Estado por minimizar los crímenes que se han cometido, haciendo que estos datos fueran más oscuros… hay información contradictoria que se transmite al público mexicano”.
Sin embargo “hicimos el mejor esfuerzo que pudimos para recabar toda la información, que tuviera sentido y señalamos las contradicciones donde las hubo”.
Detalló que “uno de los principales desafíos es que la mayoría de los crímenes ni siquiera llegan a oídos de las autoridades porque los mexicanos no confían en el sistema de justicia, además el problema se agudiza cuando se trata de crímenes en los cuales las víctimas creen que los culpables fueron agentes estatales, así que se registran muy pocos crímenes”.
Mientras “aquellos que se registran, las autoridades los tipifican como ofensas menores, a fin de minimizar la gravedad de los crímenes. Por eso decidimos recabar datos de la secretaría de Gobernación, y comparamos esos datos con los de la encuesta del Inegi, así observamos algunos de los vacíos de información”.
En lo que “respecta a las desapariciones la cifra de 25-26 mil que suele registrar el gobierno, en realidad es una cifra arbitraria, esa es nuestra conclusión. Es una cifra de personas que están desaparecidas, pero hay personas que están excluidas de ese registro por muchos motivos, creemos que la cantidad de personas desaparecidas en México es significativamente mayor que la cifra que da el gobierno”.
“En muchos de los casos documentados el gobierno ha categorizado a las desapariciones forzadas más bien como secuestros, entonces en el análisis que hicimos a finales de 2006 y también en 2014, había 585 mil secuestros en México, no sabemos cuántos de esos secuestros se trataban de desapariciones forzadas”, indicó.
También “hay muchas fosas clandestinas que aún no se han investigado, ni siquiera han sido mapeadas por el gobierno”.
Incluso, señaló que “ha habido un número de casos en los que las fuerzas federales, la policía, la Marina y el Ejército, han detenido a individuos con uso excesivo de la fuerza y arbitrario para matarlos, y después han ocultado esos hechos. Ha habido también un sin número de evntos que personas han sido detenidas y después asesinadas”.
“Hay tres tipos de víctimas: los integrantes de los cárteles que han sido víctimas de ejecución sumaria, están los falsos positivos, personas identificadas como miembros de cárteles y los han matado, y también las fuerzas federales han sembrado armas o drogas en sus cadáveres para hacerlos parecer delincuentes; también están las víctimas que son los inocentes que fueron un daño colateral“, explicó.
En tanto James Goldstone, director ejecutivo de Open Society Justice, dijo que la organización trabaja desde 2004 “en varias áreas en relación al sistema de justicia, y con funcionarios públicos en el gobierno y también con sociedad civil, pero hace algunos años llamó la atención que hay una crisis de impunidad en México, en relación con la situación de crímenes atroces, que hay una brecha que hay una gran ola de violencia y la impunidad casi total que existe en relación a esos crímenes”.
Dijo que este informe está dirigido “no a la Corte Internacional, pero sí a las autoridades nacionales de México y a la población, el propósito es estimular debate y la posibilidad de que las autoridades van a cambiar la dirección, y que ellos asuman la responsabilidad que realmente es su obligación hacer las investigaciones… enjuiciar a los responsables de estos crímenes, la perspectiva del derecho penal internacional es importante, permite que la examinación vaya hacia arriba en la cadena de responsabilidad, no solamente a los autores materiales, sino también a los que mandan órdenes, a los que hacen la política, alos que fallan de prevenir e investigar”.
“Desde nuestra perspectiva este es un momento de oportunidad para las autoridades mexicanas, para considerar lo que han hecho hasta la fecha, la dificultad que han tenido para resolver la crisis de impunidad”, agregó.
En México, encontró elementos como “la escala elevada de violencia por un tiempo muy sostenido, segundo tenemos la impunidad casi total, no hay rendición de cuentas, y el tercero es que México no es un país pobre, que ha sufrido una guerra cuyas instituciones hayan sido destruidas… pero el sistema de justicia está roto, no está funcionando como debe ser”.
El problema es la falta de “voluntad política actual… una propuesta es que México debe invitar a la asistencia de la comunidad internacional, para formar un equipo de investigación dentro del sitema mexicano”, sostuvo Goldstone.
Al respecto, Eric Witte, líder del proyecto ejecutivo, dijo en entrevista para Aristegui CNN que “decidimos tratar de entender la escala, la magnitud de la crisis, el número de asesinatos, tortura y de desapariciones en México. Entender la medida en que se ha aplicado la justicia en esos crímenes”.
Explicó que analizaron los crímenes a través de la “óptica del derecho penal internacional para entender si llegan al nivel de crímenes de lesa humanidad, y sí tenemos razones y fundamentos para creer que el Estado sí ha cometido asesinatos, tortura y desaparición, al rango de crímenes de lesa humanidad y quisimos analizar también por qué se ha aplicado tan poco la justicia, concluimos que los principales obstáculos son políticos y no técnicos”.
Reveló que “al emprender este estudio dependimos del trabajo de organizaciones, de nuestros socios, y de la documentación que ellos han recabado de crímenes atroces a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y otras recomendaciones emitidas. Solicitamos muchísima información al gobierno… toda la información fue compilada en el informe”.
Witte indicó que “al llevar a cabo nuestra tarea tuvimos que batallar con la calidad de datos de crímenes en México, en parte se debe al esfuerzo del Estado por minimizar los crímenes que se han cometido, haciendo que estos datos fueran más oscuros… hay información contradictoria que se transmite al público mexicano”.
Sin embargo “hicimos el mejor esfuerzo que pudimos para recabar toda la información, que tuviera sentido y señalamos las contradicciones donde las hubo”.
Detalló que “uno de los principales desafíos es que la mayoría de los crímenes ni siquiera llegan a oídos de las autoridades porque los mexicanos no confían en el sistema de justicia, además el problema se agudiza cuando se trata de crímenes en los cuales las víctimas creen que los culpables fueron agentes estatales, así que se registran muy pocos crímenes”.
Mientras “aquellos que se registran, las autoridades los tipifican como ofensas menores, a fin de minimizar la gravedad de los crímenes. Por eso decidimos recabar datos de la secretaría de Gobernación, y comparamos esos datos con los de la encuesta del Inegi, así observamos algunos de los vacíos de información”.
En lo que “respecta a las desapariciones la cifra de 25-26 mil que suele registrar el gobierno, en realidad es una cifra arbitraria, esa es nuestra conclusión. Es una cifra de personas que están desaparecidas, pero hay personas que están excluidas de ese registro por muchos motivos, creemos que la cantidad de personas desaparecidas en México es significativamente mayor que la cifra que da el gobierno”.
“En muchos de los casos documentados el gobierno ha categorizado a las desapariciones forzadas más bien como secuestros, entonces en el análisis que hicimos a finales de 2006 y también en 2014, había 585 mil secuestros en México, no sabemos cuántos de esos secuestros se trataban de desapariciones forzadas”, indicó.
También “hay muchas fosas clandestinas que aún no se han investigado, ni siquiera han sido mapeadas por el gobierno”.
Incluso, señaló que “ha habido un número de casos en los que las fuerzas federales, la policía, la Marina y el Ejército, han detenido a individuos con uso excesivo de la fuerza y arbitrario para matarlos, y después han ocultado esos hechos. Ha habido también un sin número de evntos que personas han sido detenidas y después asesinadas”.
“Hay tres tipos de víctimas: los integrantes de los cárteles que han sido víctimas de ejecución sumaria, están los falsos positivos, personas identificadas como miembros de cárteles y los han matado, y también las fuerzas federales han sembrado armas o drogas en sus cadáveres para hacerlos parecer delincuentes; también están las víctimas que son los inocentes que fueron un daño colateral“, explicó.
En tanto James Goldstone, director ejecutivo de Open Society Justice, dijo que la organización trabaja desde 2004 “en varias áreas en relación al sistema de justicia, y con funcionarios públicos en el gobierno y también con sociedad civil, pero hace algunos años llamó la atención que hay una crisis de impunidad en México, en relación con la situación de crímenes atroces, que hay una brecha que hay una gran ola de violencia y la impunidad casi total que existe en relación a esos crímenes”.
Dijo que este informe está dirigido “no a la Corte Internacional, pero sí a las autoridades nacionales de México y a la población, el propósito es estimular debate y la posibilidad de que las autoridades van a cambiar la dirección, y que ellos asuman la responsabilidad que realmente es su obligación hacer las investigaciones… enjuiciar a los responsables de estos crímenes, la perspectiva del derecho penal internacional es importante, permite que la examinación vaya hacia arriba en la cadena de responsabilidad, no solamente a los autores materiales, sino también a los que mandan órdenes, a los que hacen la política, alos que fallan de prevenir e investigar”.
“Desde nuestra perspectiva este es un momento de oportunidad para las autoridades mexicanas, para considerar lo que han hecho hasta la fecha, la dificultad que han tenido para resolver la crisis de impunidad”, agregó.
En México, encontró elementos como “la escala elevada de violencia por un tiempo muy sostenido, segundo tenemos la impunidad casi total, no hay rendición de cuentas, y el tercero es que México no es un país pobre, que ha sufrido una guerra cuyas instituciones hayan sido destruidas… pero el sistema de justicia está roto, no está funcionando como debe ser”.
El problema es la falta de “voluntad política actual… una propuesta es que México debe invitar a la asistencia de la comunidad internacional, para formar un equipo de investigación dentro del sitema mexicano”, sostuvo Goldstone.
Aristegui Noticias
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