POR: JOSE CALZADA
OTRA RECULADA
La iniciativa del Ejecutivo para destinar 10 mil millones de pesos de la recaudación del impuesto del 3 por ciento a la nómina para pago a proveedores del gobierno del estado, será aprobada este jueves en el Congreso local, sólo que con ciertas modificaciones obligadas por la presión ejercida por empresarios azuzados por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.
Los diputados aliados del Ejecutivo cumplirán con la lealtad e institucionalidad y cargarán con el juicio social objetivo en algunos casos y de linchamiento si proviene del PAN que ha manifestado su rechazo a esta decisión emanada del Ejecutivo para saldar deudas contraídas en los últimos dos sexenios.
El Fideicomiso del Impuesto a la Nómina fue creado en el 2012 por el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán en el 2012 con el propósito de contar con un fondo extra para obras de infraestructura pública, el gobernador Javier Duarte propuso su aumento del 2 al 3 por por ciento en el 2015 que fue aprobado por la actual Legislatura y hoy es motivo de amplio debate en los sectores empresarial y político.
La crisis alcanzada por la administración pública estatal por un deficiente manejo de las finanzas orilló al Ejecutivo a proponer el uso de ese impuesto para el pago a proveedores en vez de utilizarlo para la ejecución de obras públicas como lo establece el propio espíritu del fondo como una medida alterna para generar desarrollo en la geografía veracruzana.
El gobernador cuenta con el apoyo de suficientes diputados para sacar adelante el proyecto de modificar el uso de esos recursos y pagar a todos los proveedores que reclaman su dinero en las diferentes dependencias, porque simplemente los dineros etiquetados desaparecieron de las manos de los funcionarios poco confiables como en su momento el propio gobernador calificó a Edgar Spinoso Carrera y Gabriel Deantes.
Si bien los empresarios son los principales interesados en que se les pague, también son los primeros en rechazar que la lista de proveedores que se integró sean empresas con algún vínculo con funcionarios del actual gobierno.
Tampoco están de acuerdo los empresarios en el pago de impuestos o aportaciones a la Cruz Roja donde se supone que el gobierno sólo era recaudador para hacer la entrega de los recursos sin disponer de ellos.
Es decir, no admiten que se cubra con dinero del impuesto al 3 por ciento a la nómina gastos que el gobierno ya tuvo el dinero para cubrirlos y no lo hizo.
Por eso ayer en un viraje a la propuesta, las comisiones permanentes en la Legislatura de Veracruz aprobaron en la Junta de Coordinación Política sacar de las listas de proveedores a las empresas que tengan alguna relación con los funcionarios públicos estatales o sus familiares, es decir, en pocas palabras a los prestanombres o las ya denunciadas empresas fantasmas.
EL CONFLICTO EL AGUA
La decisión de concesionar el suministro del agua a dos grupos de “inversionistas” extranjeros Aguas de Barcelona de España y Odebrechet de Brasil fusionasen el Grupo MAS, ofrece hoy un escenario crítico para más de un millón de personas que habitan en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín y es que las protestas de trabajadores sindicalizados del extinto Sistema de Agua y Saneamiento, alcanzaron niveles de impacto social de alto nivel.
La inminente desaparición del sindicato, llevó a acciones de resistencia en perjuicio de terceros como el bloqueo de la planta potabilizadora de El Tejar, de pozos de agua y del lamentable vertimiento de unos 40 millones de litros de aguas residuales en crudo hacia el mar desde la Planta de Tratamiento de Aguas de la zona norte de Veracruz. Un daño sin duda, catastrófico para el de por sí, Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.
Las cuestiones de negocios y de política se convierten en caldo de cultivo de un nuevo conflicto social para la zona conurbada más grande del estado de Veracruz y de no alcanzar una solución, en breve alcanzará dimensiones de crisis nunca antes vistas con motivo del acceso al agua.
Los vicios que llevaron a la quiebra al Sistema de Agua Potable en los que se incluye al Sindicato que encabeza Angélica Navarrete, al igual que los vicios en los que se entregó la concesión por 30 años a un grupo de extranjeros, contribuyen de la misma manera con el desorden que llevó la crisis hasta el punto de poner en riesgo el suministro de agua y el medio ambiente con la derrama de aguas negras.
El problema ya rebasó la capacidad del alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil uno de los principales interesados en contar con un sistema privado de suministro de agua potable y seguramente rebasará otras instancias porque aunque se resuelva el conflicto con el sindicato, en breve habrá nuevos conflictos derivados de la falta de operatividad y lo que se llamará ajuste de tarifas.
CAMPA PONE EL DEDO EN LA LLAGA
En lo que se convierte en una arremetida más contra el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, ayer el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián aseguró que para hacer justicia a los familiares de los periodistas asesinados en el estado de Veracruz y de las decenas de desaparecidos es necesario romper con las cadenas de impunidad.
El mensaje se dio en una entrevista tras una reunión casual e informal con uno de los personajes de mayor cercanía con el gobernador electo Miguel Ángel Yenes Linares, José Luis Lagunas López.
Es un hecho que el gobernador electo cuenta con un amplio respaldo o al menos institucional del gobierno federal y que sus declaraciones cuentan con el aval del altiplano, por eso el Subsecretario de Derechos Humanos estableció en su declaración que el castigo debe aplicarse a los autores materiales de los crímenes pero también a los autores intelectuales o quienes permiten la impunidad que fermenta ese tipo de delitos en los que Veracruz ocupa lamentables primeros lugares.
OTRA RECULADA
La iniciativa del Ejecutivo para destinar 10 mil millones de pesos de la recaudación del impuesto del 3 por ciento a la nómina para pago a proveedores del gobierno del estado, será aprobada este jueves en el Congreso local, sólo que con ciertas modificaciones obligadas por la presión ejercida por empresarios azuzados por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.
Los diputados aliados del Ejecutivo cumplirán con la lealtad e institucionalidad y cargarán con el juicio social objetivo en algunos casos y de linchamiento si proviene del PAN que ha manifestado su rechazo a esta decisión emanada del Ejecutivo para saldar deudas contraídas en los últimos dos sexenios.
El Fideicomiso del Impuesto a la Nómina fue creado en el 2012 por el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán en el 2012 con el propósito de contar con un fondo extra para obras de infraestructura pública, el gobernador Javier Duarte propuso su aumento del 2 al 3 por por ciento en el 2015 que fue aprobado por la actual Legislatura y hoy es motivo de amplio debate en los sectores empresarial y político.
La crisis alcanzada por la administración pública estatal por un deficiente manejo de las finanzas orilló al Ejecutivo a proponer el uso de ese impuesto para el pago a proveedores en vez de utilizarlo para la ejecución de obras públicas como lo establece el propio espíritu del fondo como una medida alterna para generar desarrollo en la geografía veracruzana.
El gobernador cuenta con el apoyo de suficientes diputados para sacar adelante el proyecto de modificar el uso de esos recursos y pagar a todos los proveedores que reclaman su dinero en las diferentes dependencias, porque simplemente los dineros etiquetados desaparecieron de las manos de los funcionarios poco confiables como en su momento el propio gobernador calificó a Edgar Spinoso Carrera y Gabriel Deantes.
Si bien los empresarios son los principales interesados en que se les pague, también son los primeros en rechazar que la lista de proveedores que se integró sean empresas con algún vínculo con funcionarios del actual gobierno.
Tampoco están de acuerdo los empresarios en el pago de impuestos o aportaciones a la Cruz Roja donde se supone que el gobierno sólo era recaudador para hacer la entrega de los recursos sin disponer de ellos.
Es decir, no admiten que se cubra con dinero del impuesto al 3 por ciento a la nómina gastos que el gobierno ya tuvo el dinero para cubrirlos y no lo hizo.
Por eso ayer en un viraje a la propuesta, las comisiones permanentes en la Legislatura de Veracruz aprobaron en la Junta de Coordinación Política sacar de las listas de proveedores a las empresas que tengan alguna relación con los funcionarios públicos estatales o sus familiares, es decir, en pocas palabras a los prestanombres o las ya denunciadas empresas fantasmas.
EL CONFLICTO EL AGUA
La decisión de concesionar el suministro del agua a dos grupos de “inversionistas” extranjeros Aguas de Barcelona de España y Odebrechet de Brasil fusionasen el Grupo MAS, ofrece hoy un escenario crítico para más de un millón de personas que habitan en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín y es que las protestas de trabajadores sindicalizados del extinto Sistema de Agua y Saneamiento, alcanzaron niveles de impacto social de alto nivel.
La inminente desaparición del sindicato, llevó a acciones de resistencia en perjuicio de terceros como el bloqueo de la planta potabilizadora de El Tejar, de pozos de agua y del lamentable vertimiento de unos 40 millones de litros de aguas residuales en crudo hacia el mar desde la Planta de Tratamiento de Aguas de la zona norte de Veracruz. Un daño sin duda, catastrófico para el de por sí, Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.
Las cuestiones de negocios y de política se convierten en caldo de cultivo de un nuevo conflicto social para la zona conurbada más grande del estado de Veracruz y de no alcanzar una solución, en breve alcanzará dimensiones de crisis nunca antes vistas con motivo del acceso al agua.
Los vicios que llevaron a la quiebra al Sistema de Agua Potable en los que se incluye al Sindicato que encabeza Angélica Navarrete, al igual que los vicios en los que se entregó la concesión por 30 años a un grupo de extranjeros, contribuyen de la misma manera con el desorden que llevó la crisis hasta el punto de poner en riesgo el suministro de agua y el medio ambiente con la derrama de aguas negras.
El problema ya rebasó la capacidad del alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil uno de los principales interesados en contar con un sistema privado de suministro de agua potable y seguramente rebasará otras instancias porque aunque se resuelva el conflicto con el sindicato, en breve habrá nuevos conflictos derivados de la falta de operatividad y lo que se llamará ajuste de tarifas.
CAMPA PONE EL DEDO EN LA LLAGA
En lo que se convierte en una arremetida más contra el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, ayer el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián aseguró que para hacer justicia a los familiares de los periodistas asesinados en el estado de Veracruz y de las decenas de desaparecidos es necesario romper con las cadenas de impunidad.
El mensaje se dio en una entrevista tras una reunión casual e informal con uno de los personajes de mayor cercanía con el gobernador electo Miguel Ángel Yenes Linares, José Luis Lagunas López.
Es un hecho que el gobernador electo cuenta con un amplio respaldo o al menos institucional del gobierno federal y que sus declaraciones cuentan con el aval del altiplano, por eso el Subsecretario de Derechos Humanos estableció en su declaración que el castigo debe aplicarse a los autores materiales de los crímenes pero también a los autores intelectuales o quienes permiten la impunidad que fermenta ese tipo de delitos en los que Veracruz ocupa lamentables primeros lugares.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario