Ciudad de México.- Durante este viernes, primer día en que entró en vigor la nueva Norma Emergente de Verificación Vehicular NOM-167 en la llamada Megalópolis, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió 52 líneas de medición de emisiones en 14 de 17 verificentros inspeccionados.
La Profepa informó que para las revisiones formó 16 brigadas en la que participaron 64 inspectores federales y abogados, quienes inspeccionarán los 447 verificentros de la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
El procurador Guillermo Haro Bélchez, junto con funcionarios de la propia dependencia, supervisó el trabajo de los inspectores en tres verificentros de la capital y el Estado de México (uno para verificación de transporte público federal y dos para transporte particular), además de un puesto móvil con sensor remoto.
La Profepa dejó claro que las medidas de seguridad se levantarán hasta que se cumpla con las normas ordenadas por las autoridades, pero el proceso administrativo garantiza el derecho de audiencia y plazos para presentar pruebas.
Las sanciones pueden alcanzar hasta 50 mil salarios mínimos por cada irregularidad y en caso de incumplir o reincidir la autoridad federal podrá solicitarse a las autoridades locales la suspensión o cancelación de las concesiones, recordó.
La Profepa informó que para las revisiones formó 16 brigadas en la que participaron 64 inspectores federales y abogados, quienes inspeccionarán los 447 verificentros de la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
El procurador Guillermo Haro Bélchez, junto con funcionarios de la propia dependencia, supervisó el trabajo de los inspectores en tres verificentros de la capital y el Estado de México (uno para verificación de transporte público federal y dos para transporte particular), además de un puesto móvil con sensor remoto.
La Profepa dejó claro que las medidas de seguridad se levantarán hasta que se cumpla con las normas ordenadas por las autoridades, pero el proceso administrativo garantiza el derecho de audiencia y plazos para presentar pruebas.
Las sanciones pueden alcanzar hasta 50 mil salarios mínimos por cada irregularidad y en caso de incumplir o reincidir la autoridad federal podrá solicitarse a las autoridades locales la suspensión o cancelación de las concesiones, recordó.
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