México.- El exsecretario de Finanzas y Planeación, (Sefiplan), Salvador Manzur Diaz –hoy delegado federal del Banco Nacional de Obras-, el exsubsecretario de Sefiplan, Gabriel Deantes Ramos –hasta hace unos días, secretario del Trabajo y Previsión Social- y el exsubsecretario de Egresos de la misma dependencia, Carlos Aguirre Morales, tramitaron ayer sendos amparos ante Miguel Ángel González Limón, juez segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El amparo concedido ayer mismo los pone en salvaguarda en “contra de cualquier acto privativo de libertad” ante jueces locales, jueces federales, agencias del Ministerio Público, agencias del Ministerio Público Federal y la propia Procuraduría General de la República (PGR).
En la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal fueron publicados los números de expediente 732/2016, 735/2016, 737/2016, de cada uno de los funcionarios que durante el sexenio formaron parte del círculo cercano del priista, Javier Duarte de Ochoa.
Para la fianza de dicho amparo, cada funcionario veracruzano tuvo que depositar la módica cantidad de 4 mil pesos.
Apro tuvo acceso a las primeras capturas de pantalla cuando se subió a la plataforma la estadística judicial, aunque después inexplicablemente fueron borradas.
El amparo de los tres funcionarios de Sefiplan se da en el contexto de que el gobierno de Duarte está sumido en una deuda pública de 44 mil millones de pesos; un impago a la Universidad Veracruzana de mil millones de pesos; el Instituto de Pensiones del Estado quebrado; el pasivo de 13 mil millones de pesos a contratistas y proveedores, el cual tendrá que ser pagado por las próximas dos administraciones estatales; así como 26 denuncias ante la PGR interpuestas por el departamento jurídico de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por peculado, malversación de recursos públicos y uso indebido de funciones.
El historial de estos tres funcionarios que cohabitaron en el sexenio de Duarte es por demás polémico, Salvador Manzur Díaz fue uno de los funcionarios estatales bajo investigación por su presunta participación en una red de ‘mapaches’ electorales, en la que estuvieron involucrados el propio gobernador Javier Duarte y la exsecretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles Berlanga.
Incluso, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) confirmó que estuvo en curso la investigación por el presunto uso de programas sociales con fines electorales en el estado de Veracruz.
Aunque Manzur fue despedido, un año y medio después el gobierno de Enrique Peña Nieto lo rehabilitó a la función pública como delegado federal de Banobras.
Aunque, Gabriel Deantes Ramos fue despedido como subsecretario de Sefiplan por “traicionar la confianza del gobernador” –según consignó un comunicado oficial- un año después fue rehabilitado como secretario de Trabajo y Previsión Social.
El comunicado, en aquel entonces, consignaba que Deantes estaba sujeto a una “investigación” sobre sus bienes muebles e inmuebles, además de que los mismos priistas filtraron a la prensa las múltiples propiedades que el supuesto tamaulipeco tiene en el exclusivo fraccionamiento residencial Las Animas, dos de las cuales abarcan una manzana completa, así como dos plazas comerciales de su propiedad y de construcción reciente.
En tanto que Carlos Aguirre Morales fue inhabilitado el año anterior por tres años, por omitir información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y por no solventar observaciones de las cuentas públicas 2008, 2009, 2010 y 2011.
El amparo concedido ayer mismo los pone en salvaguarda en “contra de cualquier acto privativo de libertad” ante jueces locales, jueces federales, agencias del Ministerio Público, agencias del Ministerio Público Federal y la propia Procuraduría General de la República (PGR).
En la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal fueron publicados los números de expediente 732/2016, 735/2016, 737/2016, de cada uno de los funcionarios que durante el sexenio formaron parte del círculo cercano del priista, Javier Duarte de Ochoa.
Para la fianza de dicho amparo, cada funcionario veracruzano tuvo que depositar la módica cantidad de 4 mil pesos.
Apro tuvo acceso a las primeras capturas de pantalla cuando se subió a la plataforma la estadística judicial, aunque después inexplicablemente fueron borradas.
El amparo de los tres funcionarios de Sefiplan se da en el contexto de que el gobierno de Duarte está sumido en una deuda pública de 44 mil millones de pesos; un impago a la Universidad Veracruzana de mil millones de pesos; el Instituto de Pensiones del Estado quebrado; el pasivo de 13 mil millones de pesos a contratistas y proveedores, el cual tendrá que ser pagado por las próximas dos administraciones estatales; así como 26 denuncias ante la PGR interpuestas por el departamento jurídico de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por peculado, malversación de recursos públicos y uso indebido de funciones.
El historial de estos tres funcionarios que cohabitaron en el sexenio de Duarte es por demás polémico, Salvador Manzur Díaz fue uno de los funcionarios estatales bajo investigación por su presunta participación en una red de ‘mapaches’ electorales, en la que estuvieron involucrados el propio gobernador Javier Duarte y la exsecretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles Berlanga.
Incluso, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) confirmó que estuvo en curso la investigación por el presunto uso de programas sociales con fines electorales en el estado de Veracruz.
Aunque Manzur fue despedido, un año y medio después el gobierno de Enrique Peña Nieto lo rehabilitó a la función pública como delegado federal de Banobras.
Aunque, Gabriel Deantes Ramos fue despedido como subsecretario de Sefiplan por “traicionar la confianza del gobernador” –según consignó un comunicado oficial- un año después fue rehabilitado como secretario de Trabajo y Previsión Social.
El comunicado, en aquel entonces, consignaba que Deantes estaba sujeto a una “investigación” sobre sus bienes muebles e inmuebles, además de que los mismos priistas filtraron a la prensa las múltiples propiedades que el supuesto tamaulipeco tiene en el exclusivo fraccionamiento residencial Las Animas, dos de las cuales abarcan una manzana completa, así como dos plazas comerciales de su propiedad y de construcción reciente.
En tanto que Carlos Aguirre Morales fue inhabilitado el año anterior por tres años, por omitir información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y por no solventar observaciones de las cuentas públicas 2008, 2009, 2010 y 2011.
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