Ciudad de México.- Dejaron al País sumido en crisis, en violencia, con miles de desaparecidos que parecieran haber sido tragados por la tierra, con grupos fuera de la ley al alza –al igual que crímenes como secuestro, extorsión, asesinatos, levantones y asaltos imparables- y, sin embargo, a los ex Presidentes de la República se les sigue pagando no solo un salario –con el dinero de los mexicanos agraviados- sino que, aunque ya no son servidores públicos en activo, los 5 que aún están vivos (Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Luis Echeverría) cuentan con un seguro de vida gratuito que permitirá a sus familiares beneficiarios recibir al momento de la muerte de alguno, montos que van de los 22 a los 35 millones de pesos, algo que resulta inaudito en una Nación en crisis, gracias, precisamente a sus erróneas gestiones.
En ese sentido, las esposas de los 5 ex presidentes están incluidas en un seguro de vida institucional contratado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (el cual renueva cada 4 años la dependencia con aseguradoras privadas para proteger a los funcionarios de la administración pública federal), por lo que ellas también están aseguradas como si fueran funcionarios en activo. Según consta en el anexo cuarto del ‘‘contrato plurianual del seguro de vida institucional para las secretarías, órganos administrativos desconcentrados, entidades y organismos autónomos de la República (LPNM006004-008/2010)’’, que estuvo vigente del año 2010 a diciembre de 2014, una vez que fallezca alguna de las esposas de los ex presidentes vivos, sus beneficiarios recibirán una cobertura de protección equivalente a 80 por ciento del monto de la pensión vitalicia de sus esposos (tasada en 205 mil 122 pesos mensuales).
Esa cantidad se multiplica por 108 y hasta 175 meses, de acuerdo con el total de meses en que los propios ex presidentes potenciaron (con sus recursos) para aumentar el tiempo de la cobertura del seguro, que incluye 40 meses de cobertura gratuita para ellos, pero con cargo al erario. Por ahora y hasta 2018, Grupo Nacional Provincial (GNP) tiene la titularidad del contrato de protección de seguro institucional de servidores públicos. Esa protección incluye las mismas condiciones que el que tuvo antes Metlife. La Constitución Mexicana no prevé la prestación de un seguro de vida gratuito para los ex presidentes, ni mucho menos para sus esposas.
El artículo 30 de un acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que expide el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, menciona de manera ambigua que los ex presidentes y sus cónyuges forman parte ‘‘de la colectividad o del grupo asegurable’’ de la Oficina de la Presidencia de la República. En el área de contrataciones del portal de transparencia del gobierno se informa que el monto total que Hacienda pagó en 2010 a la aseguradora Metlife (ganadora en esa ocasión de la licitación pública) por concepto del seguro de vida institucional para servidores públicos fue de 7 mil 413 millones 526 mil 400 pesos por 3 años de vigencia.
Como fuera, el gobierno Federal pasa, actualmente, por una crisis financiera derivada del alto endeudamiento. Por ello, en días pasados la SHCP presentó el proyecto de presupuesto para el siguiente año, que implica un considerable recorte a obra pública, educación, salud y otros sectores sociales, pero dejó intocados los sueldos y prestaciones de la alta burocracia, entre ellas el beneficio para los ex presidentes y sus esposas de un seguro de vida gratuito.
En ese sentido, las esposas de los 5 ex presidentes están incluidas en un seguro de vida institucional contratado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (el cual renueva cada 4 años la dependencia con aseguradoras privadas para proteger a los funcionarios de la administración pública federal), por lo que ellas también están aseguradas como si fueran funcionarios en activo. Según consta en el anexo cuarto del ‘‘contrato plurianual del seguro de vida institucional para las secretarías, órganos administrativos desconcentrados, entidades y organismos autónomos de la República (LPNM006004-008/2010)’’, que estuvo vigente del año 2010 a diciembre de 2014, una vez que fallezca alguna de las esposas de los ex presidentes vivos, sus beneficiarios recibirán una cobertura de protección equivalente a 80 por ciento del monto de la pensión vitalicia de sus esposos (tasada en 205 mil 122 pesos mensuales).
Esa cantidad se multiplica por 108 y hasta 175 meses, de acuerdo con el total de meses en que los propios ex presidentes potenciaron (con sus recursos) para aumentar el tiempo de la cobertura del seguro, que incluye 40 meses de cobertura gratuita para ellos, pero con cargo al erario. Por ahora y hasta 2018, Grupo Nacional Provincial (GNP) tiene la titularidad del contrato de protección de seguro institucional de servidores públicos. Esa protección incluye las mismas condiciones que el que tuvo antes Metlife. La Constitución Mexicana no prevé la prestación de un seguro de vida gratuito para los ex presidentes, ni mucho menos para sus esposas.
El artículo 30 de un acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que expide el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, menciona de manera ambigua que los ex presidentes y sus cónyuges forman parte ‘‘de la colectividad o del grupo asegurable’’ de la Oficina de la Presidencia de la República. En el área de contrataciones del portal de transparencia del gobierno se informa que el monto total que Hacienda pagó en 2010 a la aseguradora Metlife (ganadora en esa ocasión de la licitación pública) por concepto del seguro de vida institucional para servidores públicos fue de 7 mil 413 millones 526 mil 400 pesos por 3 años de vigencia.
Como fuera, el gobierno Federal pasa, actualmente, por una crisis financiera derivada del alto endeudamiento. Por ello, en días pasados la SHCP presentó el proyecto de presupuesto para el siguiente año, que implica un considerable recorte a obra pública, educación, salud y otros sectores sociales, pero dejó intocados los sueldos y prestaciones de la alta burocracia, entre ellas el beneficio para los ex presidentes y sus esposas de un seguro de vida gratuito.
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