Veracruz.- Sin duda, un martes “negro” para el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, pues lo mismo fue denunciado en televisión abierta por el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal por un faltante superior a los 35 mil millones de pesos que debió reintegrar a la Federación, que por empresarios que acusan adeudos de empleados gubernamentales por 1 mil 45 millones de pesos que el Gobierno del Estado ya les descontó, pero que no entregó a las casas comerciales que, en consecuencia, los mantienen en el buró de crédito.
Y quienes enfrentan esa situación, “por culpa del Gobierno del Estado”, dice Iván Gidi, director de la financiera Intermercados son profesores, trabajadores de salud e infinidad de burócratas, -más de 1 mil 400- pues han sido boletinados en el llamado “buró de crédito” sin ser responsables de nada, ya que ellos si han pagado vía descuentos en nómina, pero el Gobierno no ha entregado ese dinero a las empresas.
En despierta con Carlos Loret de Mola, quedó claro que el dinero descontado a la burocracia que enfrenta deuda con casas comerciales, no formaba parte de ningún presupuesto y, por lo tanto, se tenía que ir directo a las empresas pero no se hizo, y aunque el Gobierno reconoce en la gaceta oficial el adeudo, también, comenta que ya lo solventó lo que no es cierto.
Los adeudos de la administración duartista –que no de los trabajadores de Gobierno- es con aseguradoras, mueblerías, financieras y hasta el seguro de los trabajadores, y aunque Javier Duarte dice haber cancelado la clave con Intermercados por cobrar altos intereses a los empleados, lo cierto es que, tampoco, pagó los adeudos pendientes que rebasan los 1 mil 45 millones. En ese sentido, en el mismo reportaje, el diputado Julen Rementería denuncia que la desaparición de esos recursos es un delito que debe ser investigado, sobre todo porque Intermercados ha interpuesto denuncias que no son atendidas, dada la complicidad del Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras con el gobernador Duarte de Ochoa.
Por esa razón han sido denunciados el ex subsecretario de finanzas, Juan Manuel Castillo, actual diputado electo; Manuel Arellano, dirigente de la sección 56 del SNTE; Luisa Ángela Soto Maldonado, lideresa de la Secretaría de Salud; Ricardo Sandoval, director administrativo de Salud y Jesica Moreno Torres y Vicente Benítez, ex oficiales mayores de la SEV.
En el reportaje, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara denuncia, también, los descuentos que por concepto de ISR se hacían a los trabajadores de esa casa de estudios, recursos que, tampoco, eran reportados a la Secretaría de Hacienda, algo que fue denunciado en tiempo y forma, y en ese tenor, prestadores de servicio como el Presidente de la Asociación de Hoteleros, Fernando Ortíiz González, denuncia que el Gobierno duartista pretende pagar 11 mil 300 millones de pesos a proveedores y empresas constructoras con dinero del fideicomiso del 2 por ciento al hospedaje. Otras denuncias ya interpuestas corresponden a empresarios que fueron incluidos en el padrón de deudores aun cuando ya les habían liquidado, como Guillermo Ávila Devezze, lo que se infiere que “alguien” pretendía cobrar ¡otra vez! a su nombre, o el caso de la supuesta empresaria María Gudelia López Aguilar, quien esta anotada en dicho padrón con un adeudo de 60 millones de pesos por venta de Block a la Secretaría de Desarrollo Social y que, sin embargo, la empresa o distribuidora a su nombre no existe en la dirección fiscal que ofreció en Minatitlán –ya que ahí se encuentra instalado un taller mecánico-. En fin, como lo calificó Loret de Mola y lo asintió Juan Manuel Portal, “todo un cochinero”.
Gobernantes
Y quienes enfrentan esa situación, “por culpa del Gobierno del Estado”, dice Iván Gidi, director de la financiera Intermercados son profesores, trabajadores de salud e infinidad de burócratas, -más de 1 mil 400- pues han sido boletinados en el llamado “buró de crédito” sin ser responsables de nada, ya que ellos si han pagado vía descuentos en nómina, pero el Gobierno no ha entregado ese dinero a las empresas.
En despierta con Carlos Loret de Mola, quedó claro que el dinero descontado a la burocracia que enfrenta deuda con casas comerciales, no formaba parte de ningún presupuesto y, por lo tanto, se tenía que ir directo a las empresas pero no se hizo, y aunque el Gobierno reconoce en la gaceta oficial el adeudo, también, comenta que ya lo solventó lo que no es cierto.
Los adeudos de la administración duartista –que no de los trabajadores de Gobierno- es con aseguradoras, mueblerías, financieras y hasta el seguro de los trabajadores, y aunque Javier Duarte dice haber cancelado la clave con Intermercados por cobrar altos intereses a los empleados, lo cierto es que, tampoco, pagó los adeudos pendientes que rebasan los 1 mil 45 millones. En ese sentido, en el mismo reportaje, el diputado Julen Rementería denuncia que la desaparición de esos recursos es un delito que debe ser investigado, sobre todo porque Intermercados ha interpuesto denuncias que no son atendidas, dada la complicidad del Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras con el gobernador Duarte de Ochoa.
Por esa razón han sido denunciados el ex subsecretario de finanzas, Juan Manuel Castillo, actual diputado electo; Manuel Arellano, dirigente de la sección 56 del SNTE; Luisa Ángela Soto Maldonado, lideresa de la Secretaría de Salud; Ricardo Sandoval, director administrativo de Salud y Jesica Moreno Torres y Vicente Benítez, ex oficiales mayores de la SEV.
En el reportaje, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara denuncia, también, los descuentos que por concepto de ISR se hacían a los trabajadores de esa casa de estudios, recursos que, tampoco, eran reportados a la Secretaría de Hacienda, algo que fue denunciado en tiempo y forma, y en ese tenor, prestadores de servicio como el Presidente de la Asociación de Hoteleros, Fernando Ortíiz González, denuncia que el Gobierno duartista pretende pagar 11 mil 300 millones de pesos a proveedores y empresas constructoras con dinero del fideicomiso del 2 por ciento al hospedaje. Otras denuncias ya interpuestas corresponden a empresarios que fueron incluidos en el padrón de deudores aun cuando ya les habían liquidado, como Guillermo Ávila Devezze, lo que se infiere que “alguien” pretendía cobrar ¡otra vez! a su nombre, o el caso de la supuesta empresaria María Gudelia López Aguilar, quien esta anotada en dicho padrón con un adeudo de 60 millones de pesos por venta de Block a la Secretaría de Desarrollo Social y que, sin embargo, la empresa o distribuidora a su nombre no existe en la dirección fiscal que ofreció en Minatitlán –ya que ahí se encuentra instalado un taller mecánico-. En fin, como lo calificó Loret de Mola y lo asintió Juan Manuel Portal, “todo un cochinero”.
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