Estado de México.- Por tercera ocasión, las construcciones de la autopista La Marquesa-Toluca y del Tren Interurbano México-Toluca fueron interrumpidas por un grupo de ejidatarios de San Juan Coapanoaya y Ocoyoacac, quienes denuncian el robo de sus predios.
Desde hace unos días los ejidatarios revelaron que sus tierras ya están siendo utilizadas y aún no se les ha pagado la indemnización.
Asimismo argumentaron que, desde el pasado mes de enero, los comuneros de San Juan Coapanoaya lograron el amparo 01/2016-I del Juzgado Tercero de Distrito, con sede en la ciudad de Toluca, para detener las obras que se realizan en sus terrenos, pero la empresa GAP, contratada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para la liberación de los terrenos ofreció a los comuneros pagar la indemnización correspondiente para no aplicar dicho amparo.
A siete meses, los trabajos siguen avanzando y ellos no han recibido pago alguno por los terrenos ejidales que suman aproximadamente de 26 a 33 hectáreas.
Aunque los afectados aseguran se encuentran abiertos al diálogo, se mantendrán firmes en su postura y no dejarán que las obras avancen, asimismo ya planean tomarán otras medidas más drásticas si no les resuelven en breve.
Cabe destacar también que cinco comunidades de estos ejidos se han visto afectados por las obras, ya que quedaron aislados por el Tren Interurbano y la nueva autopista, por lo que piden a las autoridades arreglar los daños de movilidad.
Desde hace unos días los ejidatarios revelaron que sus tierras ya están siendo utilizadas y aún no se les ha pagado la indemnización.
Asimismo argumentaron que, desde el pasado mes de enero, los comuneros de San Juan Coapanoaya lograron el amparo 01/2016-I del Juzgado Tercero de Distrito, con sede en la ciudad de Toluca, para detener las obras que se realizan en sus terrenos, pero la empresa GAP, contratada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para la liberación de los terrenos ofreció a los comuneros pagar la indemnización correspondiente para no aplicar dicho amparo.
A siete meses, los trabajos siguen avanzando y ellos no han recibido pago alguno por los terrenos ejidales que suman aproximadamente de 26 a 33 hectáreas.
Aunque los afectados aseguran se encuentran abiertos al diálogo, se mantendrán firmes en su postura y no dejarán que las obras avancen, asimismo ya planean tomarán otras medidas más drásticas si no les resuelven en breve.
Cabe destacar también que cinco comunidades de estos ejidos se han visto afectados por las obras, ya que quedaron aislados por el Tren Interurbano y la nueva autopista, por lo que piden a las autoridades arreglar los daños de movilidad.
Supremo
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