Veracruz.- Mordiéndose los labios, a la directora de la Editora de Gobierno del estado, Elvira Valentina Arteaga Vega, y al director de la Gaceta Oficial, Enrique Alejandro Galindo Martínez, no les ha quedado más remedio que publicar, la noche del lunes, el número extraordinario 394 de ese periódico oficial para dar a conocer la sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad número 56/2016, promovida por la Procuraduría General de la República en contra de los decretos 880, 881, 882, 883, 887 y 892, emitidos y promulgados por el Congreso local y el gobernador del estado en junio pasado sobre la llamada ley anticorrupción, cuando Javier Duarte de Ochoa quería nombrar a un fiscal a modo para cuidarle las espaldas a la hora de huir de Veracruz. Ambos funcionarios seguramente recordaron el caso de Domingo Yorio Saqui, director general de Catastro y Valuación, quien por decir que “no había encontrado” datos sobre las propiedades de Javier Duarte de Ochoa y su parentela, y en cambio halló con asombrosa rapidez todo lo relativo a las propiedades del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, pasó de ser testigo a indiciado por la PGR, y en un descuido hasta podría ir a la cárcel. Por ello la directora de la Editora y el director de la Gaceta Oficial acataron plenamente la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicaron el documento donde se detalla que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad en contra de las Legislaturas de los estados de Quintana Roo y Veracruz, para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción con reformas que aprobaron y publicaron. La PGR determinó como argumento que ambos gobiernos estatales -el de Roberto Borge Angulo, quien ya entregó el mando hace unos días en Quintana Roo, y Javier Duarte de Ochoa, que lo hará, si llega, el próximo primero de diciembre- a través de sus congresos locales con mayoría priista a su servicio, aprobaron diversas reformas y realizaron diversos actos “que no son acordes al sentido y fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, que tuvo como objetivo concretar un sistema de mecanismos que permitan frenar el abuso del poder, no propiciarlo”, señala. La SCJN, agrega, “analizó tales hechos y resolvió declarar la invalidez total de los decretos 880, 881 y 882 publicados -los dos primeros- el diez de junio pasado, y el tercero el 13 del mismo mes en la misma Gaceta del Estado, por lo que se adicionaron, reformaron y derogaron diversos artículos de la Constitución Política local; de los decretos 883 y 887, publicados en la misma Gaceta el 28 de junio, a través de los que se reformaron y adicionaron, respectivamente, diversos numerales de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambos ordenamientos del Estado de Veracruz, así como del decreto 892 publicado en el periódico oficial el 1 de julio por el que se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y precisan la PGR y la SCJN “en la inteligencia de que las declaraciones decretadas en este fallo surtirán efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado Veracruz”. También apunta que “en el punto tercero del resolutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso que éste se publicara en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Veracruz y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”, y pues a Javier, que quiso jugar con Sansón a las patadas, no le ha quedado más remedio que ordenar a sus empleados que publicaran tales disposiciones en ese número extraordinario que ha salido la noche del pasado lunes para quien lo quiera consultar.
Gobernantes
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