Ciudad de México.- La Cámara de Diputados recibió del Senado de la República una minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política, en materia de justicia laboral.
El propósito del documento, que fue enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, con opinión de la de Trabajo y Previsión Social, es transferir la impartición de la justicia del trabajo individual y colectivo al ámbito del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, que hasta hoy está confiada a las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje.
También, busca formular una referencia genérica a estos órganos, para agruparlos en la figura de tribunales laborales, así como ampliar la dimensión de las tareas de conciliación, en un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo.
A este organismo le corresponderá el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados; contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Regirá su actuación por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad; su titular será designado por la Cámara de Senadores, a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo.
El propósito del documento, que fue enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, con opinión de la de Trabajo y Previsión Social, es transferir la impartición de la justicia del trabajo individual y colectivo al ámbito del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, que hasta hoy está confiada a las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje.
También, busca formular una referencia genérica a estos órganos, para agruparlos en la figura de tribunales laborales, así como ampliar la dimensión de las tareas de conciliación, en un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo.
A este organismo le corresponderá el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados; contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Regirá su actuación por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad; su titular será designado por la Cámara de Senadores, a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo.
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