Ciudad de México.- La Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del Gobierno Federal, acordó crear un grupo de trabajo, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para analizar modificaciones al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de evitar prácticas que propicien el desvío de recursos públicos.
En reunión con funcionarios de la ASF, integrantes de esta instancia legislativa convinieron realizar un punto de acuerdo para exhortar a este organismo a informar sobre las denuncias que han presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública, a fin de conocer por qué no se han emitido resultados al respecto.
La presidenta de la Comisión Especial, diputada Claudia Corichi García (MC), indicó que los legisladores están comprometidos con la transparencia, tema recurrente en varias administraciones federales, en estados y municipios, por lo que “tenemos que tomar medidas al respecto”.
Dijo que uno de los temas más polémicos y de principal interés para la ciudadanía, en materia de transparencia y combate a la corrupción, es el de las compras del gobierno federal, por lo que representa un enorme reto.
Por ello, continuó, al refrendar este compromiso, la Comisión Especial vigilará la imparcialidad, la transparencia y los procesos de compras en las licitaciones públicas y en adjudicaciones directas, buscando en todo momento contribuir a erradicar prácticas corruptas en el desvío de recursos.
El auditor especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, de la ASF, Fernando Cervantes Flores, solicitó a los diputados analizar “a profundidad” el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de “poner candados que permitan evitar actos de corrupción”.
Al respecto, señaló que “las contrataciones de amparo”, a las que hace referencia el artículo primero de la citada norma, la ASF determinó que constituyen un área en la que se registra recurrencia de prácticas que propician el desvío de recursos públicos.
“Actualmente, existen elementos en este precepto que son susceptibles de interpretación de los servidores públicos responsables de aplicar la norma, por lo que se propician actos irregulares”, explicó.
La ASF, precisó, ha detectado que las universidades contratadas bajo este esquema, que recurrieron a mecanismos de subcontratación mayores al 49 por ciento, contribuyeron a encarecer los costos y abrir espacios para prácticas irregulares. En la mayoría de los casos, agregó, no existe evidencia de los bienes y servicios que adquirieron, generando una desviación de recursos.
Por otra parte, refirió que, en cuanto a la compra de medicamentos del IMSS y del ISSSTE, existen funcionarios que no cumplen con sus funciones en la supervisión del abasto de fármacos; sin embargo, no se les sanciona, ya que, “en los últimos 10 años, el 98 por ciento de las promociones de responsabilidades administrativas remitidas a la Secretaría de la Función Pública, se ha desechado”.
Empero, manifestó, la ASF, con el Sistema Nacional Anticorrupción, podrá hacer denuncias penales en cuanto al proceso de responsabilidades administrativas graves y no graves, ya que “el mecanismo actual no ha funcionado”.
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