Ciudad de México.- De las 2 mil 533 acusaciones contra el Ejército por violación a Derechos Humanos, sólo en 12 (0.47%) se aportaron pruebas y concluyeron en recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Así lo revela el más reciente informe de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena): del total de las recomendaciones, dos ya fueron concluidas y las 10 restantes están en proceso.
Explica que como parte de la constante capacitación al personal castrense, hay un drástico descenso en el número de quejas (55%), al pasar de 836 en 2013, primer año de gobierno de Enrique Peña, a 464 en 2016.
Un 90% de las quejas son iniciadas por civiles que se dicen agraviados por las acciones operativas que el Ejército realiza contra el crimen organizado y el restante 10% la presentó el propio personal militar.
Agregó que de las 2 mil 533 quejas notificadas por la CNDH entre el 1 de diciembre del 2012 al 15 de febrero de 2017, 2 mil 219 fueron concluidas por el propio organismo y 314 están aún en trámite.
Explicó que de las quejas concluidas, mil 195 (53.85%) se resolvieron por la vía de la orientación jurídica al quejoso, ya que lo que manifestó como agravio no corresponde a violación de derechos humanos.
Otras 567 quejas (25.73%) fueron concluidas por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja, y 234 casos (10.55%) acabaron en el trámite respectivo. En 98 casos (4.42%) el quejoso solucionó su inconformidad mediante los procedimientos de conciliación, y en 44 (1.98%) hubo un acuerdo de acumulación de expedientes por un mismo hecho y se presentaron varias quejas ante la CNDH.
Según el informe de la Defensa Nacional, 23 expedientes (1.04%) acabaron por falta de interés del quejoso, quien inició la queja y no se volvió a presentar ante la CNDH.
Otros 22 (0.99%) se cerraron por desistimiento del quejoso, 19 (0.86%) porque la queja que se presentó terminó por no ser competencia de la CNDH y 6 (0.27%) porque se envió a la autoridad o servidor público señalado como responsable, un documento de no responsabilidad.
Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional precisó que cuatro de las 12 recomendaciones recibidas en la presente administración fueron por hechos ocurridos durante el gobierno panista de Felipe Calderón. Se trata de las recomendaciones inscritas en los expedientes 2/2013 (ya concluida); 57/2013; 33/2015 y 42/2016.
Tres de estos casos se refieren a cateos ilegales, dos en Baja California y uno en Guerrero; el otro se refiere a una privación de la vida y trato indigno, durante un enfrentamiento, ocurrido el 26 de abril de 2010 en el rancho El Puerto, en el municipio de General Bravo, Nuevo León, donde el Ejército rescató a siete personas secuestradas.
Las ocho restantes son: 19/2013 (concluida), 51/2014; 3VG/2015; 2/2016; 29/2016; 37/2016, 65/2016 y 4/2017. Una es por hechos ocurridos en julio de 2015 en Aquila, Michoacán, y otra por violaciones graves, uso excesivo de la fuerza y ejecución extrajudicial, el 6 de enero de 2015, en Apatzingán, Michoacán.
Otro caso fue por faltas a la inviolabilidad del domicilio, violación a la seguridad jurídica e integridad personal, allanamiento y actos de tortura en San Luis Potosí; dos más por agresión sexual, uno en Nuevo Laredo, Tamaulipas y otro en la escuela Médico Militar.
Las tres restantes son por un cateo ilegal en Tijuana, Baja California, por los hechos del 30 de junio de 2014 en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 presuntos delincuentes que enfrentaron al personal militar, y por una detención arbitraria y cateo ilegal, así como tortura, en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
Así lo revela el más reciente informe de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena): del total de las recomendaciones, dos ya fueron concluidas y las 10 restantes están en proceso.
Explica que como parte de la constante capacitación al personal castrense, hay un drástico descenso en el número de quejas (55%), al pasar de 836 en 2013, primer año de gobierno de Enrique Peña, a 464 en 2016.
Un 90% de las quejas son iniciadas por civiles que se dicen agraviados por las acciones operativas que el Ejército realiza contra el crimen organizado y el restante 10% la presentó el propio personal militar.
Agregó que de las 2 mil 533 quejas notificadas por la CNDH entre el 1 de diciembre del 2012 al 15 de febrero de 2017, 2 mil 219 fueron concluidas por el propio organismo y 314 están aún en trámite.
Explicó que de las quejas concluidas, mil 195 (53.85%) se resolvieron por la vía de la orientación jurídica al quejoso, ya que lo que manifestó como agravio no corresponde a violación de derechos humanos.
Otras 567 quejas (25.73%) fueron concluidas por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja, y 234 casos (10.55%) acabaron en el trámite respectivo. En 98 casos (4.42%) el quejoso solucionó su inconformidad mediante los procedimientos de conciliación, y en 44 (1.98%) hubo un acuerdo de acumulación de expedientes por un mismo hecho y se presentaron varias quejas ante la CNDH.
Según el informe de la Defensa Nacional, 23 expedientes (1.04%) acabaron por falta de interés del quejoso, quien inició la queja y no se volvió a presentar ante la CNDH.
Otros 22 (0.99%) se cerraron por desistimiento del quejoso, 19 (0.86%) porque la queja que se presentó terminó por no ser competencia de la CNDH y 6 (0.27%) porque se envió a la autoridad o servidor público señalado como responsable, un documento de no responsabilidad.
Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional precisó que cuatro de las 12 recomendaciones recibidas en la presente administración fueron por hechos ocurridos durante el gobierno panista de Felipe Calderón. Se trata de las recomendaciones inscritas en los expedientes 2/2013 (ya concluida); 57/2013; 33/2015 y 42/2016.
Tres de estos casos se refieren a cateos ilegales, dos en Baja California y uno en Guerrero; el otro se refiere a una privación de la vida y trato indigno, durante un enfrentamiento, ocurrido el 26 de abril de 2010 en el rancho El Puerto, en el municipio de General Bravo, Nuevo León, donde el Ejército rescató a siete personas secuestradas.
Las ocho restantes son: 19/2013 (concluida), 51/2014; 3VG/2015; 2/2016; 29/2016; 37/2016, 65/2016 y 4/2017. Una es por hechos ocurridos en julio de 2015 en Aquila, Michoacán, y otra por violaciones graves, uso excesivo de la fuerza y ejecución extrajudicial, el 6 de enero de 2015, en Apatzingán, Michoacán.
Otro caso fue por faltas a la inviolabilidad del domicilio, violación a la seguridad jurídica e integridad personal, allanamiento y actos de tortura en San Luis Potosí; dos más por agresión sexual, uno en Nuevo Laredo, Tamaulipas y otro en la escuela Médico Militar.
Las tres restantes son por un cateo ilegal en Tijuana, Baja California, por los hechos del 30 de junio de 2014 en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 presuntos delincuentes que enfrentaron al personal militar, y por una detención arbitraria y cateo ilegal, así como tortura, en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
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