Ciudad de México.- Uno de los mayores problemas que detonan todos los demás conflictos en México de todo tipo es la impunidad a resultas de las amplísimas redes de complicidad y la creciente y escandalosa corrupción. Ésta, lamentable y dolorosamente, se ha consolidado como la columna vertebral del sistema político mexicano sin que parezca que haya salida.
A ello contribuye en mucho “la mafia del poder” de la partidocracia que abarca a todos los partidos por igual, incluyendo, por supuesto, a Manuel Andrés López Obrador (MALO) y su Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mafia de la que él proviene, pues antes fue priista y luego perredista, por más que ahora se sienta puro e impoluto.
Con todo y que las más de las veces las leyes vigentes en México no se respetan ni se hacen respetar es urgente y vital garantizar a plenitud la libertad de expresión y de prensa en el ejercicio periodístico, a fin de evitar que continúen los atentados y asesinatos de periodistas.
Que los gobernados de los estados de la República no recurran, sin investigaciones exhaustivas, al cómodo y fácil expediente de culpar a las bandas del crimen organizado o a los cárteles de los atentados y asesinatos de periodistas, porque muchas veces los ataques provienen de los propios gobiernos.
Para cualquier sicario gubernamental es muy fácil dejar un supuesto narcomensaje en el cuerpo del periodista asesinado para desviar la atención de las investigaciones policías o bien, justificar la impunidad total del mismo atribuyendo la ejecución a la delincuencia organizada.
El mayor problema de México en materia de seguridad pública y nacional no es per se, es decir, por sí mismo, el crimen organizado y el narcotráfico, con todo y ser grave por su enorme poder corruptor, sino la narcopolítica y la narcoeconomía por la complicidad con gobernantes, políticos y funcionarios públicos, así como con empresarios.
Reiteramos que los periodistas mexicanos no somos enemigos del Estado ni del Gobierno mexicanos, mucho menos somos enemigos de las bandas del crimen organizado y de los cárteles del narcotráfico. Tampoco les traicionamos porque, sin descartar deshonrosas excepciones, no somos sus cómplices ni socios.
Quienes traicionan y roban a los jefes de las bandas del crimen organizado y a los capos de los cárteles del narcotráfico son los gobernantes, políticos y funcionarios, a pesar que cada vez más son los primeros los que financian las campañas de éstos últimos.
A quienes lo duden por ignornancia, ingenuidad o abierta complicidad, ahí está el caso más reciente de El Chapo, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, apoyado y protegido oficialmente mientras fue útil y necesario, después se le entregó como chivo expiatorio a los gringos.
Han pasado más de 100 horas del lamentable y artero asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea, a la fecha, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no ha logrado la captura de los presuntos homicidas materiales e intelectuales para llevarlos ante la justicia y obligarlos a pagar por su artero y cobarde crimen.
Ante tal impunidad, evidente, pública y notoria, los integrantes del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, por conducto de su presidente Rafael Cano Franco, de nueva cuenta alzamos la voz y exigimos al gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral Jurado y al gobierno federal de Enrique Peña Nieto que el homicidio no quede sin castigo como tantos otros.
A los periodistas, comunicadores y la ciudadanía en general no nos convencen los avances hasta ahora alcanzados en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y divulgados escuetamente por el gobernador, a través de los medios de comunicación.
Ni tampoco nos conformamos con su palabra empeñada que su gobierno tiene “avances importantes” para capturar a los responsables del asesinato de la periodista Miroslava Breach.
Señor gobernador le recordamos que usted igualmente prometió presentar ante la justicia a los homicidas del periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, reportero de Antena Radio de Chihuahua, asesinado el pasado 10 de diciembre en la ciudad de Chihuahua, y a la fecha no ha cumplido su promesa.
Su gobierno como cualquier otro a lo largo y ancho del país, se justifica en la medida en que garantice la seguridad de sus gobernados, así como la impartición de justicia pronta y expedita como lo marca nuestra Carta Magna. En este sentido, es válido que como ciudadanos reclamemos el esclarecimiento del crimen de nuestra compañera Miroslava.
Igualmente, pedimos que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua realice una investigación seria, pulcra y transparente, que evite la fabricación de falsos culpables o “chivos expiatorios”, como ha ocurrido en el pasado en administraciones que se encontraban bajo la presión social y mediática por asuntos del interés colectivo.
No queremos que se vayan a alterar los procesos legales y exigimos que la integración de las carpetas de investigación sean apegadas al marco jurídico legal penal, y así evitar que en el futuro no se sitúe a los presuntos responsables en la antesala de la “puerta giratoria” que les permita obtener su libertad de un momento a otro.
También le pedimos al gobierno estatal de Chihuahua manifestarse a favor de las iniciativas que den luz a la Ley de Protección de Periodistas, proyecto que actualmente mantiene en la congeladora el Congreso local.
Exigimos al gobernador Javier Corral Jurado que exhorte al poder legislativo del estado a iniciar un periodo extraordinario para que dicho proyecto de ley sea analizado, discutido y aprobado, con el fin de fortalecer y proporcionar las garantías indispensables para el ejercicio de la actividad periodística. Debe garantizar a los periodistas la protección del Estado para el ejercicio libre de la profesión.
En cuanto a su relación con los medios, pedimos que el titular del ejecutivo estatal debe ser el promotor de una relación cordial y de respeto. Creemos que el gobernador debe cambiar su discurso, promover el diálogo y la armonía entre todos los medios de comunicación.
Al gobierno federal reclamamos que envié a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que coadyuve en las investigaciones en el asesinato de Miroslava Breach Velducea.
“Ya los decíamos anteriormente y hoy lo reafirmamos, el común denominador de los homicidios de periodistas es la impunidad y eso pasa cuando un gobierno se vuelve insensible a las solicitudes de los periodistas en el sentido de garantizar su seguridad y el ejercicio pleno de la libertad de expresión”.
En menos de un año del gobierno de Javier Corral Jurado ya hay dos periodistas asesinados en Chihuahua, eso indica la insensibilidad de su gobierno para atender y escuchar a los grupos de periodistas que le exigen más acciones y reclaman su atención.
Ayer fue Adrián, hoy es Miroslava ¿Mañana quién? ¿Cuántos más señor gobernador para que se atienda y se ocupe de brindar garantías a los periodistas y comunicadores?
Los periodistas no toleraremos un asesinato más de periodistas y su gobierno está obligado a generar las garantías de seguridad y certeza de que habrá castigo y cero impunidad ante cualquier tipo de agresión, no pedimos más y no aceptamos menos.
A ello contribuye en mucho “la mafia del poder” de la partidocracia que abarca a todos los partidos por igual, incluyendo, por supuesto, a Manuel Andrés López Obrador (MALO) y su Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mafia de la que él proviene, pues antes fue priista y luego perredista, por más que ahora se sienta puro e impoluto.
Con todo y que las más de las veces las leyes vigentes en México no se respetan ni se hacen respetar es urgente y vital garantizar a plenitud la libertad de expresión y de prensa en el ejercicio periodístico, a fin de evitar que continúen los atentados y asesinatos de periodistas.
Que los gobernados de los estados de la República no recurran, sin investigaciones exhaustivas, al cómodo y fácil expediente de culpar a las bandas del crimen organizado o a los cárteles de los atentados y asesinatos de periodistas, porque muchas veces los ataques provienen de los propios gobiernos.
Para cualquier sicario gubernamental es muy fácil dejar un supuesto narcomensaje en el cuerpo del periodista asesinado para desviar la atención de las investigaciones policías o bien, justificar la impunidad total del mismo atribuyendo la ejecución a la delincuencia organizada.
El mayor problema de México en materia de seguridad pública y nacional no es per se, es decir, por sí mismo, el crimen organizado y el narcotráfico, con todo y ser grave por su enorme poder corruptor, sino la narcopolítica y la narcoeconomía por la complicidad con gobernantes, políticos y funcionarios públicos, así como con empresarios.
Reiteramos que los periodistas mexicanos no somos enemigos del Estado ni del Gobierno mexicanos, mucho menos somos enemigos de las bandas del crimen organizado y de los cárteles del narcotráfico. Tampoco les traicionamos porque, sin descartar deshonrosas excepciones, no somos sus cómplices ni socios.
Quienes traicionan y roban a los jefes de las bandas del crimen organizado y a los capos de los cárteles del narcotráfico son los gobernantes, políticos y funcionarios, a pesar que cada vez más son los primeros los que financian las campañas de éstos últimos.
A quienes lo duden por ignornancia, ingenuidad o abierta complicidad, ahí está el caso más reciente de El Chapo, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, apoyado y protegido oficialmente mientras fue útil y necesario, después se le entregó como chivo expiatorio a los gringos.
Han pasado más de 100 horas del lamentable y artero asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea, a la fecha, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no ha logrado la captura de los presuntos homicidas materiales e intelectuales para llevarlos ante la justicia y obligarlos a pagar por su artero y cobarde crimen.
Ante tal impunidad, evidente, pública y notoria, los integrantes del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, por conducto de su presidente Rafael Cano Franco, de nueva cuenta alzamos la voz y exigimos al gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral Jurado y al gobierno federal de Enrique Peña Nieto que el homicidio no quede sin castigo como tantos otros.
A los periodistas, comunicadores y la ciudadanía en general no nos convencen los avances hasta ahora alcanzados en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y divulgados escuetamente por el gobernador, a través de los medios de comunicación.
Ni tampoco nos conformamos con su palabra empeñada que su gobierno tiene “avances importantes” para capturar a los responsables del asesinato de la periodista Miroslava Breach.
Señor gobernador le recordamos que usted igualmente prometió presentar ante la justicia a los homicidas del periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, reportero de Antena Radio de Chihuahua, asesinado el pasado 10 de diciembre en la ciudad de Chihuahua, y a la fecha no ha cumplido su promesa.
Su gobierno como cualquier otro a lo largo y ancho del país, se justifica en la medida en que garantice la seguridad de sus gobernados, así como la impartición de justicia pronta y expedita como lo marca nuestra Carta Magna. En este sentido, es válido que como ciudadanos reclamemos el esclarecimiento del crimen de nuestra compañera Miroslava.
Igualmente, pedimos que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua realice una investigación seria, pulcra y transparente, que evite la fabricación de falsos culpables o “chivos expiatorios”, como ha ocurrido en el pasado en administraciones que se encontraban bajo la presión social y mediática por asuntos del interés colectivo.
No queremos que se vayan a alterar los procesos legales y exigimos que la integración de las carpetas de investigación sean apegadas al marco jurídico legal penal, y así evitar que en el futuro no se sitúe a los presuntos responsables en la antesala de la “puerta giratoria” que les permita obtener su libertad de un momento a otro.
También le pedimos al gobierno estatal de Chihuahua manifestarse a favor de las iniciativas que den luz a la Ley de Protección de Periodistas, proyecto que actualmente mantiene en la congeladora el Congreso local.
Exigimos al gobernador Javier Corral Jurado que exhorte al poder legislativo del estado a iniciar un periodo extraordinario para que dicho proyecto de ley sea analizado, discutido y aprobado, con el fin de fortalecer y proporcionar las garantías indispensables para el ejercicio de la actividad periodística. Debe garantizar a los periodistas la protección del Estado para el ejercicio libre de la profesión.
En cuanto a su relación con los medios, pedimos que el titular del ejecutivo estatal debe ser el promotor de una relación cordial y de respeto. Creemos que el gobernador debe cambiar su discurso, promover el diálogo y la armonía entre todos los medios de comunicación.
Al gobierno federal reclamamos que envié a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que coadyuve en las investigaciones en el asesinato de Miroslava Breach Velducea.
“Ya los decíamos anteriormente y hoy lo reafirmamos, el común denominador de los homicidios de periodistas es la impunidad y eso pasa cuando un gobierno se vuelve insensible a las solicitudes de los periodistas en el sentido de garantizar su seguridad y el ejercicio pleno de la libertad de expresión”.
En menos de un año del gobierno de Javier Corral Jurado ya hay dos periodistas asesinados en Chihuahua, eso indica la insensibilidad de su gobierno para atender y escuchar a los grupos de periodistas que le exigen más acciones y reclaman su atención.
Ayer fue Adrián, hoy es Miroslava ¿Mañana quién? ¿Cuántos más señor gobernador para que se atienda y se ocupe de brindar garantías a los periodistas y comunicadores?
Los periodistas no toleraremos un asesinato más de periodistas y su gobierno está obligado a generar las garantías de seguridad y certeza de que habrá castigo y cero impunidad ante cualquier tipo de agresión, no pedimos más y no aceptamos menos.
Detrás de la noticia/nssoaxaca
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