Estado de México.- Por los casos de tortura ocurridos en el penal Neza-Bordo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió la recomendación 33/2017 al director general de Prevención y Reinserción Social de la entidad, Luis Arias González.
Conforme a las investigaciones de la defensoría pública, el titular del sistema penitenciario estatal habría permitido, consentido, auspiciado y tolerado actos contrarios a los fines del sistema penitenciario, como la tortura e intimidación.
Estas “vulneraciones a derechos humanos de internos del centro penitenciario Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca” además revelaron deficiencias administrativas en la reclusión preventiva, desde el punto de vista del organismo defensor de las garantías individuales.
Las conclusiones, destaca la Codhem, son resultado de la investigación de oficio derivada de la nota periodística y videos de la agencia MVT sobre la presunta tortura y extorsión por parte de un grupo de internos encabezados por el recluso identificado como El Tatos en ese penal estatal.
De la comparecencia del exdirector del penal y personal de custodia involucrado, se determinó que en el Módulo de Tratamiento Intensivo conocido como “Fortaleza” ocurrían situaciones de abuso de poder tolerado y consentido por las autoridades penitenciarias.
Por estas razones, la Codhem planteó dar vista a la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad estatal y al inspector general de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM) para que agregue copia certificada de la recomendación a los expedientes administrativos, a fin de imponer las sanciones que procedan.
La recomendación también se debe remitir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se integre en la carpeta de investigación correspondiente.
El ombudsman también solicitó implementar de manera inmediata las medidas precautorias para salvaguardar la integridad de los reclusos y de sus familiares en los 22 centros penitenciarios estatales.
Además, recomienda someter a los servidores públicos encargados de la operación del sistema penitenciario a una evaluación de control de confianza para contar con los parámetros y aptitud en el servicio que prestan.
También sugiere revisar minuciosamente el “Protocolo de módulos de tratamiento intensivo” para mejorar su procedimiento; la monitorización en video de estos módulos a cargo de personal técnicamente capacitado, integrar una bitácora, resguardar y reportar de manera escrita y en soporte analógico la información.
Si el Estado no cumple con la reinserción social, advirtió la Codhem, “la exigencia ciudadana es implacable y contundente al desconfiar de las instituciones, producto de su ineficacia, la corrupción y el recrudecimiento de conductas trasgresoras de la ley que pretendían erradicar”.
Proceso
Conforme a las investigaciones de la defensoría pública, el titular del sistema penitenciario estatal habría permitido, consentido, auspiciado y tolerado actos contrarios a los fines del sistema penitenciario, como la tortura e intimidación.
Estas “vulneraciones a derechos humanos de internos del centro penitenciario Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca” además revelaron deficiencias administrativas en la reclusión preventiva, desde el punto de vista del organismo defensor de las garantías individuales.
Las conclusiones, destaca la Codhem, son resultado de la investigación de oficio derivada de la nota periodística y videos de la agencia MVT sobre la presunta tortura y extorsión por parte de un grupo de internos encabezados por el recluso identificado como El Tatos en ese penal estatal.
De la comparecencia del exdirector del penal y personal de custodia involucrado, se determinó que en el Módulo de Tratamiento Intensivo conocido como “Fortaleza” ocurrían situaciones de abuso de poder tolerado y consentido por las autoridades penitenciarias.
Por estas razones, la Codhem planteó dar vista a la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad estatal y al inspector general de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM) para que agregue copia certificada de la recomendación a los expedientes administrativos, a fin de imponer las sanciones que procedan.
La recomendación también se debe remitir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se integre en la carpeta de investigación correspondiente.
El ombudsman también solicitó implementar de manera inmediata las medidas precautorias para salvaguardar la integridad de los reclusos y de sus familiares en los 22 centros penitenciarios estatales.
Además, recomienda someter a los servidores públicos encargados de la operación del sistema penitenciario a una evaluación de control de confianza para contar con los parámetros y aptitud en el servicio que prestan.
También sugiere revisar minuciosamente el “Protocolo de módulos de tratamiento intensivo” para mejorar su procedimiento; la monitorización en video de estos módulos a cargo de personal técnicamente capacitado, integrar una bitácora, resguardar y reportar de manera escrita y en soporte analógico la información.
Si el Estado no cumple con la reinserción social, advirtió la Codhem, “la exigencia ciudadana es implacable y contundente al desconfiar de las instituciones, producto de su ineficacia, la corrupción y el recrudecimiento de conductas trasgresoras de la ley que pretendían erradicar”.
Proceso
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