Xalapa, Ver. – De 2015 a la fecha, 232 cadáveres -víctimas de asesinato- permanecen como “no identificados” en Servicios Médicos Forenses de Veracruz. Otros cuerpos al no ser reclamados por familiares fueron repartidos en fosas comunes, sitios que, a decir de familiares de desaparecidos, “son peores por el volumen de ocultamiento”.
Con base en cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 55 personas de quienes aún su identidad es desconocida fueron ultimados con arma de fuego, 19 con arma blanca y 158 “con otro elemento”, es decir, murieron a causa de estrangulamiento o contusiones.
En los años 2015 y 2016, correspondientes al mandato de Javier Duarte de Ochoa, existe reporte de 55 y 106 casos respectivamente. Mientras que, en 2017, bajo la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó 71 denuncias.
Para Lucía de los Ángeles Díaz Genao, líder del colectivo Solecito Veracruz, el número total de víctimas en los últimos tres años -equivalente a cinco autobuses repletos con pasajeros- “refleja un interés marcado por ocultar la realidad de la violencia y la impunidad que vivimos”.
La madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido en junio de 2013 en el puerto de Veracruz, recalcó que la identificación de cadáveres y la certificación de actividades en los Semefos fue una de las peticiones que integrantes de su colectivo entregaron a Yunes Linares, en junio de 2016, aún como candidato a la gubernatura.
“No se tiene la certeza de un adecuado manejo, tanto de la información y bases de datos como de los cuerpos que se reciben (en los semefos). Muchos cadáveres podrían ser reconocidos mediante reconocimiento o identificación genética”, se lee en un pliego petitorio que también sería a Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos.
Díaz Genao apuntaló que la desconfianza de las víctimas indirectas se avivó tras el caso de Gemma Mávil Hernández, una joven de 29 años secuestrada en 2011 y posteriormente asesinada en la capital de Veracruz. “En Veracruz te pueden desaparecer vivo, pero también muerto”, señaló.
Al cadáver de Gemma no le fue realizado el perfil genético y sus datos no fueron cotejados con el ADN de sus padres. Fue hasta 2016, cuando el padre, Pedro Mávil Hernández descubrió que, a su hija habría de encontrarla en la fosa común del panteón Palo Verde, en Xalapa.
Se realizaron tres exhumaciones durante los meses de junio, julio y agosto de 2016 en el sitio donde, según autoridades, fue inhumada Gemma Mávil, pero solo se encontraron las osamentas de dos hombres. “A mi hija la encontré en documentos más no físicamente”, lamentó Pedro Mávil.
A la fecha el caso sigue impune, y dos funcionarias enfrentan un proceso penal por incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad, una de ellas adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) y otra a la Procuraduría General de la República (PGR).
Otro caso emblemático fue el Enrique Chávez Ortega, de 46 años de edad, quien fue privado de su libertad el 10 de noviembre de 2016 en Poza Rica, y hallado el 30 de enero de 2017 junto a otras cinco personas en las fosas clandestinas del rancho La Gallera, en Tihuatlán.
Natalia Chávez Ortega, hermana de la víctima, aseguró que la identificación de los restos se logró gracias a fotografías de ropa y tatuajes que madres del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera realizaron en una segunda diligencia llevada a cabo el 01 de marzo de 2017. Mismos indicios que la FGE omitió.
“Era él, era mi hermano. Desde que se puso la denuncia se hizo mucha alusión a su tatuaje. Ahí es donde me viene toda la rabia de enterarme que ya tenía más de dos meses en la SEMEFO y las autoridades no habían hecho nada. ¿Por qué no se tomaron su tiempo y revisaron lo más indispensable en los expedientes?, ¿por qué le dieron a mi padre 60 días más de sufrimiento?”, reprobó Natalia.
A la lista de 232 cadáveres “no identificados” entre 2015 y 2017 se agregan los más de 300 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe y Arbolillo, de los cuales 26 ya han sido reconocidos por sus familiares, tal como lo informó Campa Cifrián el 13 de octubre de 2017.
e-C
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