Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunciaron contra el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, aprobado en la Cámara de Diputados y turnado al Senado para ser discutido este martes, pues coincidieron en que genera la posibilidad de vulnerar las garantías fundamentales de los ciudadanos.
En un comunicado, el organismo internacional expresó su preocupación por el proyecto de ley, al considerar que “contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos”, y que significaría la “normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”.
Dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), recordó que la experiencia regional es que la intervención castrense en tareas de seguridad interna, “viene acompañada de violencia y graves violaciones a derechos humanos”.
La CIDH insistió en que el Estado “debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar medidas necesarias para fortalecer la policía y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.
Además, recordó que, en su visita en 2015, “constató con preocupación la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad”.
El organismo destacó que, entre las recomendaciones a México en el informe de país en 2015, estaba el “desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles” a la par con el fortalecimiento de la capacidad de la policía para realizar tareas de seguridad pública.
Al destacar que la ausencia de castigo a abusos de personal castrense en México “agudiza la preocupación” de la CIDH, el organismo regional recordó que ha alertado sobre la urgencia de plantear la separación entre “la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.
La CIDH explicó que “la distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional y las que les competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencia que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública”.
Las obligaciones asumidas por los Estados, reiteró, “exigen política pública sobre seguridad y combate al crimen que prioricen del funcionamiento de una estructura eficiente”, mismo que “debe garantizar a la población efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado”.
El organismo exhortó al Estado mexicano a reafirmar “su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales”.
Por su parte, la CNDH consideró que la propuesta de Ley de Seguridad Nacional “genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos”, por lo que hizo un llamado a los senadores a no contravenir el sistema democrático de libertades y garantías.
A unas horas de que los senadores sometan a discusión y eventualmente aprueben la legislación, que perpetuaría la presencia castrense al frente de la seguridad pública, el organismo nacional advirtió que dicha iniciativa afectaría “el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, al conceder al Poder Ejecutivo Federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la movilización de las Fuerzas Armadas y aplicar condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.
La Comisión refirió algunos de los “potenciales riesgos del dictamen” que será discutido mañana, entre ellos “una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos, sino una facultad discrecional genérica.
Además, aseguró, la ley impone “una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia”; no se vislumbran “mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas”; se admite “la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos”; en tanto que se trasgreden “los derechos de reserva y secrecía a favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”.
La CNDH coincidió con los expertos en que “la emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantean, contribuiría a mantener el estado actual de las cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 constitucional”.
El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez puntualizó que, con la propuesta de ley, “más que atender las causas de la violencia y de la inseguridad en un contexto de prevención, se estaría privilegiando un enfoque reactivo sustentado en el uso de la fuerza como vía para recuperar la convivencia social pacífica en nuestra sociedad”.
Al insistir que la ley amenaza con que “cualquier tipo de actividad humana” pueda ser calificada de “riesgo de seguridad interior, sin que existan parámetros objetivos para ello”, la CNDH recordó su planteamiento de que los problemas de seguridad y justicia “se deben abordar bajo un esquema amplio, en el que se traten de manera conjunta e integrada la parte procedimental del Sistema de Justicia Penal, junto con la estructura y esquema de procuración de justicia para concretar de manera pertinente el cambio de la actual Procuraduría General de la República a una Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz”.
También destacó que antes que abordar el modelo propuesto por la mencionada ley, es importante “determinar el tipo de policía que asumirá operación sustantivamente las tareas vinculas a la seguridad pública, precisando los modelos bajo los cuales se daría su operación”.
Al señalar que una ley de la trascendencia como la que se pretende aprobar, “no puede ser producto de decisiones coyunturales o políticas”, por el contrario, “sus contenidos deben ser respetuosos de la dignidad humana, del marco jurídico vigente en el país y encuadrase dentro de una política integral que incida positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos”.
A unas horas de que los senadores debatan la ley, la CNDH hizo un llamado a los integrantes del Senado “para que con responsabilidad y plena conciencia sobre las repercusiones que tendrán sus actos, hagan un examen objetivo y detallado de lo propuesta de Ley de Seguridad Interior al amparo de lo previsto por el artículo 1 Constitucional y con estricto apego y al régimen competencial y de atribuciones expresas que consagra nuestro máximo ordenamiento”.
La CNDH concluyó su comunicado puntualizando que “ningún acto de autoridad puede contravenir o poner en entredicho las instituciones, libertades y garantías que sustentan nuestro sistema democrático”.
Proceso
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