Ciudad de México. La inseguridad en México se convirtió en un negocio rentable. Empresas que se dedican a la tecnología de vigilancia y prevención saben que los estados con problemas de violencia pagarán sumas millonarias por sus productos y servicios, y prácticamente sin preguntar.
Para contratarlas, los gobiernos estatales no han lanzado licitaciones públicas para que las compañías compitan y, así, las administraciones públicas decidan por la opción más idónea para las finanzas.
Por el contrario, contratan servicios de seguridad bajo esquema de adjudicación directa, sin un proceso para revisar quiénes son los más económicos o más eficientes, sino que eligen de forma directa a empresas que los funcionarios en turno consideran las mejores, aunque éstas, incluso, no tengan la mejor reputación en otras entidades.
Una investigación de Noroeste documentó que así sucedió en estos estados del país con la empresa Seguritech: Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Colima, Guanajuato y seis delegaciones de la Ciudad de México.
Las entidades contrataron a la firma para rentarle, con contratos multianuales, tecnología y edificios para inteligencia en seguridad.
Entre los servicios que ofrece Seguritech están los edificios que se llaman C4 o C5, que son complejos para crear inteligencia policial, así como vehículos blindados, helicópteros, aviones, videocámaras, arcos carreteros de seguridad, lectoras de rostros, lectoras de placas de vehículos, rayos x, drones y vigilancia satelital.
En Sinaloa, por ejemplo, opera la empresa Comunicación Segura, que es filial del grupo empresarial Seguritech. La firma proporcionó distintos servicios en tres contratos diferentes, cuyo costo total fue de mil 307 millones 218 mil 146 pesos, que se pagaron en el transcurso de 5 años, entre 2011 y 2016, durante el sexenio de Mario López Valdez.
Del mismo modo opera, u operó, en Guanajuato, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Sonora, sólo que cada uno de esos estados tuvo peticiones y costos diferentes.
En total, por servicios para las 10 entidades, la empresa ha obtenido 22 mil 307 millones 297 mil 718 pesos desde 2007 a la fecha, según contratos obtenidos por Noroeste a través de los portales de transparencia de los estados y reportes de auditorías federales y locales.
En la mayoría de esos estados la empresa tuvo o tiene problemas con las administraciones, lo que ha hecho que las auditorías de los estados y la de la Federación hicieran observaciones y promovido sanciones administrativas o penales.
Eso ocurrió después de que se detectara que la contratación de la empresa se hizo de forma directa, cuando los estados pudieron hacer licitaciones. También se encontró que la empresa incumplió en sus cláusulas, o que los gobierno no abogaron por tener mejores contratos.
En los estados en los que hasta el momento no hay problemas es porque recién iniciaron operaciones, como el caso de Hidalgo, Sonora y Estado de México, o en Colima, donde el proyecto apenas se asignó a principios de diciembre de 2017.
AP
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