Ciudad de México.- El número de asesinatos de comunicadores en México –más de 110 desde el 2000, entre ellos 20 en Veracruz– rebasa por mucho la cifra de periodistas que, “se podría asumir, muriera en las principales zonas de guerra en muchos años”, alertó hoy la Unidad de Inteligencia de la prestigiosa revista británica The Economist.
La revista señaló que México cayó en los criterios del Índice Democrático desde 2013, el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto: de 6.91 pasó a 6.41, una calificación inferior a la de El Salvador, Perú o República Dominicana, entre otros.
En su informe anual, la revista colocó a México entre las 57 “democracias deficientes” debido a su débil nivel de cultura política, a las limitadas libertades civiles, así como a su mal desempeño en materia de actuación gubernamental y en pluralismo electoral.
De acuerdo con el grupo, la creciente violencia ejercida contra los reporteros que cubren abusos policiacos, tráfico de drogas y corrupción gubernamental convierte a la prensa en México en un oficio “ampliamente no libre”, ya que sólo Afganistán y Siria reportan un mayor número de asesinatos de profesionales de la información.
La Unidad de Inteligencia observó que, de manera general, la democracia se deterioró en todas las partes del globo en 2017, lo que queda exhibido ante el hecho de que 89 países sufrieron una caída de su Índice Democrático en comparación con el año anterior, “la peor dinámica desde 2010-2011, cuando se dieron los impactos de la crisis financiera y económica”.
Según la revista, existe un creciente descontento en el mundo respecto del estado actual de la democracia, que se traduce en altas tasas de abstención en las elecciones, una confianza hacia las instituciones en picada, una brecha cada vez mayor entre élites políticas y los votantes, así como un declive en libertades civiles, entre ellas de la información y de la libre expresión.
Ello, según académicos mencionados en el reporte, sería una de las consecuencias de la tendencia mundial que consiste en quitar las decisiones públicas de los ciudadanos para ponerlas en las manos de “expertos” o tecnócratas.
En América Latina, a este descontento se suma la frustración ciudadana causada por los sonados casos de corrupción –entre ellos de la empresa brasileña Odebrecht–, las maniobras autoritarias de algunos gobiernos para acaparar el poder o la influencia del crimen organizado.
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