Ciudad de México.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), ha hecho un llamado a la Cámara de Senadores a no aprobar la minuta de la Ley General de Comunicación Social aprobada hace unos días por los diputados Federales en los términos avalados, ya que en su estado actual “podría afectar el goce de la libertad de expresión en México, pues refuerza el status quo en que se encuentra actualmente la gestión de la publicidad oficial”.
Jan Jarab, titular de la oficina propone efectuar una discusión abierta e inclusiva y que se asegure la incorporación de estándares internacionales en la materia y lineamientos establecidos en el fallo sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y es que una de las principales limitantes de la actual minuta es que no incorpora el principio de no discriminación en la asignación de los fondos públicos para propaganda oficial, ya que establece la creación de un padrón nacional de medios de comunicación, en su artículo 36, sin precisar cuáles son los criterios para poder acceder a éste y cuáles son sus objetivos, (esto) dejaría espacio para la arbitrariedad y la discriminación en el otorgamiento de los fondos (públicos). Jarab argumenta que el proyecto de ley no incluye herramientas específicas e independientes de medición que logren determinar si la publicidad oficial informa efectivamente a grupos específicos de la población y si la información transmitida es de interés público.
Sobre las sanciones, el representante de la ONU-DH señaló que en los artículos 44 y 45 de la minuta de ley se tiene una definición muy amplia de cuáles son las infracciones, sin establecer claras sanciones (de índole administrativa, civil o penal) de éstas. Más aún, el artículo 45 deja al arbitrio de los superiores jerárquicos de las autoridades supuestamente responsables de la facultad de determinar si proceden las quejas al respecto.
Esta ausencia de contrapesos independientes en el sistema de denuncia de posibles violaciones a la ley no da las garantías adecuadas para que haya investigaciones o sanciones sobre las infracciones de ley.
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