Ciudad de México.- El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, urgió al gobierno de Enrique Peña Nieto a esclarecer plenamente los hechos de represión ocurridos hace dos años en Nochixtlán, Oaxaca, toda vez que “las autoridades siguen sin aclarar lo ocurrido, por lo que aún está lejos de alcanzarse la verdad y la justicia que tanto las víctimas como la sociedad demandan”.
En un comunicado, Jarab apuntó que la sanción a los responsables “es indispensable para que el caso no quede en la impunidad”.
Al considerar la urgencia de adoptar medidas para garantizar la no repetición de lo ocurrido en la localidad oaxaqueña, el representante de la ONU-DH consideró que el caso “pone en relieve una vez más la urgencia de que exista en México un marco nacional que regule el uso de la fuerza a todos los niveles, ajustado a los más altos estándares internacionales de derechos humanos”.
Jan Jarab recomendó tomar las medidas necesarias para “evitar que el actuar de las fuerzas del orden en situaciones similares culmine en afectaciones indebidas al derecho a la vida, la integridad y libertad de las personas”.
Asimismo, consideró “preocupante” que, al referirse a los hechos, “el Estado culpe a pobladores y manifestantes, rechazando la responsabilidad de las autoridades en los dolorosos eventos” en Nochixtlán.
Tras señalar que en estos años “han surgido legítimas dudas sobre la falta de imparcialidad e independencia con que se ha conducido la investigación”, la oficina de la ONU recordó que en octubre de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humano (CNDH) emitió una recomendación en la que confirmó “un uso excesivo de la fuerza y calificó algunos hechos como graves violaciones a derechos humanos”, y alentó a su cumplimiento total.
Si bien la ONU-DH reconoció que en diciembre de 2017 la Procuraduría General de la República (PGR) incorporó en su indagatoria declaraciones de los pobladores agredidos, lamentó que “hasta la fecha no haya evidencia de que algún servidor público esté siendo procesado por las inadmisibles conductas perpetradas”.
Al exhortar a la dependencia a que lleve a cabo una “investigación exhaustiva e imparcial apegada a los estándares internacionales de derechos y culturalmente adecuada”, manifestó su preocupación de que algunas víctimas y sus representantes “hayan sido blanco de campañas de desprestigio, actos de intimidación y hasta agresiones físicas”.
Añadió: “La Oficina reprueba estas conductas y reitera su llamado a las autoridades para que también investiguen de manera diligente estas agresiones”.
Y, luego de manifestar su solidaridad con las víctimas y familiares de los hechos ocurridos en Nochixtlán, Huitzo, Viguera y Hacienda Blanca, en el estado de Oaxaca, expresó su disposición a colaborar con las autoridades para “seguir avanzando en la resolución de este caso y en la adopción de medidas idóneas que eviten su repetición a futuro”.
Proceso
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