Ciudad de México.- La Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió un acuerdo en el que declara la caducidad de 156 permisos de distribución de gas licuado de petróleo, mediante planta o expendio al público.
Los 156 expendios de gas que ya no podrán ofrecer este combustible al público están distribuidos en diversas partes del país.
La CRE explicó que la caducidad de un permiso es una forma de extinción jurídica de los derechos, “que desencadena sus efectos por la mera conclusión del tiempo o de un plazo previamente determinado en la Ley o en el permiso respectivo. En este sentido, los artículos 54, fracción III y 55 fracción I incisos a y b de la Ley de Hidrocarburos (LH) prevén como supuesto de terminación de los permisos la caducidad”.
La caducidad de un permiso es aplicable cuando el beneficiario no ejerce los derechos conferidos en el título del permiso en el plazo que para tal efecto se establezca en el mismo, o cuando a falta de plazo haya un periodo consecutivo de 365 días naturales.
“En ambos casos, la caducidad de los permisos es la consecuencia que la LH impone a los permisionarios de las actividades reguladas por la inactividad en el ejercicio de los derechos que los títulos de permiso les confieren”.
La CRE abundó en que se puede dar por caduco un permiso cuando se documente la existencia de un derecho que habilite a una persona para la realización de alguna de las actividades reguladas por la LH mediante el permiso respectivo; que los titulares del permiso hayan dejado de ejercer los derechos que les confieren los títulos de permiso entre los que se encuentran; el de iniciar operaciones comerciales y realizar la actividad o prestar el servicio en el plazo establecido en el permiso, o bien, no realicen la actividad durante 365 días naturales consecutivos. Así como cuando la CRE constate la inactividad de los permisionarios a efecto de dar certeza sobre el transcurso del tiempo que dio lugar a su configuración.
La CRE señaló que para dar por caducos los permisos liquidados revisó y supervisó el cumplimiento de las obligaciones de los permisionarios, trabajo en el que encontró que no iniciaron operaciones comerciales en el término señalado en el permiso respectivo.
Hubo permisionarios que si bien iniciaron operaciones en su oportunidad, dejaron de realizar la actividad permisionada y desmantelaron total o parcialmente las instalaciones asociadas al permiso sin haber dado aviso a la Comisión en su carácter de regulador y supervisor de la actividad. Mientras que otros no realizaron ningún tipo de trámite ante la Comisión tendente a dar cumplimiento a sus obligaciones periódicas por dos ejercicios fiscales consecutivos en el 2016 y 2017 o realizaron actos tendentes al ejercicio o conservación de sus derechos.
La Jornada
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