La SCJN no debe validarla: Mariana Dunyaska García Rojas
Ciudad de México.- La diputada federal del PAN y secretaria de la Mesa Directiva, Mariana Dunyaska García Rojas, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a no validar el resultado de la consulta sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que promueve el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, toda vez que es ilegal, al no cumplir con lo establecido en la Constitución en materia de consulta popular.
De acuerdo con la legisladora veracruzana, el artículo 35 constitucional establece que las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, como es el caso del nuevo aeropuerto, deberán ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República en funciones “y López Obrador aún no asume el cargo, lo cual será hasta el 1 de diciembre de este año”.
Asimismo, explicó, “la consulta debió ser convocada por un 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras del Congreso, ya sea de diputados o de senadores, lo que a la fecha no ha ocurrido e incluso, no existe siquiera alguna propuesta”.
En un tercer plano, añadió, la consulta popular puede ser solicitada por los ciudadanos, en un número equivalente al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, que en este caso tendría que ser un millón 782 mil personas empadronadas, cosa que tampoco ha ocurrido.
Además, precisó la diputada García Rojas, las consultas ciudadanas, de conformidad con lo establecido en nuestra Carta Magna, deben ser efectuadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a fin de garantizar la transparencia, equidad, imparcialidad, un padrón y un método confiable.
Aunado a ello, agregó, “debe llevarse a cabo en una jornada electoral federal, siendo la más próxima, la del 2021; y para que tenga validez, debe haber una participación de al menos el 40 por ciento de la población empadronada”.
Del mismo modo, indicó, la Constitución plantea que no pueden ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
En la propuesta de López Obrador, dijo García Rojas, se pretende utilizar la base militar de Santa Lucía, lo que pone en riesgo la seguridad nacional, pues dicha base es fundamental para las operaciones aéreas de la Fuerza Aérea, además de que afecta la organización y funcionamiento del Ejército.
En este sentido, afirmó: “la peje consulta es un fraude y es totalmente ilegal. Si a Morena, al presidente electo y a los promotores de Santa Lucía les interesara verdaderamente defender el Lago de Texcoco, debieron haber formulado una consulta popular en los términos que marca la Constitución. La que vemos ahorita es sin duda, una consulta patito”.
Dijo que el promotor de Santa Lucía, Javier Jiménez Espriú, quien a la fecha no es más que un ciudadano común toda vez que no ha sido nombrado constitucionalmente secretario de Estado, pone en evidencia el interés por favorecer a un grupo de empresarios y sus fines partidistas.
“Jiménez Espriú debe poner fin a sus declaraciones torpes y hasta tramposas. El estudio de la OACI, ese que según él, avala a Santa Lucía como opción, es una más de sus mentiras. La misma organización internacional lo ha desmentido y ha puesto al descubierto sus intenciones”.
Mariana Dunyaska García Rojas concluyó que en su momento, deberá ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine la constitucionalidad o no, “de esta consulta patito”.
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