Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) emitió una recomendación a la Consejería Jurídica local debido a que un defensor público, conocido como abogado de oficio, y quien representó a 13 personas en el Reclusorio Sur, no contaba con título como abogado. El titular de la consejería, Vicente Lopantzi, afirmó que ya destituyeron al trabajador, pero otros defensores públicos, quienes pidieron el anonimato, afirman que existen más casos similares.
El defensor Pedro Paredes Cruz ya fue retirado de su cargo y respondimos a la recomendación de la comisión”, indicó Lopantzi en entrevista.
La recomendación 16/2018 emitida por la comisión que encabeza Nashieli Ramírez, indica que el 22 de noviembre de 2016, la dirección de Defensoría Pública de la Consejería Jurídica dio a conocer que Paredes Cruz “se encontraba en proceso de titulación mediante diplomado de coordinación académica, a pesar de haberse desempeñado en ese cargo por más de 16 años”.
Posteriormente, el 24 de septiembre de este año, la Procuraduría General de Justicia capitalina indicó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que desde enero de este año, el MP, Eduardo Ponce, informó a la Defensoría Pública “la probable comisión del delito de usurpación de funciones por parte de Paredes Cruz”.
Aunque el funcionario fue removido de su cargo, dos defensores públicos señalaron a que hay otros casos, por lo que la Consejería Jurídica debería revisar a fondo.
En el punto 21 de la recomendación 16/2018 que plantea Derechos Humanos, se indica que hay una sobrecarga de trabajo para los defensores públicos y “una permanente y grave escasez de recursos materiales y de personal para atender un enorme y creciente carga de trabajo”.
Dicha sobrecarga de trabajo, provoca que los defensores públicos no presten suficiente atención para cada caso que se les asigna.
Es posible que el defensor no haya estado presente en las audiencias dada su carga de trabajo y se haya limitado a firmar la constancia en autos como si hubiese estado presente”, se señala.
Plantea que otra práctica recurrente es que el defensor no se entrevista previamente con los acusados de manera privada, por lo que “no se les indica en qué consistirá su estrategia de defensa, ni se les brinda asesoría antes de cada audiencia”.
Además, la CDHCDMX detectó que hay situaciones en las que los defensores “realizan pocas o ninguna acción efectiva de defensa”.
Sumado a que las condiciones laborales son deficientes, así como el salario, ya que no corresponde al nivel de responsabilidades que tienen.
Lopantzi García, detalló que “el salario de los defensores públicos ya se homologó con el de los Ministerios Públicos”, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, defensores consultados aseguran que ganan alrededor de 18 mil pesos y los MP, 27 mil pesos, así que no han homologado salarios.
La recomendación indica que es necesario que el Congreso local tome cartas en el asunto y atienda los problemas estructurales detectados en las defensorías públicas.
Excelsior
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