Ciudad de México.- La Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, presidida por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena), aprobó seis puntos de acuerdo para garantizar los derechos de las personas objetivo de esta instancia legislativa, con el fin de permitirles un mejor desarrollo y calidad de vida, y se respeten sus garantías.
El primer exhorto solicita que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados invite a los grupos parlamentarios, comisiones y comités a que incluyan en su agenda y programas de los próximos periodos de sesiones, la importancia de la juventud como eje transversal.
En México, la población es de 119 millones 938 mil 473 personas según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de la cual, 37 millones 504 mil 392 son jóvenes de 12 a 29 años, lo que representa el 31.4 por ciento del total.
De acuerdo con el programa anual de trabajo de la Comisión en los contenidos que provengan de dicha instancia, se debe observar la transversalidad, de acuerdo con la perspectiva de juventud, para contribuir a la democratización de la participación de los jóvenes. Asimismo, se pide que las leyes y políticas públicas que de todo ente emanen, sean sensibles a las necesidades y realidades de esta población.
Otro punto de acuerdo exhorta a las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal a fortalecer las acciones de prevención del embarazo adolescente y la mortalidad materna.
Se señala que es primordial atender no sólo el problema de embarazo adolescente a partir de un programa, sino a través de acciones específicas constantes y concretas que permitan reducir el índice de gravidez en niñas y adolescentes, y, por consecuencia, en la mortalidad materna.
Es necesario generar una aplicación transversal de tareas que permitan cumplir con este objetivo, sin importar el momento político-administrativo en que se encuentre el país, indica.
Se plantea exhortar a los gobiernos Federal y estatales a fortalecer los programas de apoyo económico para los jóvenes que realizan su servicio social dentro de alguna dependencia o institución, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, así como darles difusión a los ya existentes.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, los jóvenes necesitan competencias básicas para tener la posibilidad de conseguir un trabajo bien remunerado, las cuales se llevan a cabo mediante el servicio social o prácticas profesionales.
Se dijo que concluir una carrera en México no representa una garantía para obtener un empleo digno, pues de acuerdo con datos del INEGI, existen alrededor de 884 mil 237 profesionistas que tienen un grado superior de estudios, pero se encuentran desempleados.
Por ello, los diputados consideraron oportuno seguir impulsando esfuerzos a favor de la juventud, garantizando siempre su desarrollo integral, y que las acciones encaminadas a ello, sean una prioridad, pues forman parte fundamental de las obligaciones del Estado. También se deben promover programas por medio de los cuales puedan acceder a oportunidades reales y efectivas que les permitan acceso pleno a sus derechos.
Por otra parte, avalaron que la Cámara de Diputados se pronuncie en contra de la definición de “transexual y transgénero” como una incongruencia o disforia de género, dada en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), de la Organización Mundial de la Salud.
La CIE es el instrumento para identificar tendencias y estadísticas de salud en todo el mundo, contiene alrededor de 55 mil códigos únicos para traumatismos, enfermedades y causas de muerte.
Estimaron que la clasificación de la CIE-11 de la transexualidad como una incongruencia o disforia de género, es contraria al principio 18 de Yogyakarta, el cual busca garantizar los derechos a la orientación sexual e identidad de género, y establece que ninguna persona será obligada a someterse a algún tratamiento, procedimiento, exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer en un centro médico, con motivo de su orientación sexual.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 del INEGI, las personas transgénero son el grupo poblacional más discriminado o violentado en el ejercicio y garantía de sus derechos y libertades fundamentales.
Los legisladores también aprobaron un exhorto para que los Congresos de las entidades federativas realicen las reformas necesarias a los Códigos Civiles locales y leyes aplicables, a fin de que se garantice el derecho al cambio de nombre y adecuación de los registros públicos y documentos de identidad ante el Registro Civil.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad implica necesariamente el reconocimiento a sus derechos respecto a la identidad personal, sexual y de género, pues a partir de éstos se proyectan frente a sí mismos y dentro de una sociedad, explicaron.
De acuerdo con la opinión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, “la falta de reconocimiento de la identidad de una persona transgénero puede configurar una injerencia en la vida privada”; por ello, recomendó a los Estados que, a quienes los soliciten, volver a expedir los documentos pertinentes con el género y el nombre.
Otro punto de acuerdo es para que la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, realice una investigación profunda, inmediata y transparente sobre el despido de un policía municipal por motivos de orientación sexual. Asimismo, para que la Secretaría de Seguridad Pública de dicha entidad brinde las facilidades en el caso.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, condición social, opiniones, preferencias sexuales, o cualquier otra medida que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
El dictamen señala que el despido de un policía por motivo de su orientación sexual, constituye un caso más de discriminación. En nuestro país, subraya, es indispensable avalar el ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las personas; y restringir la permanencia en un empleo por razón de sexualidad, es menoscabar la integridad humana.
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