Ciudad de México.- La diputada Rosa Mora Ríos (Morena), secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, promueve un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) a establecer una política pública de prevención y atención a víctimas de desplazamiento forzado interno.
A nivel nacional, este fenómeno está contemplado en siete artículos de la Ley General de Víctimas, pero únicamente Chiapas y Guerrero cuentan con marco normativo en la materia, subrayó.
Sostuvo que para consolidar una política integral de migración, es primordial atender a la población que vive esta lastimosa y denigrante situación de desalojo de sus territorios, que afecta en su mayoría a las comunidades indígenas, dotándolas de apoyo del Estado, con el propósito de respetar sus derechos humanos, garantizarles trato digno y la salvaguarda de sus costumbres y formas de vida.
Mencionó que de acuerdo con el informe Desplazamiento Interno Masivo en México, de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, de 2006 a 2017 se registraron 329 mil 917 eventos de traslado forzado, equiparando a México en el “contexto de naciones con conflictos bélicos como Palestina, o de violencia generalizada como Honduras y Guatemala”.
La proposición, remitida a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen, apunta que, a diferencia de otros fenómenos de movilidad humana, los desplazamientos forzados internos son provocados por la necesidad de huir a causa de la violencia u otros peligros, con el fin de encontrar seguridad y medios de subsistencia.
Comentó que las personas en esta condición a menudo experimentan un trauma: no tienen recursos y se encuentran en situación de vulnerabilidad, arribando a destinos donde no hay oportunidades de trabajo.
Otra causal, apuntó, son los proyectos que suponen un desarrollo económico para las comunidades, como los mineros, que también motivan desplazamientos, hostigamientos e incluso asesinatos, y que provocan la huida de familias completas para salvaguardarse.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define que los afectados son “personas o grupos de individuos que se han visto forzados u obligados a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.
Mora Ríos señaló que en México este fenómeno ha sido una constante, cuyos antecedentes datan de la Conquista, ya que algunos nativos huyeron hacia zonas apartadas y de difícil acceso para preservar sus costumbres y su forma de vida, conservando parte de nuestra historia como nación.
No obstante, al paso de los años la situación se ha diversificado, no así el fondo y las consecuencias de este fenómeno de movilidad humana, que requiere atención a las víctimas y prevención, concluyó.
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