Ciudad de México.- La Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el diputado Alfredo Femat Bañuelos, aprobó reformas a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, con el objetivo de reforzar el andamiaje jurídico en favor de los derechos humanos, así como garantizar la protección más amplia a los asilados.
El dictamen reforma el artículo 14 Ter de esta norma para precisar que le corresponderá a la Secretaría de Relaciones Exteriores atender a los asilados con pleno respeto a los derechos humanos y sus garantías, y completo apego a los tratados internacionales en materia migratoria y de asilo político de los que México sea parte.
El documento señala que la expresión “derechos humanos” es más adecuada y congruente con la protección que se debe brindar a las personas, de conformidad con los más altos estándares internacionales. La intención de incluir que será en apego a “los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”, es para no excluir ni limitar la aplicación del resto de instrumentos municipales que pudieran resultar benéficos para el asilado.
El promovente, José Salvador Rosas Quintanilla (PAN), en su iniciativa refiere que en relación con los fenómenos concretos los cuales atraviesan los intereses nacionales, la denominada “Caravana Migrante” es sólo uno de los ejemplos más mediáticos acerca del problema migratorio orillado por las condiciones actuales de nuestros vecinos centroamericanos. Para 2017 hubo 14 mil 596 solicitudes de asilo en México, donde solamente 2 mil 825 fueron aceptadas, una quinta parte. Para octubre de 2018 había registradas 23 mil solicitudes de refugio a la espera de resolución.
Subraya que mantener una legislación que clarifique cuáles son las competencias y objetivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores ayudará a prever situaciones futuras.
Los cambios a la ley también modifican los artículos 2,14 Ter, 15, 56, 61 y 63, con la finalidad de sustituir el término de “Distrito Federal” por “Ciudad de México”, y “Delegaciones” por “Alcaldías”, en acato a lo que establece la reforma política de la Ciudad de México.
Durante la reunión también se avaló un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a intensificar las políticas de protección de derechos humanos y laborales de los mexicanos en situación migrante en Canadá.
El documento refiere que tras la denuncia de connacionales esclavizados en aquel país, el embajador de México en Canadá, Juan José Gómez, aseguró que los conciudadanos cuentan con visas para seguir allá sus procesos en calidad de víctimas.
El dictamen subraya que la protección consular que ofrece el Estado mexicano consiste en medidas que promueven el respeto a los derechos humanos de las personas, incluyendo el debido proceso de ley, evitando daños y perjuicios a las personas o sus intereses, vigilando que no se cometan injusticias o arbitrariedades por parte de autoridades extranjeras y combatiendo actos de discriminación.
Para ello, agrega, el personal consular cuenta con el mandato de las leyes mexicanas para prestar ayuda y asistencia a connacionales, brindando orientación y asesoría, tomando las medidas necesarias para asegurar su adecuada representación ante las autoridades.
La comisión consideró que, tratándose de los derechos humanos del sector migrante, “ningún esfuerzo es suficiente”, por ello se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de que intensifique las acciones que ha emprendido en la materia en favor de las y los mexicanos migrantes en Canadá.
Al respecto, la diputada María Libier González Anaya (MC), impulsora del acuerdo, indicó que este exhorto permitirá que la SRE intensifique más su política de apoyo a los mexicanos en el extranjero.
Del mismo modo, aprobaron otro punto de acuerdo para solicitar a la SRE, considerando el principio de Atención Preferente establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y en el marco de sus correspondientes facultades, realice las acciones necesarias para agilizar, flexibilizar y simplificar los requisitos a fin de que éstas personas lleven a cabo con mayor facilidad la tramitación de su pasaporte.
La diputada Dionicia Vázquez García (PT), promovente del punto de acuerdo, señaló que uno de los sectores más vulnerables es el de los adultos mayores. Resaltó la importancia de que haya mayores facilidades para estas personas que deseen tramitar y adquirir su pasaporte, ya que este tipo de medidas abona a su inclusión y erradicación de conductas discriminatorias.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario