La privatización del ISSSTE un futuro incierto.
Por: Jaime Arizmendí
Inútil Solicitar Servicio, Sólo Tramitamos Entierros!… Hace más de siete años ocho meses, el Hospital General “Gonzalo Castañeda” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cerró sus puertas bajo el argumento de supuestas fallas estructurales; sin un dictamen que avalara tal decisión; en tanto, los derechohabientes pagan las consecuencias al haber sido transferidos y saturar nosocomios como el “Primero de Octubre”, donde no cabe ni una aguja más.
Inaugurada en 1964 en el antiguo barrio de Tlatelolco, a la unidad de Gineco-Obstetricia “Gonzalo Castañeda Escobar”, poco a poco le añadieron otras especialidades médicas, que elevaron la atención de derechohabientes. Casi medio siglo después, en 2011, y en la máxima expresión del neoliberalismo rampante, la Comisión de Vigilancia del Instituto “identificó” tres “problemáticas”:
1.- La edificación presentaba daños estructurales como elementos de concreto agrietados, acero expuesto y corroído, asentamientos diferenciales.
2.- La falta de capacidad del inmueble para adaptar su distribución interior y exterior para generar espacios adicionales.
3.- El nivel freático de la zona se filtraba inundando las celdas de cimentación, que representaba una agresión a la estructura del edificio y podía provocar el debilitamiento del concreto y la corrosión del acero, con un riesgo inminente de que la estructura pudiera “colapsarse”.
Bajo esos argumentos, sin más nada y de un día para otro, el nosocomio cerró sus operaciones el 9 de septiembre de 2011, cuando el hospital tenía 96 camas y 27 especialidades, 172 médicos especialistas, 19 médicos generales y 3 odontólogos. Sí, sus 75 mil derechohabientes anuales fueron desplazados, irremediablemente.
Enseguida, inició la desocupación del inmueble, se redistribuyó al personal y sus servicios a otras unidades del Instituto; mientras se aducía que se buscarían “alternativas para contar con una solución integral que permitiera la sustitución de esta unidad médica”. En realidad, se buscaba impulsar su privatización. Eso advertían médicos, enfermeras, administrativos, todo el personal…
Incluso se contrató a la empresa “Servicios de Asesoría y Consultoría”, que proyectó una Asociación Público Privada, con un Contrato de Servicios de Largo Plazo, para demoler y construir el nuevo Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”. En agosto de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo autorizó, con recursos presupuestales del 2014.
El proyecto licitado en septiembre de 2014, se adjudicó al consorcio integrado por las empresas “Tradeco Infraestructura” y “Grupo Industrial IGSA”, cuya propuesta dispuso un valor de $8,068,663,811 sin IVA, y un pago anual por $343,347,396, obligaciones pactadas en el contrato de fecha 17 de octubre de 2014.
En las bases del concurso se estipuló que el ganador devolviera al ISSSTE los gastos de preparación del proyecto, incluyendo la demolición, consultoría y excavaciones que efectuó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por un monto de 46 millones de pesos, a ser pagados en los 5 días hábiles siguientes a la firma del contrato.
El 10 de agosto de 2014, la Dirección de Finanzas, envió el Proyecto de “Sustitución del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, al señalar que se llevaría al cabo mediante la Asociación Pública Privada (APP): capital privado, 50 por ciento; el resto, dinero público.
La demolición del inmueble duraría 7 meses. La construcción del nuevo Hospital a cargo del Consorcio Tradeco e IGSA sería de 20 meses. Pero en octubre de 2015 el ISSSTE canceló dicho contrato. Por retrasos en los trabajos de demolición. Se dijo que el instituto buscó que la empresa pagara la garantía de 150 millones de pesos por el incumplimiento de contrato.
Aunque esa constructora, favorita del Calderonismo, enfrentaba demandas de embargo por sus deudas. También se dio a conocer que el tema se complicó porque Tradeco subcontrató a otra empresa que enfrentaba demandas legales que enredaron el asunto, sin fecha para resolverlas. Urgía la intervención de una “autoridad competente”.
En medio de dicho “affair”, el 22 de mayo de 2015, se registró el inesperado deceso del director general del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada.
Después, la atención a la salud de los derechohabientes que antes requería unas horas, ya les tomaba días. Gregoria Hernández, quien por un problema de rodillas iba al “Gonzalo Castañeda”, a sólo 15 minutos de su domicilio; tuvo que acudir cada mes a consulta a la Clínica de Especialidades Indianilla, siempre acompañada de un familiar.
Sí, el traslado a esa unidad médica que se ubica en la colonia Doctores, distante de su lugar de residencia, le implicó más de una hora. Peor aún, debido a su imposibilidad para subir y bajar del transporte público, debió pagar taxi; y como la tiene que acompañar su hija, quien deja sus responsabilidades. Se complicó para todos los derechohabientes.
Al extinto Sebastián Lerdo de Tejada, le sucedieron en la Dirección General del instituto: primero su amigo, Luis Antonio Godina Herrera; después, José Reyes Baeza; y finalizó el sexenio peñista Florentino Castro López. Ninguno habló del destino del “Gonzalo Castañeda”, ni si el cierre tuvo una justificación real.
Pese a todo, la infraestructura del inmueble que ocupara ese Hospital General, ha subsistido sin mayores aspavientos a los sismos que con posterioridad se han dejado sentir en la Ciudad de México. Incluso a su llegada a la dirección del ISSSTE, en noviembre de 2011, Sergio Hidalgo Monroy no encontró ningún dictamen válido para cerrar el nosocomio, y ordenó que expertos realizaran la evaluación. Pero nada. No hubo marcha atrás.
A Evangelina Dávalos tampoco le hace gracia que se hubiera cerrado el hospital “Gonzalo Castañeda”. Su hija se cayó y sufrió una fractura del hombro. De su trabajo la llevaron a la Clínica Indianilla, donde atienden las urgencias, pero sólo la vendaron. Los médicos solicitaron el traslado a un hospital de Tacubaya, donde sería intervenida quirúrgicamente.
Para Hidalgo Monroy, la historia del abandono de las clínicas y hospitales del ISSSTE era vieja y se debía a que el presupuesto para salud no incluía la reposición de infraestructura. En otros casos, los proyectos para obras se quedaron truncos por falta de recursos, o porque ante la tardanza en el proceso administrativo, se transferían a pagar pensiones y jubilaciones.
El saqueo de las arcas del ISSSTE, se supo, tuvo tintes políticos. Incluso electorales. Eso se notó más cuando a la titularidad del instituto arribaron personajes como Benjamín González Roaro, de todas las confianzas de Elba Esther Gordillo. Contrató servicios privados como “Medicus”. Usaban equipos desechados, obsoletos; con costos excesivos. Pero, como cantan en Cuba: Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar…
Argonméxico
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