Ciudad de México.- Integrantes de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras (Conacoop) plantearon a diputados de Morena, reordenar la pesca nacional, combatir la corrupción con la venta y condicionamiento de permisos para captura en alta mar, amenazas en caso de denuncia e inseguridad y falta de equidad en la entrega de apoyos económicos al sector social por privilegiar a grandes empresas.
Durante una reunión de trabajo, la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, integrante de la Comisión de Pesca, solicitó a los pescadores denunciar la corrupción prevaleciente en la entrega de permisos que se distribuyen a personas ajenas al sector, para poder tomar cartas en el asunto, porque “nosotros no tenemos la varita mágica”.
Convocó a trabajar conjuntamente y de forma corresponsable con las cooperativas pesqueras, para garantizar la comida ante la importación que prevalece y no sólo quejarse de la problemática.
A los pescadores les pidió entregar propuestas fundamentadas y el diagnóstico de cada pesquería a los legisladores, a fin de diseñar iniciativas jurídicas que se requiera.
La prioridad es alcanzar la suficiencia alimentaria, porque existen 53 millones de pobres en el país, nueve millones, sin acceso a la canasta básica.
La legisladora María de los Ángeles Huerta del Río, integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, afirmó que el reordenamiento del sector pesquero requiere de “la vigilancia y denuncia de lo que no está funcionando, porque si no lo hacemos va a ser muy difícil que esto cambie. Va a cambiar en la medida en que se diga que tales funcionarios no realizan su trabajo”.
Expresó su compromiso para dar seguimiento a las acciones de fiscalización para ver qué hacen las diversas dependencias en favor del sector social pesquero, además de atender las actividades legales que redunden en un mejor marco jurídico.
Resaltó que los tres órdenes de gobierno participen con acciones basadas en un diagnóstico. Propuso mejorar la participación de las diversas dependencias que inciden en la pesca, y que los productores, dedicados a cada pesquería, presenten sus propuestas para diseñar un marco legal que incida en políticas públicas que atiendan la realidad del sector, mediante el seguimiento constante de las acciones.
El secretario de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, diputado Felipe Rafael Arvizu De la Luz, refirió la existencia de corrupción e inseguridad en el sector pesquero social. Urgió a identificar acciones reales de forma conjunta, a fin de proteger a quienes denuncian prácticas ilícitas.
Se pronunció por realizar un diagnóstico que defina estrategias y propuestas de forma organizada con los pescadores, para plasmarlas en las iniciativas legislativas.
El diputado Marco Antonio Reyes Colín, secretario de la misma comisión, refirió la decisión de apostarle a fomentar el crecimiento de la economía social, para que conjuntamente los sectores coadyuven a desarrollar las actividades productivas, por medio del trabajo de los pescadores mexicanos.
Externó el compromiso de los legisladores con el sector social pesquero, con el propósito de impulsar acciones conjuntas y hacer lo que corresponde a cada uno.
“La idea es no endeudar más al país y hacer más con menos. Se tiene una deuda externa por 10.5 billones de dólares con un pago de intereses por 800 mil millones de pesos. Sin más endeudamiento es como vamos a salir del hoyo en que nos encontramos”.
Aureliano Aldama Rivera, presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras urgió a los legisladores poner orden en el sector social mediante comunicación entre diputados, funcionarios y pescadores que aliente la legalidad y equidad en la captura de especies del mar, para garantizar la rentabilidad.
Se necesita congruencia en la definición del proyecto integral pesquero, porque “ha hecho mucho daño el tema político en otras administraciones, los apoyos y permisos se daban por cuestiones políticas”, y pidió revertir esta tendencia para trabajar dentro de la ley.
Se pronunció por acabar con la corrupción mediante propuestas, “no basta con reclamar”. Se comprometió a trabajar con la participación de los verdaderos pescadores, para equilibrar la balanza del sector social y privado, con el objetivo de aprovechar el potencial pesquero y elevar el nivel de vida.
Integrantes de la Conacoop solicitaron a los diputados apoyo para mejorar el marco jurídico e involucrar a la Federación, estados y municipios en las acciones, y que los compromisos acordados por los funcionarios se plasmen en la realidad.
Resaltaron el riesgo en que se encuentra la vida e integridad física de los pescadores y sus familias, en caso de denunciar corrupción en las diversas oficinas del sector, incluso son víctimas de amenazas.
Pidieron que los permisos se entreguen a los cooperativistas, no sólo a las grandes compañías, que por tener dinero obtienen apoyos hasta por un millón de pesos por barco camaronero, cuando nosotros podemos aspirar a un financiamiento por 200 mil pesos al año para una cooperativa integrada por hasta 600 socios.
Urge destrabar la distribución de los permisos, cuya tardanza de hasta diez años pone en riesgo la posibilidad de acceder a los beneficios económicos y capturar las especies marinas dentro de la legalidad.
Reconocieron el diálogo abierto con los diputados, a los cuales pidieron les ayuden con los funcionarios de las diversas dependencias pesqueras para tener las autorizaciones vigentes.
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