Denuncian presunta red de explotación, disfrazada de grupo de estudio.
Ciudad de México.- El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, se pronunció en contra de cualquier tipo de violencia que pueda afectar física, emocional, sexual, académica y laboralmente a integrantes de la comunidad estudiantil; el compromiso es implantar políticas de cero tolerancia y, sobre todo, de denuncia, aseveró.
En reunión de trabajo con la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, subrayó que el IPN se esfuerza para prevenir la violencia de cualquier tipo y en particular la agresión y el acoso contra las mujeres en dicha institución.
Puntualizó que en lo que va del año se tienen 13 denuncias contra las 19 que hubo en 2018 durante el mismo periodo; lo anterior, refirió, consecuencia de las campañas donde se promueven espacios para que las mujeres y los hombres puedan denunciar cualquier tipo de agresión.
“En este momento, en total, llevamos 32, de las cuales 16 de ellas tiene que ver con algún tipo de acoso u hostigamiento sexual”, comentó.
Explicó que el IPN tiene 108 Cosecovis, que es un Comité integrado por alumnos, profesores, administrativos y autoridades; en esos espacios se puede denunciar cualquier acto de violencia.
Recordó que el instituto tiene 102 unidades académicas repartidas en 22 entidades federativas y en 33 localidades del país. Da servicio a una matrícula de 180 mil estudiantes en los niveles medio superior, superior y postgrado.
Añadió que es reto del Politécnico propiciar que más mujeres entren a carreras de ingeniería. “Estamos trabajando para que haya un mayor número de mujeres en las diferentes formaciones que tiene el instituto”.
Rodríguez Casas indicó que el Politécnico tiene 8 millones de pesos, que son recursos del propio instituto, para atender todo lo relacionado con perspectiva de género.
Agregó que el IPN trabaja en generar mayor vinculación con instancias tanto federales como de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La violencia de género, acotó, es una problemática de alcances mundiales y un grave problema social multifactorial, asociado a patrones culturales y legales. Además, no reconoce diferencias sociales, aunque sí combatirlo es responsabilidad de todas y de todos.
“Todavía queda un largo camino por recorrer y mientras haya un sólo caso de violencia o de acoso en el IPN, no nos sentiremos satisfechos ni vamos a bajar la guardia, porque ese es nuestro reto”, concluyó.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, manifestó que la sistematización de la violencia al interior de las escuelas no es un problema nuevo y va en crecimiento. “En 2018, el IPN tuvo conocimiento, de acuerdo con su respuesta oficial, de cerca de 45 víctimas”.
“A lo largo de 2019 hemos recibido y, en su caso canalizado, en esta Comisión de Igualdad de Género, a víctimas de hostigamiento, acoso, amenazas, y lo más grave, una presunta red de explotación al interior de la institución, disfrazada de grupo de estudio”, comentó.
Dio a conocer que la Junta Directiva de la comisión se ha entrevistado con las víctimas y dado seguimiento, dependiendo la naturaleza, gracias a las instancias que colaboran con ello, como la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría de la Ciudad de México.
Dijo que “ante los valientes testimonios que nos han compartido tanto las mismas víctimas como docentes, no podemos quedar inmóviles ante la oleada de violencia”.
Desde la Cámara de Diputados, expuso, se tiene el compromiso de apoyar a las y los jóvenes en su educación superior; de ahí que en 2018 se etiquetaron 4 mil 204 millones de pesos y, con ello, poco más de 151 millones en el anexo 13 y 1.8 millones de pesos, también de Anexo 13, en el programa de Servicios de Educación Superior y Posgrado.
Por su parte, la diputada Ximena Puente de la Mora (PRI) recordó que la Comisión de Igualdad buscó esta reunión, porque hay información sobre 581 casos de violación, acoso, abuso y hostigamiento sexual en cinco universidades públicas de México, entre ellas el IPN, además, se indica que seis de cada diez reportes señalan como presuntos responsables a profesores.
Ante este panorama, consideró necesario coadyuvar en las campañas de prevención ya que, de acuerdo con datos del IPN, en el 2018 se generaron 19 denuncias y en lo que va del año, ha habido tres, lo que significa que está dando resultado el fomento a la cultura de la denuncia.
La diputada del PT, Maribel Martínez Ruiz se congratuló por la creación de la unidad de género al interior del IPN, pero expresó que se deben difundir los resultados, “porque finalmente lo que nosotros conocemos es lo que dicen los medios”.
Pidió al director detallar cómo se ha comportado la comunidad politécnica ante las campañas de prevención, y sugirió acciones que no sólo fomenten la cultura de la denuncia, sino para que los hombres dejen de violentar a las mujeres.
La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) destacó que la violencia de género no sólo se lleva a cabo en las instituciones, sino que es un problema de Estado, por lo que es fundamental garantizar que las mujeres, en este caso las alumnas, no sean vulneradas por los profesores.
Expresó que es primordial conocer la operación de las redes de género en cada plantel para la atención de violencias y a partir de ello valorar qué acciones tomar en la aplicación de los protocolos de atención, prevención, sanción y erradicación de casos de acoso y hostigamiento.
Su correligionaria, diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, resaltó que como instituciones públicas tienen el deber de ser ejemplares en el desarrollo de las obligaciones con apego a normas y garantizar su ejecución en materia de eliminación de la violencia de género.
La diputada Mildred Concepción Ávila Vera (Morena) resaltó la importancia de trabajar de manera conjunta todos los involucrados que atienden la violencia de género. “El mejor ejercicio, luego de la denuncia, sería la aplicación de sanciones ejemplares”.
También de Morena, la diputada Laura Martínez González hizo votos porque las tareas emprendidas en el IPN coadyuven a erradicar la violencia a través de labor conjunta de las alumnas y las trabajadoras de esa casa de estudios.
En su turno, la directora general adjunta de Asuntos Jurídicos de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Nadia Sierra, explicó que hay una normalización de la violencia en las escuelas de educación superior.
“Es necesario hablar de temas sexuales en esos espacios de enseñanza; se tiene que privilegiar la manifestación de las ideas. Hay que romper barreras, aunque después de eso se encuentran pocas respuestas; sin embargo, es importante que denuncien”, indicó.
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