Mexicali, B.C.- Baja California se convulsiona en una severa crisis política a partir de la aprobación de la “Ley Bonilla” en el Congreso local de mayoría panista, que junto a legisladores de otros siete partidos reformó en 30 minutos la Constitución Política del estado para ampliar de dos a cinco años el periodo del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, quien tomará posesión el próximo 1 de noviembre.
Y el viernes 19 fueron presentadas dos denuncias penales por el presunto delito de cohecho contra los 21 diputados que aprobaron la reforma 35 días después de los comicios locales.
En ambas denuncias penales Ricardo Peralta Saucedo, actual subsecretario de Gobernación, y Alejandro Miramontes Armenta, director de la Aduana en Mexicali, son señalados como presuntos responsables de actos de extorsión y sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma que permitiera a Bonilla aumentar de dos a cinco años su periodo de gobierno.
La denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Mexicali fue interpuesta por seis integrantes de diversos movimientos de resistencia social, representados por la profesora Alma Araceli Piña y el activista social Filiberto Sánchez Gurrola.
“Si los diputados fueron convencidos o impulsados, o amagados o inducidos a emitir su voto mediante un pago de dinero o de cualquiera otra prestación que implique para ellos un beneficio indebido, por razones de salud pública se deben aplicar las consecuencias jurídicas de ese hecho”, exigen los activistas.
Jaime Martínez Veloz, excandidato a gobernador por el PRD, presentó en conjunto con la dirección nacional de ese partido la denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, “para que se investiguen posibles sobornos a los diputados que avalaron la ‘Ley Bonilla’”.
Es necesario que también se investigue el nombramiento del titular de la Auditoría Superior del Estado en la misma sesión extraordinaria en la que se aprobó la “reforma bonillista”, dijeron los denunciantes.
Después de votar en secreto y sin debate esa reforma, propuesta por el morenista Víctor Manuel Morán Hernández como “de urgente y obvia resolución”, los 22 legisladores presentes –de 25 que integran la actual legislatura con la representación de ocho partidos políticos–, designaron por unanimidad como auditor superior al panista Carlos Montejo Oceguera, colaborador y amigo del gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Estará en el cargo hasta 2026 y auditará los tres últimos años del gobierno de Vega.
Consultado por este semanario, Martínez Veloz señala que la denuncia se sustenta en múltiples evidencias, como la acusación que hizo pública el diputado priista Édgar Benjamín Gómez Macías, quien como presidente del Congreso de Baja California, en conferencia de prensa dijo el 31 de mayo que Ricardo Peralta y Alejandro Miramontes lo presionaron durante una semana, con intentos de extorsión y de soborno, para que convocara a sesión extraordinaria.
El propósito de ambos funcionarios federales era que, a cambio de 1 millón de dólares, Gómez Macías convenciera a un grupo de diputados de que eliminaran el artículo octavo transitorio de la Constitución estatal, que establecía el periodo de dos años (2019-2021) para la gubernatura electa en los comicios de este año.
La declaración del legislador priista –quien responsabilizó al gobierno federal y a los denunciados de cualquier agresión que pudieran sufrir él y su familia– se conoció en la Secretaría de Gobernación. “En la Segob de Olga Sánchez Cordero se preocuparon por esta denuncia pública y me enteré que tuvieron una reunión para analizar medidas de control de daños”, señala Martínez Veloz.
Daniel Solorio Ramírez, maestro en derecho constitucional y asesor del equipo jurídico de los seis denunciantes ante la PGJE recuerda, en entrevista, que el 31 de mayo el diputado Macías suspendió la sesión del Congreso local “porque había fuertes rumores de sobornos muy cuantiosos (habló de millones de pesos o dólares) a cada diputado, a cambio de su voto para aprobar un decreto de reformas para ampliar el periodo del próximo gobernador”.
A decir de Solorio, esto sucedió cuando “existía mayor preocupación” en el equipo de Bonilla porque el 29 de mayo, tres días antes de los comicios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución ilegal que dos de tres magistrados del Tribunal Electoral Estatal habían emitido a favor del candidato de Morena al ampliar a seis años la gubernatura.
El TEPJF determinó ese día: “El gobernador electo en el proceso electoral de 2019 iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021. La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del gobernador del estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2027”.
También se menciona en la denuncia penal a Amador Rodríguez Lozano, quien será secretario de Gobierno de Jaime Bonilla y es autor intelectual y operador político de la estrategia jurídico-legislativa para que el gobernador electo ejerza cinco años su gubernatura.
Al respecto, Solorio dice que el pasado 3 de junio Rodríguez Lozano declaró que seguirían insistiendo en la ampliación de periodo del gobernador, pero que ya habían decidido no hacerlo con los actuales diputados porque “éstos ya están muy partidizados”. Esto significa que esperarían a que tomaran posesión el 1 de agosto los diputados electos el pasado 2 de junio, con amplísima mayoría de 17 legisladores de Morena.
Sin embargo, el 8 de julio por la noche y sin previa convocatoria pública, el Congreso estatal sesionó y el diputado Víctor Morán Hernández presentó su iniciativa de ampliación del periodo a los 22 diputados presentes. Sólo el panista Miguel Osuna Millán se manifestó en contra. Los otros 21 votaron, silenciosos y en secreto.
Los denunciantes indican que también debe investigarse a los alcaldes, regidores y demás ediles de los cabildos de Ensenada y Tecate (ambos priistas), así como de Playas de Rosarito, éste panista, que aprobaron en sólo 24 horas el decreto 112 de reforma constitucional, igual que lo hicieron los legisladores, sin debate.
Mensaje contundente
En su demanda, dirigida al titular de la PGJE y al agente del Ministerio Público Investigador de Delitos Contra el Patrimonio, la Sociedad, el Estado y la Justicia, Alma Araceli Piña, Filiberto Sánchez Gurrola, Maribel Guillén Ceseña, Rigoberto Campos González, Margarita Quiroz Miranda y Policarpo Bejarano Ochoa solicitaron que la procuraduría estatal pida el auxilio de la FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda “para lograr el soporte científico de la investigación y el esclarecimiento pleno de los hechos”.
Al Ministerio Público le exigen “que se practique la investigación científicamente soportada, indispensable para determinar sin margen a duda, si fueron sobornados o no, los 21 diputados al Congreso de Baja California… (los) que la noche del 8 de julio actual votaron la reforma al transitorio 8º del Decreto de Reformas a la Constitución estatal” probablemente constitutivo de delito.
Y aclaran: “Nos mueve el interés de que el pueblo de Baja California conozca la verdad de los hechos materia de la investigación; creemos firme y republicanamente en que, por razones de salud pública, todos, gobernantes y gobernados, debemos impulsar la Cuarta Transformación promovida por el presidente López Obrador, concretada en la ya popularísima expresión: “No mentir; no robar; no traicionar al pueblo”.
Señalan que en Baja California predomina la idea de que los 21 diputados que aprobaron la reforma ampliatoria “fueron sobornados con varios millones de pesos” para votar a favor de la iniciativa que presentó el diputado Morán Hernández.
Diputados de vacaciones
En Baja California los diputados desaparecieron desde la noche del lunes 8, cuando aprobaron la “Ley Bonilla”.
Abandonaron el Congreso cerca de la medianoche entre gritos de “¡traidores!” y “¡corruptos!”, cuando salían por la puerta trasera del recinto legislativo. Se fueron de vacaciones un par de semanas.
En esas continuaban cuando la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó la reforma bonillista y exhortó al actual gobernador a no publicar el decreto 112 en el Periódico Oficial.
Vega de Lamadrid estuvo de acuerdo. De hecho ya había anunciado su decisión de ir más allá e interponer una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma bonillista.
No obstante, a decir del sociólogo Víctor Alejandro Espinoza, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, el problema del gobernador es que ya no tiene ninguna credibilidad. Podrá presentar la controversia en la SCJN “para lavarse la cara”, pero ante “el alud de críticas” contra le reforma de Bonilla todo se sale de control.
El Congreso de Baja California no ha sesionado para declarar la validez de la reforma constitucional aprobada por más de dos tercios de los legisladores y por tres de los cinco ayuntamientos.
El lunes 15, el edificio del Congreso en Mexicali fue tomado por ciudadanos de diversos movimientos de resistencia civil, inconformes con la ampliación del periodo de gobierno de Bonilla.
“Permaneceremos aquí hasta el 1 de agosto, fecha en que se instala la nueva legislatura”, dijo Filiberto Sánchez Gurrola, activista de Resistencia Civil de Baja California, quien considera que debe aprobarse la propuesta de Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, y declarar la desaparición de poderes en Baja California.
“¿Cuáles poderes?”, exclamó Alma Araceli Piña. “Aquí no existen. Primero que aparezcan. El Poder Judicial es un desastre, no existe la justicia. Los diputados sólo sesionan para tomar acuerdos que perjudican al estado y a la gente, y el gobierno de Kiko Vega agoniza hace años”.
Proceso
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