Ciudad de México.- La asistencia y protección a víctimas de los delitos en materia de trata de personas no ha estado garantizada en el país, ni se cuenta con una política pública instalada y accesible a ella, acusó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó que en México la trata de personas afecta principalmente a las mujeres, que representan el 85% de las víctimas, mientras que la información de los Tribunales de Justicia indica que el 95% de las víctimas derivadas de una sentencia condenatoria firme pertenecen a este sexo.
Al presentar el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas, el presidente de la CNDH detalló que el porcentaje de víctimas de explotación sexual es de 70% del total, y el de víctimas de trata en materia laboral de 17%. En cuanto a la edad de las posibles víctimas identificadas en México, la mayoría son personas adultas (73%), y el 27% restante menores de 18 años de edad.
De acuerdo con González Pérez, las entidades y dependencias de la administración pública federal con obligaciones específicas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, “no realizaron acciones indispensables para garantizar los derechos de las víctimas que cada día aumenta debido a la impunidad y falta de protección oportuna de las autoridades”.
Añadió: “Falta una política pública verificable y evaluable que asegure que las víctimas de trata de personas son protegidas y asistidas por las autoridades encargadas de la atención a víctimas en el país”.
En ese sentido, hizo un llamado especial a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homólogas en las entidades federativas para implementar acciones urgentes, “ya que no se cuenta con registro sobre la atención continua tanto a las víctimas directas como indirectas, lo que hace suponer que se abren los expedientes de cada caso al momento de la emergencia (médica y psicológica de primer contacto), pero no se tiene seguimiento posterior y puntual sobre éstos”.
En México, dijo, no se cuenta con un sistema que brinde información fidedigna en esta materia, ya que los bancos de datos realizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública concentran en un solo rubro la información correspondiente a los 26 delitos en materia de trata de personas establecidos en la Ley General.
“Ante ello, resulta imposible que mediante esta información se pueda contar con un panorama certero sobre la incidencia delictiva de todas las conductas que en el país comprenden los delitos en materia de trata de personas”.
El presidente de la CNDH señaló que con los datos que brindaron las Procuradurías y Fiscalías Generales, en los ámbitos federal y estatal, se sabe que entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017 fueron identificadas, mediante el inicio de una averiguación previa o carpeta de investigación, 5 mil 245 posibles víctimas, mientras que los datos proporcionados por los órganos jurisdiccionales solo reportan 790 víctimas derivadas de sentencias condenatorias firmes de los delitos en materia de trata de personas.
Debe añadirse, destacó el organismo, que esas víctimas fueron identificadas no sólo por el delito de trata de personas, sino por alguno de los 26 tipos penales que prevé la Ley General en la materia.
Acompañado por el Quinto Visitador General, Édgar Corzo Sosa, el ombudsman explicó que, con excepción de Yucatán y Durango, todas las autoridades reportaron al menos una investigación, sin embargo, el 70% de las indagatorias en el ámbito estatal se concentraron en cinco entidades: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca.
Las Fiscalías o Unidad Especializadas de esos estados representan el 55% de las víctimas identificadas a nivel nacional.
En cuanto a la impartición de justicia en el periodo citado, 29 órganos jurisdiccionales, tanto de competencia estatal como federal, reportaron contar con sentencias emitidas por los delitos en materia de trata de personas.
Colima, Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí informaron que no cuentan con sentencia alguna por estos delitos o no tenían información sistematizada, mientras que las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia federales y estatales registraron 2 mil 701 averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas y/o concluidas por los delitos en materia de trata de personas a nivel nacional.
El total de sentencias dictadas, reportadas a la CNDH en ese mismo periodo, fue de 858, de las cuales 296 fueron absolutorias y 562 condenatorias.
González Pérez reveló que hay 3 mil 344 personas indiciadas e imputadas a nivel nacional por los delitos en materia de trata de personas. De ellas, el 69% son hombres y el 31% restante mujeres.
Dijo que llama especialmente la atención la calidad de sujeto activo, pues en 224 averiguaciones previas o carpetas de investigación se identificó que la persona indiciada o imputada tiene una relación de parentesco por consanguinidad, civil o por afinidad con la víctima; en 127 la participación de la delincuencia organizada, y en 80 de servidoras y servidores públicos.
Aseguró que esta información es sumamente valiosa, por una parte, para definir las acciones de prevención hacia la población, ya que los victimarios son en muchos casos personas cercanas y, por otra, para establecer acciones de combate efectivas dirigidas al tipo de delincuencia involucrada en estos delitos.
“Estamos en un momento muy importante para redefinir un camino ante la elaboración del nuevo Programa Nacional, que cuente con objetivos, medidas de aplicación, indicadores operacionales, para todos los delitos en materia de trata de personas señalados en la Ley General, que establezca mecanismos eficaces de vinculación y coordinación interinstitucional, así como de evaluación que se oriente a la planeación e instrumentación de una Política de Estado y den cuenta de sus resultados”, concluyó.
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