Aprueban este año la minuta de reforma constitucional que obliga dar los mismos espacios a mujeres y hombres en cargos públicos.
Estado de México.- Al participar en el Tercer Encuentro de Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres, en la ciudad de Puebla, la Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), Melissa Vargas Camacho, destacó que estos Observatorios son fundamentales en el país, ya que a través de ellos las mujeres pueden ejercer sus derechos políticos.
Precisó que en 2017 se creó el Observatorio mexiquense, a través del cual se ha elaborado el Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia Política por razones de Género y la Guía de Atención en Casos de Violencia Política contra las Mujeres, acciones que cumplen con la instrucción del Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, de trabajar a favor de este sector de la población.
En el desarrollo de los trabajos de dicho encuentro, en el que estuvieron representantes de los Observatorios de las 32 entidades federativas del país, señaló que, en el Estado de México, de las 125 presidencias municipales, 39 son encabezadas por mujeres, cifra que representa un avance en comparación al trienio de 2015-2018, en el que 20 presidencias eran encabezadas por mujeres, mientras que en la Legislatura mexiquense 37 de los 75 diputados locales son del sector femenino.
De igual manera, este año el Congreso Local aprobó la minuta de reforma constitucional en materia de paridad de género, que obliga a otorgar los mismos espacios a mujeres y hombres en las Secretarías del Gobierno estatal, poderes Legislativo y Judicial, municipios y órganos autónomos.
En esta actividad, convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se implementaron acuerdos y conclusiones, tales como generar una base de datos nacional para que se pueda informar acerca de la participación política de las mujeres con mayor eficacia y establecer una metodología mínima que permita adoptar resoluciones a los institutos electorales cuando existan quejas.
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