Xalapa, Ver.- Malas noticias para el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y sus “rémoras”, los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Eric Patrocinio Cisneros y Hugo Gutiérrez Maldonado, respectivamente, las cuales confirman que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía los pelos de la burra en la mano cuando descalificó las cifras del gobierno de Veracruz en materia de incidencia delictiva, pues de acuerdo con el Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal (ICEC) del primer semestre de la organización “México Evalúa”, el Estado de Veracruz se encuentra entre las entidades peor evaluadas del País -en el puesto 27 de 32-, y considerado un foco rojo junto con Puebla, Tabasco, Baja California, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo y el Estado de México.
La medición revela que en una escala del 0 al 10, en donde cero es el valor peor evaluado y 10 el valor óptimo, Veracruz obtuvo 6.40 puntos porcentuales para ubicarse más de un punto por debajo de la media nacional que fue de 7.52 puntos. En ese tenor, la lista de las entidades peor evaluadas en los cuatro componentes fueron los estados de México (2.50 puntos porcentuales), Hidalgo (5.42), Michoacán (5.64), Oaxaca (6.11), Baja California (6.35) y Veracruz (6.40). Por el contrario, los estados mejor calificados fueron Colima (9.57), Aguascalientes (9.36), Zacatecas (9.19), Coahuila (9.19), Querétaro (9.18) y Sonora (9.12).
En el caso de Veracruz, el estudio señala que obtuvo un puntaje particularmente malo en el componente de correlación parcial. Y es que, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (homicidios dolosos) y los del Inegi (defunciones por homicidio), estos evolucionan con movimientos parecidos, pero no muestran las mismas similitudes que en otras entidades federativas. En ese sentido, en el componente histórico de irregularices (7.43 puntos), el documento concluyó que los homicidios culposos en Veracruz tienen una evolución que muestra un patrón aleatorio y mayoritariamente dentro del rango de oscilación entre 1997 y 2013.
Un año después, en 2014, hay un salto de nivel hacia abajo que dura hasta 2016, año en el que vuelve a subir al nivel anterior. Eso significa que ese salto puede indicar dos cosas: que el nivel cercano a los 70-80 homicidios culposos es el normal y el otro un caso de subreporte o, que el de 2014-2016 sea el nivel normal y que durante los periodos restantes se hayan reportado homicidios culposos de más. Por otro lado, en lo que se refiere a la correlación parcial (o puntos), Veracruz muestra una asociación positiva y altamente significativa entre los homicidios culposos y los dolosos. El estudio refiere que en este aspecto, cuando en Veracruz aumentan los homicidios dolosos, también aumentan los culposos, lo que contradice la teoría de la independencia de estos dos delitos. A su vez, para el término de error (8.47 puntos) de Veracruz no es igual a cero, es negativo y se ubicó a una distancia menor a una desviación estándar. Esto se traduce en que no hay incentivos evidentes que indiquen un subreporte o una reclasificación de homicidios.
El estudio Fallas de Origen 2019 ICEC, concluyó que existen claros indicios de subreporte y anomalías en la forma en que las procuradurías y fiscalías estatales están reportando los homicidios intencionales. Lo anterior se debe a que en la práctica se reportan homicidios dolosos como culposos. Los resultados también mostraron que el país presenta una problemática diversa. De acuerdo al indicador, se observó que al menos dos tercios de los estados tienen retos importantes por resolver, de ahí que el ICEC detectó que los focos rojos están instalados en ocho entidades: Puebla, Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo y el Estado de México. Frente a este escenario, el estudio formuló las siguientes recomendaciones: que el Sensnp mejore su estadística criminal y el Inegi atraiga el liderazgo en el proceso de auditoría; el diseño de auditorías escalonadas que incluyan a cuatro entidades por cada año, comenzando con los estados que salieron mal calificados en el ICEC; que a partir de los resultados del instrumento ICEC se aplique una fórmula para destinar recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), a modo de un incentivo para cumplir con las tareas de seguridad; un marco legal que regule y homologue la forma en que cada una de las fiscalías y procuradurías del país está registrando la incidencia criminal, mediante protocolos que, más de la variación entre códigos penales estatales, establezcan procedimiento homologados y transparentes para que las entidades procesen la información de la misma forma, y retomar la discusión sobre la idoneidad de un Código Penal único (CPU) para el país, así como establecer grupos de trabajo para evaluar si se pueden adoptar las normas del Inegi o diseñar una nueva.
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