Peña Nieto fue vinculado con múltiples indagatorias: desde actos de corrupción con farmacéuticas hasta las acusaciones del ex director de Pemex.
Tuvieron que pasar tres años para que la Unidad de Inteligencia Financiera encontrara una alerta sólida en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto. El divorcio y el inicio de una nueva vida en España fue el tropezón: transferencias irregulares y manejo de dinero en efectivo que le permitían vivir fuera de México.
Peña Nieto era un objetivo primordial más que para el gobierno federal, para el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien rastreó al ex mandatario desde el primer día. Buscó en los últimos ocho años, como lo permite el sistema financiero, pero no detectó anomalía alguna.
El nombre de Peña Nieto fue vinculado con múltiples indagatorias: desde actos de corrupción con farmacéuticas hasta las acusaciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Pero nada arrojaba un foco rojo en su contra. Las alertas del sistema bancario nacional no incluyeron al ex presidente priista en sus listas negras durante casi el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fue hasta finales de 2019 que el momento esperado llegó: un familiar del ex presidente le envió una transferencia millonaria a España. Pero el movimiento fue fugaz, un único movimiento el 21 de agosto de 2019 por 16 millones ocho pesos y 20 centavos.
La esperanza volvió a desaparecer. Pero en mayo de 2020 la UIF inició una investigación en contra de Grupo Fármacos Especializados, la farmacéutica favorita de Peña Nieto que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó de su gobierno y que la Secretaría de la Función Pública multó por casi un millón de pesos. Pero del priista no encontró nada.
En agosto de 2020 el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, apareció como la pieza clave que podría llevar a finalmente perseguir de manera sólida al ex presidente Peña Nieto. Lo acusó de actos de corrupción y de haberle ordenado entregar moches para aprobar sus reformas estructurales.
La UIF abrió una investigación paralela en contra de 70 personas que incluían al ex presidente. Volvió el rastreo sin novedad alguna. No pudo fincar ninguna responsabilidad más allá del exsenador Jorge Luis Lavalle.
Ese mismo año, la UIF concluía la investigación en contra de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio priista. MILENIO publicó que detectaron la compra de 50 millones de pesos en inmuebles, la emisión de cheques por 14 millones de pesos sin que coincidiera con sus ingresos, el retiro de seis millones de pesos y una transferencia por ocho millones de pesos sin estar claro el origen del dinero.
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